¿Qué hacer frente a la crisis política contemporánea? (I)

Acudir al valor de la palabra reflexiva, en los momentos de confusión, se me presenta como un sendero apropiado para los demócratas.

Con asistencia de las directivas y miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia e invitados especiales, se presentó, en la sede de la Institución, el texto: La Política: Arte y Ciencia. Aplicaciones a Colombia.

En la presente columna¹, haré referencia al capítulo relacionado con el título de esta exposición. Cuando nos acercamos a la realidad política colombiana contemporánea (2025) ¿será que hemos de ignorar las falencias de nuestra democracia? No. Con argumentos válidos, los demócratas objetamos las formas de corrupción practicadas por la mayoría de los partidos, movimientos políticos y empresas electorales vigentes.

Cuestionamos los grandes errores cometidos en el manejo del narcotráfico, los residuos guerrilleros, las bandas criminales, la minería ilegal, el paramilitarismo y sus diversas combinaciones, especialmente en el intervalo 1970-2025, excepto durante el gobierno del Señor Presidente Barco (1986-1990)². Somos conscientes de que, en lugar de debilitar la política y los partidos y movimientos, lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad histórica: reconstruir la política, los partidos y los movimientos democráticos.

Teniendo en cuenta las características de los movimientos sociales y los partidos políticos contemporáneos³, debemos evitar las simplificaciones para el abordaje del actual proceso político nacional, latinoamericano y mundial, y comprender la magnitud y viabilidad de las propuestas que estamos invitados a estudiar⁴.

¿Qué hacer? Esbocemos catorce propuestas –que no son las únicas– en las que estamos invitados a participar y a construir con consagración. Para su lectura y aplicación adecuada, me permito recomendar su análisis en forma correlacionada, facilitando comprender la complejidad de la realidad y sus soluciones en diversas instancias. Revisémoslas con conciencia crítica.

1.- El referente de la Constitución del 91. Tener como referente la Constitución del 91. Ello implica la concreción de una ciudadanía con derechos y deberes, y profundizar los desarrollos constitucionales en torno a lo que significa el Estado social de derecho⁵.

2.- Fortalecer el Estado. Teniendo en cuenta que nuestro Estado es la institución jurídico-política que, integrada por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, es la racionalizadora de los intereses generales, no hay que debilitarlo como se ha hecho en el intervalo 1970-2025, salvo excepciones (1986-1990–Gobierno Barco), sino modernizarlo mediante la articulación técnica de los procesos de descentralización, regionalización, planeación participativa indicativa, y democratización⁶.

Complementariamente, observando la evolución de los procesos democráticos occidentales es indispensable emprender las reformas científico-tecnológicas e innovativas que actualicen el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

En relación con el ejecutivo, se me presenta indispensable hacer la revisión tecno-burocrática del proceso de la toma de decisiones en la Oficina del Presidente dentro del contexto de un régimen presidencial contemporáneo⁷.

En cuanto al legislativo hay que replantear el proceso de elaboración de las leyes y garantizar que el Congreso no se convierta en apéndice del Ejecutivo. Retomar la problemática de los pesos y contrapesos -que debe existir en una democracia- es indispensable para fortalecerla en nuestros días (2025).

Y en relación con el judicial, notemos que hace decenios se ha ido aplazando esta reforma que ahora se hace inminente. La expansión de la impunidad y la perdida de fe de los ciudadanos en el aparato de la justicia, puede conducir al imperio de la arbitrariedad y hacer imposible la vigencia del Estado social de derecho. Como bien sabemos, sin la pronta y cumplida justicia, la democracia se hace imposible en la práctica. Ello debe enfrentarse propiciando una reforma a fondo, dotando el poder judicial de los recursos económicos y tecno-científicos necesarios para el cumplimiento de su misión.

En gran síntesis: hay que enfrentar los graves problemas vigentes. Ellos han sido generados por la crisis de la justicia; el modelo de desarrollo; el proceso de la toma de decisiones en la Presidencia de la República; la expansión de la corrupción; la politiquería; el clientelismo; los residuos guerrilleros; el paramilitarismo; el narcotráfico; la minería ilegal; la delincuencia organizada; los desaciertos en el manejo de la política internacional; las bandas criminales y sus diversas combinaciones. Por tanto, hay que confrontarlos con: el poder del Estado; de la política; la juridicidad y de los valores éticos actualizados⁸.

