¿Es la Constitución un San Sebastián?

El pasado Congreso de Derecho Constitucional auspiciado por la Universidad Externado de Colombia fue un hito notable. No solo por la calidad, la oportunidad y la impecable organización, sino sobre todo por el mensaje central en torno a la necesaria defensa de la Constitución vigente.

La coincidencia en ese llamado implica, aunque sea de manera tácita, la presencia de riesgos actuales y futuros.

La pregunta clave en el caso de la Constitución es si se trata de nubarrones ya desvanecidos o si aún hay amenazas en el aire. Y si, por tanto, no hay que bajar la guardia.

La historia de San Sebastián, reflejada en profusas representaciones pictóricas, muestra a un militar romano que intentó preservar a la vez esa condición profesional al lado de una profunda fe católica. No lo logró. Asaeteado por todos los flancos, aunque sobrevivió al primer ataque, fue nuevamente martirizado hasta morir víctima de la flagelación.

Esa es la cuestión básica. Es evidente que en este gobierno se emprendió un proceso de destrucción de los elementos esenciales de la Carta a través del mecanismo de la llamada constituyente popular que revistió varias formas. La más grave implicaba la convocatoria de una asamblea constituyente mediante la recolección bonapartista de firmas, muchas de ellas obtenidas sin deliberación alguna. Y todo ello mediante la mutilación del voto universal en beneficio de la técnica fascista, imaginada antes por Laureano Gómez, de dividir la ciudadanía en pueblos diversos con votos calificados de peso desigual. Era simplemente un arma del gobierno para atacar –no para consensuar– lo cual implicaba una profunda diferencia con lo que ocurrió en 1991 cuando el deseo de conciliación y pluralismo fue la estrella polar de lo sucedido.

¿Derrotado el gobierno, ha desaparecido el desafío? No solo porque no se sabe si la estrecha derrota haya alejado por siempre el fantasma, sino porque las flechas pueden llegar de ambos lados. Y si, fracasado el primer intento desde el lado izquierdo, viene el del lado derecho.

Si nos atenemos a la retórica de la campaña de De la Espriella, es posible que el peligro subsista. En efecto, lo que él ha venido pregonando, ya no mira al sistema económico ni a la destrucción de la separación de poderes y el respeto a las cortes. Pero sí se observan riesgos serios en la permanencia y solidificación de la Carta de Derechos, el libre desarrollo de la personalidad y la postura filosóficamente liberal de respeto a la intimidad, las convicciones y la neutralidad religiosa del Estado.

Tengo inmenso respeto personal y profesional por Viviane Morales. Respeto que incluye convicciones que no comparto sobre todo en relación con los profundos dilemas morales de la contemporaneidad. Pero es una incógnita si su paso por el Ministerio de Educación irá en dirección a la mejoría del sistema educativo, o si emprenderá lo que algunos de sus compañeros de viaje electoral han denominado la “guerra cultural” para derrotar ideas avanzadas que han pelechado bajo la vigencia de la Carta y la admirable labor de la Corte Constitucional.

La entrevista concedida por el futuro canciller a El Espectador está llena de aciertos. Se dibuja una Cancillería ágil, contemporánea, que pase de la coctelería a la inversión y los negocios y que no se limita a rituales y pesados alamares. Muy bien. Pero en el pasado del doctor Bula hay manifestaciones demasiado agresivas sobre el papel de la ONU, órgano al que culpa de “marxismo cultural”, China y Rusia como parte de la mugre del planeta, el antiglobalismo al cual culpa del calentamiento global, parte, según él, de un alarmismo ambiental mentiroso, la condena al aborto, la defensa de la religión y la fe –plausible en el ámbito privado–, el “daño” que ha ocasionado la migración, en fin, una serie de afirmaciones que generan intranquilidad incluso en sectores de derecha moderada.

Algo preocupante es su arremetida contra la JEP. Desea el mandatario electo llevar a Timochenko a la cárcel. Es obvio que los máximos responsables de las antiguas FARC y de los militares que desviaron su papel deban pagar sanciones. Fueron definidas como restricciones de la libertad con contenido reparador. Muchos de ellos ya están condenados. El llamado del doctor De la Espriella, entonces, implica el desconocimiento del juez de esos hechos repudiables, definido en la Constitución en medio de un fuerte respaldo internacional. Borrar la JEP de un plumazo lo veo imposible. ¿Qué va a hacer con el cúmulo de procesos contra los responsables de ambos lados? ¿Qué dice el doctor Cancino después de sus sensatas declaraciones? Además, es una pretensión inocua volver a juzgar a quienes ya fueron declarados culpables. El verdadero deber del gobierno nuevo es garantizar a los colombianos el cumplimiento estricto de las sanciones. De paso, mucho ojo. La Corte Penal Internacional terminó su observación del caso colombiano por la existencia de la JEP. Desaparecida ella, se abre la puerta al regreso de esa Corte. ¿Querrá el gobierno ese resultado? ¿Querrán ese resultado los militares que el presidente electo defiende a capa y espada?

Dejemos espacio para pensar que el 7 de agosto, cuando De la Espriella ya haya entrado en contacto íntimo con las sinuosidades de las entrañas de esa ballena que es el estado colombiano, la campaña quede solo como parte de una contienda verbal. Y que, si se aplica a corregir el déficit, a amaestrar la deuda y a enmendar los estropicios de la llamada paz total, podamos tener los colombianos un buen gobierno.

Sé que esta manifestación será descalificada: me dirán tonto, ingenuo, complaciente con las camisas negras y demás vocabulario ofensivo en las redes. No importa. Lo que debe prevalecer es Colombia. Por encima de las banderías partidistas. No hay que renunciar a las convicciones, pero sí tenemos derecho a que las voces altisonantes nos den a los simples ciudadanos un armisticio y que nos permitan albergar algo de esperanza.

Porque si se cumplen presagios fatídicos, tendremos que alzar voces. Que la defensa de la Constitución sea la bandera.