Hay dos maneras diametralmente opuestas de entender la paz que va a firmarse antes del 23 de marzo.
Como el final de un capítulo nefasto o como el principio de un capítulo mejor. Como la desaparición de las Farc o como el comienzo de los cambios que se han venido aplazando por causa —o so pretexto— de la guerra.
El primer escenario es más probable. Es el que dicta la historia, el que busca la clase dirigente —y es uno que además dejaría satisfecha a la opinión—. Básicamente consiste en que se acaben los ataques y secuestros de las Farc (lo cual sería un paso gigantesco), sin que en efecto suceda nada más.
Así pasó con las desmovilizaciones anteriores (incluyendo, en rigor, la del M-19), salvo que, por su tamaño, habría sido más difícil lograr la de las Farc. Habría tomado los ocho años de cuasidictadura de Uribe para convencerlas de sentarse a negociar, y los ocho años de Santos para darles una salida honorable, vale decir, sin cárcel y con acuerdos de reforma en el papel.
Y es porque nada garantiza que el Estado colombiano quiera, ni pueda, ni tenga los recursos, ni el poder efectivo, para cumplir los acuerdos sobre tierras, apertura política, drogas y víctimas que con tanto sudor se han pactado en La Habana. Lo cual encaja y explica por qué el presidente en ciernes es Germán Vargas Lleras, el pupilo de Uribe, el que sufrió dos atentados, el senador de línea dura, el vicepresidente que “por un olvido” no asistió a la solemne ceremonia Santos-Timochenko. El que dedicaría otros cuatro u ocho años de gobierno a congelar las reformas pactadas con las Farc.
En este caso el acuerdo real se habría reducido a la “justicia transicional” que, digan lo que digan, es un horror moral. Es perdonar o castigar con “palmaditas” los crímenes sin nombre que en 50 años han cometido los miembros de las Farc, a cambio de que dejen de asesinar y secuestrar. Un acuerdo —peor— que aprovechó el Gobierno para perdonar o castigar con “palmaditas” a los agentes del Estado, paramilitares, empresarios y políticos por sus 50 años de crímenes sin nombre —y sin que quede claro qué nos darán a cambio estos otros criminales—.
El saldo de la historia habría sido triste: como en 50 años los gobiernos no fueron capaces de derrotar a las guerrillas, ahora tenemos que ingerir el “sapo” de que las perdonen. Es el sapo que habremos de tragarnos en aras de la paz —y que se vuelve un supersapo con el perdón para los criminales que se autopresenten como “antisubversivos”—.
La sola enormidad moral del costo tendría que obligarnos a buscar algo mejor. A comenzar a remediar la inequidad y la pobreza patéticas del campo; a limpiar la democracia y erradicar las bandas narcoparacriminales y sus socios políticos que ahogan las regiones; a reprimir el narco, pero no a los campesinos ni a los adictos; a resarcir de veras a las víctimas y a que se sepan todas sus verdades.
Es lo que dicen los acuerdos de La Habana. Y la mejor —la única— manera realista de empezar a recorrer ese camino se llama hoy Humberto de la Calle.
¿O quién si no?
* El autor es el director de www.razonpublica.com.
