Sin burocracia y tecnocracia, muy bien formadas, es imposible institucionalizar la democracia participativa.
Introducción. En la columna de hoy, me referiré a la tarea que tenemos que emprender en materia de descentralización y el tamaño del Estado. Según nuestros preceptos constitucionales vigentes, el fortalecimiento de la descentralización es una de las concreciones básicas de la reforma del Estado que facilita la gobernabilidad en un régimen presidencial como el colombiano. Precisemos la conceptualización. Teniendo en cuenta que la descentralización es un proceso político, económico, socio-cultural, administrativo y técnico, dirigido al replanteamiento de las relaciones entre el poder central y los entes territoriales1, me permito formular un grupo de propuestas para fortalecer la descentralización. Ellas, buscan contribuir a dinamizar nuestro proceso descentralizador; facilitar la gobernabilidad; y la construcción de la paz. Tener la osadía (Abelardo De La Espriella…) de proponer reducir al mínimo el papel del Estado, solo es viable por quienes desconocen el papel que el Estado colombiano ha tenido y tiene, en la transformación estructural del país2. ¿Qué hacer entonces?
1.- Reorganizar y fortalecer las instituciones públicas y privadas. Para el diseño de nuevas estrategias, metodologías de planificación y esquemas organizativos, fundamentados en el fortalecimiento de valores éticos y culturales que hagan viable una mayor transparencia, justicia y equidad en el acceso a los beneficios del desarrollo.
2.- Consolidar los programas mejor gestión y anticorrupción. Ellos son muy útiles para cambiar la imagen y la racionalidad deseable en la conducción de lo público. Este es un tema vital para fortalecer la credibilidad del Estado en nuestros días.
3.- Vincular descentralización –en forma comprensiva- a la modernización del Estado. Según la situación colombiana hoy, no es recomendable desmantelar el Estado sino, como lo han propuesto serios cientistas sociales: modernizarlo, ordenarlo, especializarlo, fortalecerlo, fiscalizarlo y hacerlo eficiente y eficaz3.
4.- Fortalecer el Estado tecno-políticamente4. Dentro de un régimen presidencialista como el nuestro, es indispensable el fortalecimiento de la Oficina del Presidente5. Impulsar políticas de Estado, en un régimen y en las condiciones actuales de nuestra Nación, sugiere la conveniencia de coordinar (para la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas descentralizadoras y el funcionamiento del sistema de descentralización), Presidencia de la República, Ministerio del Interior, D.N.P., ESAP y Congreso de la República.
5.- Reestructurar el Ministerio del Interior. Dotándolo de instalaciones modernas y planta de personal, que le permitan ejercer sus funciones como Cancillería de la Política Interna, facilitando el funcionamiento del Sistema Administrativo del Interior (S.A.I.)6.
6.- Reorganizar las relaciones entre los sectores público y privado. De tal manera, que se establezcan relaciones estructurales entre lo económico, político, social, cultural y ambiental dentro de las condiciones actuales de la globalización. Como ha sostenido Luis Jorge Garay7: “El proceso del nuevo relacionamiento público-privado ha de abarcar no sólo a los propios agentes productivos –como los empresarios– y los agentes proveedores de conocimiento, tecnología y servicios, sino también al Estado en su calidad de agente social de última instancia con la función de la preservación del interés colectivo”.
“El desafío actual en Colombia reside en avanzar en el desarrollo institucional de la acción privada-colectiva-pública, y a la vez asegurar un ambiente macroeconómico estable y propicio para el fortalecimiento y modernización de la actividad productiva”.
7.- Actualizar la reforma política. Institucionalizando partidos y movimientos políticos modernos; procesos electorales transparentes para la mayoría de la población; y una nueva estructura para la financiación de las campañas políticas.
8.- Expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto implica definir la autonomía de los entes territoriales, actualizando la Ley 60 de 1993 y la 136, sobre régimen municipal. Asimismo, consolidar la capacidad fiscal de los municipios y departamentos8.
