Como anillo al Pulgar

Dice la prensa que la Corte Suprema ha decidido mantener su competencia en el caso del exsenador Eduardo Pulgar, pese a su renuncia al fuero. Suena refrescante porque, dejando de lado las variables jurisprudenciales, en estos casos la intuición popular es que los incriminados buscan aterrizar en jurisdicciones que suponen más favorables. O menos desfavorables. En cambio, casi simultáneamente, el caso del doctor Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá, fue enviado a la Comisión de Acusación por razón de su reciente nombramiento judicial. Es inevitable recordar el proceso de Álvaro Uribe. Las decisiones seguramente son impecables en el plano normativo. Pero se suman a ese juego de espejos en el que se ha convertido el manejo del fuero penal. Ya desde la época de la llamada parapolítica, empezó a gestarse la idea de la renuncia como sistema para trasladar las investigaciones a agencias penales diferentes. Hizo presencia una filigrana jurisprudencial arborescente: una serie de marchas y contramarchas, de decisiones cada vez más complejas, de modo que en ocasiones la renuncia implicó el cambio de juez, mientras en otras se mantuvo la competencia inicial. Que si el supuesto delito estaba relacionado con la gestión del aforado o que, en cambio, prevalece el principio de la jurisdicción perpetua.

Más allá de las doctas y seguramente indiscutibles elucubraciones de los jurisperitos, lo cierto es que para el grueso de la gente la aplicación o inaplicación del fuero semeja el juego de feria conocido con este lema: “¿Dónde está la bolita?”.

Por otro lado, el sistema de fomento a las delaciones, que nació en forma coetánea con el sistema acusatorio, para muchos se ha venido convirtiendo en una arma no suficientemente controlada en manos de los investigadores. La idea inicial era impecable: el delincuente menor delata hacia arriba, como método para quebrar las organizaciones criminales basadas en la omertà, esa rigurosa ley de silencio cuya violación acarrea la muerte.

Pero ahora se ha vuelto crónico de lado y lado, porque esta reflexión que hago no tiene color político, que las primeras versiones de los implicados se van modificando con el tiempo, en especial en aquellos casos de relevancia política.

Nuevamente el resultado es desconsolador. Es la noción de justicia ciega la que termina golpeada cada día al son de estos acontecimientos. En el pasado, la idea general era que la justicia era para los de ruana. Hoy, si en vez de ruana el incriminado es famoso y poderoso, puede terminar siendo perseguido, a no ser que pueda jugar con el fuero y colectar testigos bien entrenados.

Coda. Recomiendo al doctor Gómez Méndez la lectura del acta de la Constituyente del 13 de junio de 1991 que contiene mi intervención como ministro en el tema de la extradición: el Gobierno “considera que el tema de la extradición no debe tener rango constitucional, que la Constitución no debe contener un pronunciamiento sobre ese tema” porque entorpece el sometimiento a la justicia de los grandes capos. No hubo silencio como lo afirma en reciente columna.