¿Y quién tuvo la culpa?

En el raudal de discursos patrioteros y de disculpas jurídicas confusas, es muy probable que se pasen de agache las tres cosas más obvias:

• Que Colombia no ha debido ir al juicio que hace tres años perdimos en La Haya.

• Que una vez fuimos teníamos que resignarnos a lo que vino y a lo que vendrá.

• Que Nicaragua no aceptará nada por debajo de esos fallos.

Lo primero es vergonzosamente obvio: uno no va a un pleito cuando no tiene nada que ganar y además tiene la manera de no ir. Pues eso fue lo que Colombia hizo: en el mejor de los casos, el primer fallo habría dejado las fronteras como estaban. La pregunta es entonces si hubiéramos podido negarnos a aceptar la competencia de La Haya.

En este punto había razones sólidas para decir que teníamos que someternos, pero también argumentos creíbles para negarse a concurrir ante ese tribunal. Poco importaba la solidez del argumento porque en aquel entonces se trataba de una versión más o menos presentable ante la opinión internacional. Aunque no sea lo ideal, es lo que hacen cada día los países serios como Estados Unidos, Francia, Rusia, China, Turquía, Chile o Israel.

Pero no necesito apelar a esos extremos. Así los argumentos no fueran tan sólidos, los presidentes sucesivos de Colombia —Pastrana, Uribe y Santos— estaban convencidos de que sí lo eran, y por lo tanto tenían la obligación política y moral de no ir a La Haya.

La prueba de esa convicción es muy sencilla: el seis de diciembre de 2001, el 21 de julio de 2003, el 11 de julio de 2007 y otra vez el 14 de agosto de 2014 Colombia alegó que la Corte no tenía jurisdicción para ocuparse del asunto. Pero lo hizo cada vez ante la propia Corte, es decir, después de haber aceptado que el tribunal sí era competente. Y pasó lo que tenía que pasar: perdimos.

Lo cual me lleva al otro hecho obvio: Colombia tenía que resignarse al primer fallo. Alegar que el Pacto de Bogotá (1948) contradice la Constitución (1991) es una imbecilidad por partida doble. Ese tratado pre-existente y supranacional dice literalmente que los fallos de la Corte son “definitivos e inapelables”.

La promesa formal de Uribe a Ortega (“acataremos el fallo”), las sandeces de Santos (“el fallo es incumplible”, “estamos acordando los detalles”…) y las zafadas de la jamás-renunciante canciller (“perderemos”, “detrás de Nicaragua vendrán otros países”…), no hicieron más que llevar agua al molino de nuestros demandantes.

Y el retiro tardío de aquel Pacto precipitó las dos nuevas demandas: Managua las presentó un día antes de vencerse el plazo para hacer efectivo el retiro de Colombia. O sea que el fallo de anteayer es intachable y era además perfectamente previsible.

Dice Santos que ahora negociará directamente con Ortega. Solo que para hacerlo tendríamos que comenzar por ofrecerle más de lo que ya perdimos.

Pero además Colombia se declara en rebeldía y rompe de un plumazo su tradición jurídica. Nicaragua convocará a una reunión de ministros para estudiar sanciones (artículo L del tratado). En La Habana las Farc harán sus cuentas. Las hará Venezuela, que no firmó ese Pacto porque pensó en el Golfo. Y las harán esos “otros países” con fronteras sobre los dos océanos.

* Director de la revista digital Razón Pública.