Sin el respeto a la libertad de los medios de comunicación, no será posible cristalizar una democracia participativa.
¿Qué pensar en torno al Estado y los procesos comunicativos? Sabemos que de acuerdo a las orientaciones que lo guíen, estaremos en presencia de sociedades en búsqueda de autonomía, libertad, cohesión, originalidad y creatividad, o sociedades dependientes, opresivas, desintegradas y repetitivas.
Científicos, políticos y asesores gubernamentales occidentales de la más alta calidad han destacado, desde mediados de los 60 del siglo XX hasta hoy, la trascendencia que tiene, para la misión y capacidad de gobernar, la función comunicativa. Me inclino a pensar que, para mejorar esa capacidad, es conveniente reorganizar en nuestros días lo que se conoce como la Oficina del presidente1.
Conocemos que, a través del mensaje del conjunto de los medios de comunicación, hay muchas transmisiones y contenidos velados y subliminales que impiden —con frecuencia— que se puedan construir sociedades autónomas y creativas. No olvidemos que todas las veces que distintos modos y medios de comunicación sean usados para cosificar nuestras conciencias se está atentando contra la consolidación de nuestra democracia2, la gobernabilidad democrática y la construcción de la paz.
Se trata entonces de que los medios de comunicación sean usados para tener sociedades en búsqueda de más autonomía, de más libertad, no de libertinaje. Libertad y responsabilidad para enfrentar la anomia y la atonía, las conductas desviadas y la pérdida de tejido social. Para un demócrata, los medios de comunicación deben ser empleados para producir más cohesión social, más conciencia de lo que importa ser colombiano hoy y de las dificultades e inequidades en que se encuentra la mayoría de la población y que se han hecho evidentes —con su gran impacto— a raíz del COVID-19.
Recordemos que desde hace decenios se ha reconocido a los medios de comunicación como el cuarto poder. Y, por supuesto, en las democracias contemporáneas, el poder de la función comunicativa es decisivo para el ejercicio del arte y la ciencia de gobernar. Hace años, un gran comunicador social nos enseñó: información es poder; sin ella, no es posible tomar decisiones eficientes y eficaces.
Con gran frecuencia, encontramos que acciones comunicativas, ejecutadas dentro de los principios democráticos, no han llegado apropiadamente a la mayoría de la población. Ejemplos internacionales de uso equivocado de la comunicación han sido detectados en el ejercicio del poder recientemente, por parte de Trump, López Obrador y Bolsonaro… Las consecuencias de esos errores incidirán seriamente en la evaluación histórica de su obra de gobierno y de su prestigio como presidentes.
La reflexión en torno a historias gubernamentales colombianas a lo largo del siglo XX nos indica que un grupo importante de gobernantes cometieron serias fallas de comunicación que afectaron su responsabilidad como líderes.
Errores colombianos de comunicación gubernamental recientes, aunque no son los únicos, los podemos detectar a lo largo del gobierno Santos; recordemos dos:
i) Como ha sido reconocido por el propio expresidente, cuando fue inadecuadamente informado sobre el paro agrario —adelantado especialmente en Boyacá—, manifestó: “El tal paro no existe”. Obviamente esta afirmación, carente de veracidad, fue fuente de desprestigio y pérdida de fe en su palabra como primer mandatario.
ii) Caso complementario fue el manejo inapropiado de la función comunicativa que se presentó a raíz de la firma del Acuerdo de Paz. Teniendo en cuenta la importancia internacional de este evento, que había recibido un respaldo —sin antecedentes— por organismos, funcionarios internacionales y gobernantes demócratas responsables, no fue objeto de la difusión pedagógica apropiada de los beneficios que, para Colombia y la comunidad internacional, tuvo el fin de la guerrilla más antigua de Occidente. Consecuencia de ello fue la precaria derrota que sufrió al convocar un plebiscito innecesario que fue hábilmente utilizado por una oposición fanática, que actuó en defensa de intereses políticos individuales.
Tenemos que estar conscientes de que no es el tiempo para seguir improvisando la comunicación con la ciudadanía. ¿Por qué no usarla éticamente, desde la Presidencia de la República? ¿Podrá hablarse de democracia participativa en el siglo XXI, sin disponer de equipos de tecnócratas y burócratas, muy bien calificados, que den información técnica al presidente de la República para la toma de decisiones, especialmente, en materia de políticas públicas a nivel nacional e internacional?
Creo que cuando en un régimen presidencial la política es usada para consolidar la participación societal y fortalecer las instituciones democráticas, se contribuye a impulsar los procesos de desarrollo. Un presidente que quiera acertar y merecer el reconocimiento histórico de sus gobernados hoy debe crear condiciones para que, en el ejercicio del poder, la política facilite la comunicación con la ciudadanía haciendo efectiva la presencia del gobierno en la vida social y produciendo consensos que impulsen la construcción de sujetos sociales, capaces de concretar un desarrollo sostenible para Colombia.
Referencias
1 Estúdiese del autor: CONSTRUIR DEMOCRACIA. 45 AÑOS DE PERIODISMO DE OPINIÓN. Prólogo: Luis Alfredo Sarmiento G. Universidad Nacional – IEPRI; Universidad Javeriana – Instituto Pensar; Compensar y otros. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, pp. 225-232.
2. Véase GIRALDO, FABIO, “De la religión, del almendrón y del agua”, en ¿Para dónde va Colombia?, Tercer Mundo, Bogotá. 1999, pp. 126-139
Sin el respeto a la libertad de los medios de comunicación, no será posible cristalizar una democracia participativa.