9.- Desarrollar las veedurías ciudadanas. Para supervisar la asignación de recursos y mejorar la calidad de la función pública en todas sus instancias.
10.- Fortalecer el Sistema de Comunicación Territorial (SCT). Conforme a los adelantos científico-tecnológicos e innovativos contemporáneos y según las complejidades de un territorio como el nuestro.
11.- Mejorar la capacidad tecno-política de la Contraloría General de la República. Dotándola de los recursos técnicos y humanos, que le permitan hacer evaluación de la totalidad de las dependencias del Estado. La evaluación del desempeño, es un método muy conveniente para racionalizar la administración pública y favorecer adicionalmente la transparencia y la eficiencia de la gestión pública9.
12.- Generar procesos de seguimiento a la gestión en el DNP. Garantizando la eficacia de estos sistemas y la participación de la sociedad civil. Fundamental se me presenta recuperar la organización y el antiguo prestigio de esta organización vital para la planeación, implementación y evaluación de los procesos de desarrollo nacional.
13.- Reorganizar el proceso de distribución y control de las regalías. Ha sido evidente el despilfarro y la corrupción con que lamentablemente se han manejado estos recursos de la Nación. Para 2026-30, se deben adelantar proyectos de ley que corrijan esta situación irregular.
14.- Crear una nueva cultura política (civic culture). Impulsando el liderazgo político proactivo; fomentando las organizaciones de base; las asociaciones de municipios; y formando valores de autogestión y corresponsabilidad con el desarrollo local, como alternativa eficaz para superar el paternalismo y el clientelismo regional, que han suplantado la participación de la sociedad civil. La organización de ésta, debe avanzar para que su intervención no se limite a dar respuesta a las convocatorias institucionales, sino que se logre una efectiva y autónoma articulación con las administraciones locales y regionales, en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y veeduría de los programas y proyectos de desarrollo.
Se trata de crear una nueva cultura cívica, comprometida con el desarrollo de las comunidades. ¿Será cierto que el fortalecimiento de lo local es el futuro de los iberoamericanos y que ello será decisivo para impulsar la descentralización y nuestra integración?10 roasuarez@yahoo.com.
Referencias
1 Tomado en su conjunto, busca la redistribución del poder en los diferentes niveles territoriales de la Nación.
2 El que haya que reducirse significativamente, las órdenes de prestación de servicios (O.P.S) es un ajuste conveniente para las finanzas públicas.
3 Compleméntese con el texto del autor: (2026). La gobernabilidad democrática y el liderazgo político. El caso colombiano. Tirant Lo Blanch. Bogotá, pp. 21-57; 59-88.
4 De gran utilidad para Colombia es fortalecer la Escuela de Alto Gobierno (fundada en la ESAP, en junio de 1997).
5 (1997). Vargas, José Antonio; Roa Suárez, Hernando; Driencourt, Xavier; Elorriaga, Gabriel; Leycester-Scott Coltman, Arthur; Philip Hughes, Gary; y otros. La Oficina del Presidente. Hurtado y Urbina, Bogotá. pp. 19-21;27-35;71-76;85-107.
6 Véase la asesoría de la ESAP al Ministerio del Interior sobre su Sistema Administrativo (S.A.I.).
7 (1998). Crisis y construcción de sociedad. ESAP Publicaciones, Santa Fe de Bogotá, pp. 27-29.
8 Estúdiense, por ejemplo, los debates parlamentarios sobre el tema, adelantados a partir de abril 25 de 2001, hasta nuestros días.
9 Es inmensamente útil, como ha ocurrido en otras oportunidades, el trabajo sistemáticamente organizado entre la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
10 Para la ampliación de los planteamientos aquí formulados, me permito recomendar la lectura de los aportes de: La red de iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo territorial; los aportes de Darío Indalecio Restrepo, de la Universidad Nacional; y el texto de Augusto Trujillo Muñoz: EL DERECHO “GLOCAL”. Un nexo entre las dos aldeas. Tirant Lo Blanch. Bogotá, 2024.
