Tiene razón el Presidente Uribe en su reciente intervención criticando duramente la conducta de las Farc.
En efecto, después de este largo y doloroso trasiego, se ha decantado de manera más o menos generalizada la necesidad de proceder al intercambio, fea palabra que tiene más bien remembranzas mercantiles.
El Gobierno ha cedido. De sus originales posiciones ha desechado algunas y las que quedan son razonables.
Molesta por eso que las Farc hayan convertido este tema en escenario de un forcejeo del que pretende derivar ventajas políticas y militares. Las políticas se concentran en una altísima exposición internacional. Un grupo que es interlocutor de Sarkozy y de Chávez y que recibe visitas de la facilitadora colombiana con autorización del Gobierno, puede ir en camino de ser reconocido como parte beligerante.
En lo militar, la ventaja que se quiere obtener está ligada a las solicitudes de despeje de zonas de alto valor estratégico. Primero dos municipios cardinales en el Valle. Hoy, el Yarí, sitio donde se llevan a cabo combates significativos. Y, en este segundo caso, simplemente para un encuentro del presidente Chávez y Marulanda, algo que rechaza la mayoría de los colombianos, salvo que se diera en el marco de un verdadero proceso de paz serio que condujera por fin a una negociación auténtica.
Lo que preocupa del mentado intercambio es que, en medio de la parafernalia, el forcejeo, las declaraciones, los abrazos, las fotografías y las infiltraciones, se olvida a menudo que estamos simplemente en presencia de un secuestro practicado por las Farc sin que importe la motivación del mismo, como que la utilización de la violencia, aun con supuestos o reales fines políticos, es algo que no debería tener cabida, ni aceptación, ni pretermisión, así sea inconsciente.
Hemos dicho que el único sustento actual del delito político es la realidad monda y lironda: hay unos tipos armados y poderosos. No hay que engañarse en esto. Es una simple razón práctica, ya que los fundamentos axiológicos de esta figura han desaparecido. ¿Pueden aceptarse fines nobles en quienes ponen bombas, destruyen pueblos, secuestran ciudadanos inocentes y arrasan con los derechos fundamentales de los pobladores? Tampoco es aceptable decir que como tenemos una democracia imperfecta, hay que darle sustento al delito político. La ecuación que plantea este razonamiento es en el fondo una desnuda justificación de la violencia "para que la democracia mejore". A más violencia, más democracia. Esto no sólo es condenable en el terreno de la ética, sino irreal en la práctica.
Tampoco es aceptable la equiparación entre los presos de la guerrilla y los secuestrados. Un Estado y una sociedad que admitieran esto, simplemente estarían claudicando de sí mismos. Sería un caso grave de descaracterización de quienes, alegando ser neutrales y ajenos al uso de las armas, permiten igualar a unos y a otros. El daño institucional es fenomenal si pensamos que la aplicación de la justicia es apenas parte del combate diario entre grupos moralmente iguales.
Hubiese sido menos costoso un intercambio hace tres años con el despeje de Pradera y Florida. La creciente presión favorece políticamente a las Farc. ¿Es mejor darse esa pela de una vez despejando esos dos municipios antes de que sea tarde, antes de que estemos en la sin salida?
