Profundizar la democracia e implementar la paz
Ni Petro ni Uribe; necesitamos políticos éticos, consagrados, confiables y demócratas.
Comencemos por observar que la mayoría de ciudadanos colombianos estamos ahítos con la corrupción, las indelicadezas, el abuso de poder y la politiquería. Estas prácticas, que desvirtúan el arte y la ciencia de la política, han servido para enriquecer económicamente clanes o casas que no han actuado con responsabilidad histórica, sentido de la solidaridad social y vocación de paz.
Los clanes que se han expandido, especialmente en los últimos decenios, han colocado a la democracia colombiana en peligro de convertirse en dictadura. La experiencia histórica nos confirma que estas —de derecha o izquierda— han creado heridas que son difíciles de subsanar con el paso del tiempo. Los demócratas contemporáneos queremos sentirnos gobernados por estadistas, por hombres o mujeres de Estado experimentados y con visión de futuro, que sean electos en procesos abiertos por quienes creemos y respetamos nuestros preceptos constitucionales.
Al revisar cuidadosamente el papel de los medios de comunicación en relación con la situación actual del proceso político, encontramos que, si queremos preservar los valores plasmados en el prólogo de la Constitución, ellos están convocados a ayudar eficientemente con debates, programas, series, biografías, foros y concursos para que todos los espectros de nuestra población conozcan —con veracidad y dimensión de profundidad— las ventajas que tienen los regímenes democráticos en países como la Colombia de nuestro tiempo.
No actuar previendo oportunamente las consecuencias de las falencias políticas que nos entornan puede traer graves consecuencias. Recordemos —por vía de ejemplo— lo que sucedió en el Perú de Fujimori y la Venezuela de Chávez y Maduro. Hay que actuar, por tanto, estratégicamente; me inclino a pensar que la profundización de nuestra democracia y la implementación del proceso de paz son indispensables para no dar pasos en falso.
Profundizar nuestra democracia implica la concreción de una ciudadanía con derechos y deberes y entender lo que significa institucionalizar el Estado social de derecho. Si recordamos que el Estado es la institución jurídico-política que, integrada por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y electoral, realiza los intereses generales, no hay que debilitarlo, sino modernizarlo mediante la articulación técnica de los procesos de descentralización, regionalización, planeación participativa indicativa y democratización.
En gran síntesis: hay que enfrentar los graves problemas vigentes. Ellos han sido generados por la crisis de la justicia, el modelo de desarrollo, la inequidad, el proceso de la toma de las decisiones en la Presidencia de la República, la expansión de la corrupción, la politiquería, el clientelismo, los residuos guerrilleros, el paramilitarismo, el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia organizada y las bandas criminales con sus diversas combinaciones. Estos problemas hay que confrontarlos con el poder del Estado, la política, la juridicidad y los valores éticos actualizados (1).
En relación con nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, es recomendable realizar procesos de reingeniería —al más alto nivel— que faciliten replantear su labor en la compleja situación del país, dentro del marco constitucional que les es propio.
En cuanto a la implementación del proceso de paz, se presenta indispensable utilizar todos los mecanismos al alcance del Estado de derecho, para implementar el Acuerdo del Colón buscando puntos de consenso en torno a la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación y la no repetición, en relación con las víctimas de los paramilitares, de la minería ilegal, de las bandas criminales y de todos los actores participantes en el conflicto (2)…
Referencias
(1) Al respecto es muy útil revisar los aportes del papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti. Roma. Octubre, 2020.
(2) Para una ampliación sobre el tema y bibliografía apropiada, véase del autor: (2020). La política: arte y ciencia. Aplicaciones a Colombia. 3ra ed. Academia Colombiana de Jurisprudencia, Procuraduría General de la Nación, CPB. DGP Editores. Bogotá, pp. 27-52; 59-78; 201-207; 210-228.
Ni Petro ni Uribe; necesitamos políticos éticos, consagrados, confiables y demócratas.
Comencemos por observar que la mayoría de ciudadanos colombianos estamos ahítos con la corrupción, las indelicadezas, el abuso de poder y la politiquería. Estas prácticas, que desvirtúan el arte y la ciencia de la política, han servido para enriquecer económicamente clanes o casas que no han actuado con responsabilidad histórica, sentido de la solidaridad social y vocación de paz.
Los clanes que se han expandido, especialmente en los últimos decenios, han colocado a la democracia colombiana en peligro de convertirse en dictadura. La experiencia histórica nos confirma que estas —de derecha o izquierda— han creado heridas que son difíciles de subsanar con el paso del tiempo. Los demócratas contemporáneos queremos sentirnos gobernados por estadistas, por hombres o mujeres de Estado experimentados y con visión de futuro, que sean electos en procesos abiertos por quienes creemos y respetamos nuestros preceptos constitucionales.
Al revisar cuidadosamente el papel de los medios de comunicación en relación con la situación actual del proceso político, encontramos que, si queremos preservar los valores plasmados en el prólogo de la Constitución, ellos están convocados a ayudar eficientemente con debates, programas, series, biografías, foros y concursos para que todos los espectros de nuestra población conozcan —con veracidad y dimensión de profundidad— las ventajas que tienen los regímenes democráticos en países como la Colombia de nuestro tiempo.
No actuar previendo oportunamente las consecuencias de las falencias políticas que nos entornan puede traer graves consecuencias. Recordemos —por vía de ejemplo— lo que sucedió en el Perú de Fujimori y la Venezuela de Chávez y Maduro. Hay que actuar, por tanto, estratégicamente; me inclino a pensar que la profundización de nuestra democracia y la implementación del proceso de paz son indispensables para no dar pasos en falso.
Profundizar nuestra democracia implica la concreción de una ciudadanía con derechos y deberes y entender lo que significa institucionalizar el Estado social de derecho. Si recordamos que el Estado es la institución jurídico-política que, integrada por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y electoral, realiza los intereses generales, no hay que debilitarlo, sino modernizarlo mediante la articulación técnica de los procesos de descentralización, regionalización, planeación participativa indicativa y democratización.
En gran síntesis: hay que enfrentar los graves problemas vigentes. Ellos han sido generados por la crisis de la justicia, el modelo de desarrollo, la inequidad, el proceso de la toma de las decisiones en la Presidencia de la República, la expansión de la corrupción, la politiquería, el clientelismo, los residuos guerrilleros, el paramilitarismo, el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia organizada y las bandas criminales con sus diversas combinaciones. Estos problemas hay que confrontarlos con el poder del Estado, la política, la juridicidad y los valores éticos actualizados (1).
En relación con nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, es recomendable realizar procesos de reingeniería —al más alto nivel— que faciliten replantear su labor en la compleja situación del país, dentro del marco constitucional que les es propio.
En cuanto a la implementación del proceso de paz, se presenta indispensable utilizar todos los mecanismos al alcance del Estado de derecho, para implementar el Acuerdo del Colón buscando puntos de consenso en torno a la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación y la no repetición, en relación con las víctimas de los paramilitares, de la minería ilegal, de las bandas criminales y de todos los actores participantes en el conflicto (2)…
Referencias
(1) Al respecto es muy útil revisar los aportes del papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti. Roma. Octubre, 2020.
(2) Para una ampliación sobre el tema y bibliografía apropiada, véase del autor: (2020). La política: arte y ciencia. Aplicaciones a Colombia. 3ra ed. Academia Colombiana de Jurisprudencia, Procuraduría General de la Nación, CPB. DGP Editores. Bogotá, pp. 27-52; 59-78; 201-207; 210-228.