Publicidad

Desmemoria

Humberto de la Calle
28 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La sentencia de la Jurisdicción Especial de Paz sobre el secuestro, que condena al antiguo Secretariado de las FARC, ha reabierto heridas que aún no habían sanado. Era de esperar. El profundo dolor de las víctimas es absolutamente respetable.

Esto no va a cambiar pronto.

Hay tres tipos de reflexiones sobre esa providencia: el mensaje poderoso que transmite, su lamentable ineficacia inmediata producto de la pasmosa impreparación del Estado y errores propios de la misma.

Esta guerrilla agobió a los colombianos durante 60 años. Una sucesión de gobiernos propuso salidas dialogadas. Entre ellos, el gobierno de Álvaro Uribe, en el que hubo acercamientos que vislumbraron incluso soluciones osadas ni siquiera pensadas en La Habana.

La enorme disyuntiva en 2016 era lograr el fin de ese conflicto o continuar una dolorosa guerra de atrición hasta que el último de los guerrilleros muriera o fuera apresado. Si el ELN, con menor capacidad de fuego que las FARC en 2016, todavía agobia vastas regiones de Colombia, ¿hubiese sido un mejor panorama que 13.000 excombatientes de las FARC continuaran una guerra en medio de violencias sin cuento?

El desafío en 2016 era claro: impedir que el mecanismo judicial de defensa de los derechos humanos terminara prolongando la masiva violación de esos mismos derechos, o lograr, como se logró, que una guerrilla, por primera vez en el mundo, además de dejar las armas, aceptara poner su cabeza en manos de un órgano judicial transicional para que, como ha ocurrido, se le condenara por crímenes de lesa humanidad. Se rompió una tradición de dos siglos, que consistía en barrer debajo de la alfombra mediante amnistías blancas, después de unos toquecitos en la espalda, como diciendo aquí no ha pasado nada. El Frente Nacional como la máxima expresión del borrón y cuenta nueva silenciosa.

Se olvida que el Acuerdo prohibió esas amnistías generales, que se sometió a los dictados del Estatuto de Roma sobre la imposibilidad de perdón respecto de los delitos allí mencionados, que se establecieron sanciones restrictivas de la libertad, ahora en vilo, que debían ser cumplidas en territorios específicos y que (a diferencia de lo que se dice), tienen contenido reparador, pero también carácter retributivo. Es decir, que encierran un reproche profundo, un castigo como mensaje para la sociedad.

Sé que esto suena demasiado abstracto para muchas víctimas. Sé que hay una distancia entre estos contenidos y el dolor de las personas agobiadas por su tragedia.

Uno de los grandes problemas de la sentencia es su tardanza. Alejada la fase más cruel de la violencia, ahora es fácil decir que las penas son irrisorias.

Se abrió una brecha que acentuó la insatisfacción. Si, como lo pensamos, en un año hubiesen venido las condenas a ambas partes, quizá no hubiésemos permitido que se contrastara un expresidente condenado con unos guerrilleros en el Congreso. Es comprensible la estupefacción. Uno de los infortunios de la JEP es que terminó apresada por los vericuetos del procesalismo. Condenar a los dirigentes de las FARC por secuestro no exigía un esfuerzo descomunal de pruebas caso a caso. Por eso decidimos que todo lo practicado por la justicia ordinaria pasara de un tajo a la JEP.

En segundo lugar, algo que no compromete directamente a la JEP, es que estamos viendo un enorme fiasco del Estado. El problema mayor de la sentencia es la impreparación de los instrumentos necesarios para su eficacia. Su parte resolutiva, al lado de la condena misma, es un interminable colofón de exhortos a diestra y siniestra. No es aceptable que, tras ocho años, los programas para cumplir las sanciones no hayan sido habilitados por los sucesivos gobiernos. Ni tampoco los mecanismos de monitoreo. La sentencia parece más bien un memorando de lo que hay que hacer, que una decisión jurisdiccional eficaz.

Es la triste revelación de un Estado ineficaz, impotente y distraído.

Por fin, la imprecisión sobre el lugar en el que opera la restricción de la libertad es lamentable. Y la ausencia de inhabilidad electoral también. ¿En futuras elecciones los condenados, a diferencia de los demás ciudadanos, pueden ser elegidos?

Dijo alguien que no se le puede exigir al juez que construya la cárcel. Cierto. Pero si esto se dice del juez, menos puede decirse del Acuerdo. Una columna de Pedro Medellín es patética. Se hace lenguas sobre las bondades de la justicia transicional. Pero al final arremete contra el Acuerdo. Aplaude que, a diferencia de las FARC, a los militares sí se les señalaron perímetros concretos para la restricción de la movilidad. Qué contrasentido. Fueron las mismas bases del Acuerdo las que permitieron la condena a los militares, aplaudida por Pedro Medellín.

Sobre cultivos ilícitos se acordó “el compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. La fumigación no se suprimió en el Acuerdo. Se dijo: “El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual”. No puede achacársele al Acuerdo la aparición de disidencias que continuaron delinquiendo. La cuestión de los cultivos es un serio problema nacional que tenemos que pensar de nuevo. Quizá lo acordado pueda llegar a tener nueva vigencia: es decir, fumigación con salvaguardas cuando estemos en presencia de grandes áreas o cuando haya respuesta militar a la erradicación.

Ojalá la segunda instancia permita llenar vacíos, pero no hasta el punto de destruir un Acuerdo que, además de justicia transicional, es un camino para una Colombia mejor. Aplausos a la Corte Constitucional que antier ordenó revivir el Acuerdo.

No olvidemos que las palabras claves son la no repetición y la reconciliación.

Algún día.

Conoce más

 

Mar(60274)29 de septiembre de 2025 - 08:29 a. m.
Claro, es que cuando los muertos no son de uno, es muy fácil hacer la guerra. Mire a Uribe con tanta carreta de acabar la guerrilla y lo que se dedicó a hacer fue a descuartizar campesinos para robarles sus tierras, a asesinar jóvenes inocentes diciendo que eran guerrilleros abatidos en combate y a hacer falsas desmovilizaciones de guerrilleros, mientras la guerrilla de verdad se fortalecía. La derecha es la que menos tiene derecho a criticar los acuerdos de paz.
Helga66(40077)29 de septiembre de 2025 - 04:29 a. m.
El Acuerdo es imperfecto pero paró la maquina de guerra
hernando clavijo(26249)29 de septiembre de 2025 - 02:59 a. m.
Bien Humberto. Desarmar 13000 Farc justifica lo acordado. Los horrores d la guerra no pueden volver a ser ignorados. Contra las disidencias toda la fuerza del Estado.
jaad(mmi7o)29 de septiembre de 2025 - 02:12 a. m.
HdlC...¿El presidente que necesita Colombia?
Iliana(21165)29 de septiembre de 2025 - 02:09 a. m.
No Repetición. Cuando el Señor Medellin sale a exponer sobre la paz en la DW, deberian contrastarlo con usted. El no es una persona que represente mi sentir. Es lógico, pero cuando salen a hablar de procesos que no viven no entiendo como pueden atreverse. No es fácil entender de un dia para otro. No es fácil, pero la JEP se ha encargado de hablarnos a muchos y espero sobre todo a las víctimas.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.