En relación con nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, se presenta recomendable organizar procesos de reingeniería –al más alto nivel– que faciliten replantear su labor en la implementación del Acuerdo del Colón (2016), dentro del marco constitucional y reglamentario que les es propio. Es evidente que la construcción de la paz, sigue siendo el tema prioritario.

3.- Repensar los procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Ello debe hacerse en forma actualizada y dirigida a la protección y el desarrollo de: la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación⁹; la vivienda; la salud; el derecho a la información; y al medio ambiente, con referentes de equidad y calidad.

4.- Implementar el proceso de paz. Seguir utilizando todos los mecanismos al alcance del Estado de derecho para cristalizar el proceso de paz implementando el Acuerdo del Colón, fundados en la justicia social, según las condiciones específicas de Colombia, hoy (2025).

Es recomendable buscar puntos de consenso, especialmente en torno a: la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación y la no repetición, en relación con las víctimas de los paramilitares; de los grupos guerrilleros; de la minería ilegal; de las bandas criminales; y de todos los actores participantes en el conflicto.

5.- Consolidar las instituciones jurídicas básicas. A saber: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Contraloría General y la JEP, para que cumplan, eficaz y eficientemente, con sus responsabilidades constitucionales. Debilitar estas instituciones, facilita el advenimiento de regímenes dictatoriales o semidictatoriales. Lo recomendable es organizar –al más alto nivel y con cooperación internacional– una Misión para la Reforma de la Justicia.

6.- Replantear el Sistema Tributario Nacional. Esta política es conveniente teniendo en cuenta los enfoques neokeynesianos dirigidos a la redistribución del ingreso y la implementación de la justicia social para la construcción de la paz y el proceso de desarrollo integral…

7.- Crear condiciones justas para la productividad y la equidad en el sector rural. La reforma del sistema de tenencia de la tierra en este sector, nos indica que es decisivo, si en verdad queremos buscarle salidas al conflicto. Esta dimensión es vital para efectos de la reparación de las víctimas de la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo y la minería ilegal.

En la próxima columna, continuamos.

roasuarez@yahoo.com

Referencias

^1. Terminado el artículo, lo pasé por la Inteligencia Artificial; el resultado final es el aquí consignado.

^2. Véase el texto: Virgilio Barco. El último liberal. Leopoldo Villar Borda. (2018). Intermedio Editores S.A.S Editorial Nomos S.A. Bogotá, pp. 162-191; 234-357.

^3. Para una comprensión de aspectos sustantivos de los movimientos sociales, véanse: ARCHILA NEIRA, Mauricio (1995). “Tendencias recientes de los movimientos sociales”. En: LEAL, Francisco (Comp.) En busca de la estabilidad perdida. Actores sociales y políticos en los años noventa. Tercer Mundo-IEPRI UN-Colciencias. Bogotá.

^4. Estúdiense cuidadosamente, las implicaciones que se derivan de las políticas públicas, a nivel nacional e internacional, impulsadas por el Presidente Trump.

^5. Véase: Hugo González (Periódico El Heraldo de Barranquilla, Marzo 24 de 2008). Compleméntese con: GARAY, LUIS JORGE Y ADRIANA RODRÍGUEZ, “Estado social de derecho: Utopía realizable para Colombia”. En: Colombia: Diálogo pendiente. Ediciones Antropos, Bogotá, 2005, pp. 15-44.

^6. Véase del autor: Estado y gobernabilidad. Revista Universitas Nº 110 Universidad Ja- veriana–Javegraf, Bogotá, pp. 93-128. Construir Democracia 45 años de periodismo de opinión. Universidad Nacional – IEPRI; Universidad Javeriana – Instituto Pensar y otros; Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, pp. 113-129; 203-209; 219-233.

^7. La Oficina del Presidente (1997). Con Xavier Driencourt, Gabriel Elorriaga, Arthur Leycester Scott Coltman, Philip Hughes y otros. Presidencia de la República. Departamento Administrativo de la Presidencia y Esap. Bogotá.

^8. Nótese el papel fundamental que debe desempeñar el Estado frente al grupo ELN y su ataque de enero 18 de 2025, en Tibú, Norte de Santander. Así mismo, la condena por par- te del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Enero 25 sobre este hecho absurdo.

^9. Revísese la integración y funciones de la Nueva Comisión de Sabios, integrada en 2019. Existe un Informe preliminar, diciembre 5, 2019, Bogotá.