¿Qué pensar en torno al Estado y los procesos comunicativos? Sabemos que de acuerdo a las orientaciones que lo guíen, estaremos en presencia de sociedades en búsqueda de autonomía, libertad, cohesión, originalidad y creatividad, o sociedades dependientes, opresivas, desintegradas y repetitivas.
Científicos, políticos y asesores gubernamentales occidentales de la más alta calidad han destacado, desde mediados de los 60 del siglo XX hasta hoy, la trascendencia que tiene, para la misión y capacidad de gobernar, la función comunicativa. Me inclino a pensar que, para mejorar esa capacidad, es conveniente reorganizar en nuestros días lo que se conoce como la Oficina del presidente1.
Conocemos que, a través del mensaje del conjunto de los medios de comunicación, hay muchas transmisiones y contenidos velados y subliminales que impiden —con frecuencia— que se puedan construir sociedades autónomas y creativas. No olvidemos que todas las veces que distintos modos y medios de comunicación sean usados para cosificar nuestras conciencias se está atentando contra la consolidación de nuestra democracia2, la gobernabilidad democrática y la construcción de la paz.
Se trata entonces de que los medios de comunicación sean usados para tener sociedades en búsqueda de más autonomía, de más libertad, no de libertinaje. Libertad y responsabilidad para enfrentar la anomia y la atonía, las conductas desviadas y la pérdida de tejido social. Para un demócrata, los medios de comunicación deben ser empleados para producir más cohesión social, más conciencia de lo que importa ser colombiano hoy y de las dificultades e inequidades en que se encuentra la mayoría de la población y que se han hecho evidentes —con su gran impacto— a raíz del COVID-19.
Recordemos que desde hace decenios se ha reconocido a los medios de comunicación como el cuarto poder. Y, por supuesto, en las democracias contemporáneas, el poder de la función comunicativa es decisivo para el ejercicio del arte y la ciencia de gobernar. Hace años, un gran comunicador social nos enseñó: información es poder; sin ella, no es posible tomar decisiones eficientes y eficaces.
Con gran frecuencia, encontramos que acciones comunicativas, ejecutadas dentro de los principios democráticos, no han llegado apropiadamente a la mayoría de la población. Ejemplos internacionales de uso equivocado de la comunicación han sido detectados en el ejercicio del poder recientemente, por parte de Trump, López Obrador y Bolsonaro… Las consecuencias de esos errores incidirán seriamente en la evaluación histórica de su obra de gobierno y de su prestigio como presidentes.
La reflexión en torno a historias gubernamentales colombianas a lo largo del siglo XX nos indica que un grupo importante de gobernantes cometieron serias fallas de comunicación que afectaron su responsabilidad como líderes.
Errores colombianos de comunicación gubernamental recientes, aunque no son los únicos, los podemos detectar a lo largo del gobierno Santos; recordemos dos:
i) Como ha sido reconocido por el propio expresidente, cuando fue inadecuadamente informado sobre el paro agrario —adelantado especialmente en Boyacá—, manifestó: “El tal paro no existe”. Obviamente esta afirmación, carente de veracidad, fue fuente de desprestigio y pérdida de fe en su palabra como primer mandatario.
ii) Caso complementario fue el manejo inapropiado de la función comunicativa que se presentó a raíz de la firma del Acuerdo de Paz. Teniendo en cuenta la importancia internacional de este evento, que había recibido un respaldo —sin antecedentes— por organismos, funcionarios internacionales y gobernantes demócratas responsables, no fue objeto de la difusión pedagógica apropiada de los beneficios que, para Colombia y la comunidad internacional, tuvo el fin de la guerrilla más antigua de Occidente. Consecuencia de ello fue la precaria derrota que sufrió al convocar un plebiscito innecesario que fue hábilmente utilizado por una oposición fanática, que actuó en defensa de intereses políticos individuales.
Tenemos que estar conscientes de que no es el tiempo para seguir improvisando la comunicación con la ciudadanía. ¿Por qué no usarla éticamente, desde la Presidencia de la República? ¿Podrá hablarse de democracia participativa en el siglo XXI, sin disponer de equipos de tecnócratas y burócratas, muy bien calificados, que den información técnica al presidente de la República para la toma de decisiones, especialmente, en materia de políticas públicas a nivel nacional e internacional?
Creo que cuando en un régimen presidencial la política es usada para consolidar la participación societal y fortalecer las instituciones democráticas, se contribuye a impulsar los procesos de desarrollo. Un presidente que quiera acertar y merecer el reconocimiento histórico de sus gobernados hoy debe crear condiciones para que, en el ejercicio del poder, la política facilite la comunicación con la ciudadanía haciendo efectiva la presencia del gobierno en la vida social y produciendo consensos que impulsen la construcción de sujetos sociales, capaces de concretar un desarrollo sostenible para Colombia.
Referencias
1 Estúdiese del autor: CONSTRUIR DEMOCRACIA. 45 AÑOS DE PERIODISMO DE OPINIÓN. Prólogo: Luis Alfredo Sarmiento G. Universidad Nacional – IEPRI; Universidad Javeriana – Instituto Pensar; Compensar y otros. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, pp. 225-232.
2. Véase GIRALDO, FABIO, “De la religión, del almendrón y del agua”, en ¿Para dónde va Colombia?, Tercer Mundo, Bogotá. 1999, pp. 126-139