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Especialidad agraria

Humberto de la Calle
20 de junio de 2021 - 05:00 a. m.

La reforma rural integral pactada en el Acuerdo del Teatro Colón contiene una serie de iniciativas cuya finalidad es lograr justicia en el campo, estabilizar la vida rural, mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y aumentar la productividad de la producción agraria.

Si bien en el pasado la idea de promover una reforma agraria estuvo teñida de fuertes controversias ideológicas, lo que se logró en las conversaciones de paz es un hito importante. En primer lugar, porque aunque ha habido y subsisten diferencias en varios temas, la distancia ideológica se ha acortado. El diagnóstico sobre el cual trabajó la comisión negociadora del Gobierno se basaba en evidencias, corroboradas luego con creces por el censo agropecuario. Concentración de la propiedad acompañada, aunque suene a paradoja, de una aguda fragmentación de la tierra. Muy significativo que esa concentración haya venido en aumento en los últimos años, coincidiendo con un volumen preocupante de desplazamiento de campesinos, despojo de tierras y violencia creciente. Otro elemento es la informalidad superlativa. Casi la mitad de los predios carecen de títulos. El catastro está desactualizado o simplemente no existe. Por fin, un uso patológico de los recursos: mientras el área dedicada a la agricultura es estrecha, grandes extensiones de ganadería superextensiva, rastrojos incultos y una productividad casi nula indican que hay distorsión en el uso del suelo.

Una muestra de los avances hacia la búsqueda de soluciones es que en reciente encuentro sobra la ruralidad propiciado por el Instituto de Ciencia Política, aunque se señalaron preocupaciones, muchos de los expertos y gremialistas asistentes reconocieron que el punto uno del Acuerdo contenía ideas valiosas. Y que los instrumentos creados —fondo de tierras, programa de formalización, catastro— habían sido convenidos en un marco de respeto a la propiedad y los derechos adquiridos.

Pues bien, una de las herramientas fue el compromiso de crear una especialidad agraria en la administración de justicia. La idea es buscar celeridad, equidad y superación de muchos de los conflictos agrarios que privan de seguridad no solo, o no tanto, a los grandes propietarios, sino a los dueños de parcelas que, como dije, ni tienen títulos ni les ha llegado el mapa catastral. En el plano jurídico, certidumbre y solidez son sinónimos de respeto y consolidación de la propiedad.

El proyecto fue presentado al Congreso por el actual Gobierno. Lo que resulta extraño es que ha venido siendo sujeto de demora por parte de la directiva del Senado. Al momento de escribir esta nota, no se sabía si sería agendado en el orden del día, con tiempo suficiente para ser aprobado antes de la sesión final. Es una situación extraña, porque se supone que hay estrecha comunicación política entre el presidente del Senado y el Gobierno.

La senadora Cabal, destacada integrante del partido de gobierno, ha puesto a circular un video en contra del proyecto verdaderamente alucinante. Sostiene que la búsqueda de una justicia eficaz atenta contra los campesinos. Lo cual, en lenguaje sencillo, implica simplemente mantener el statu quo rural. Esa parte no es llamativa. Es algo sabido. Lo sorprendente es que haga afirmaciones tan contraevidentes, sin rubor. Tan campante como Johnnie Walker.

 

Arkanos(kwupp)21 de junio de 2021 - 04:45 a. m.
La única forma de cumplir e implementar los acuerdos es exterminando la narco-dictadura uribista y derrocando al presiñeñe...
chava(2705)20 de junio de 2021 - 10:11 p. m.
Humberto de la Calle, yo votare por usted, es honesto, conoce Colombia, no es pendenciero, no es radical, es negociador y aceptado por todos que reconocen su honestidad. Tiene mi voto y el de mi familia
rodrigo(3173)20 de junio de 2021 - 07:18 p. m.
Sería muy aconsejable que los colombianos analizáramos la llegada de Chávez al poder en Venezuela, partiendo del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), para que nos percatáramos de la perversa incidencia de todos los partidos políticos , incluído Acción Democ., en el capultamiento del nefasto Chávez. Los pueblos no se equivocan, son sus líderes políticos quienes los impulsan al abism
GERMÁN VARGAS(8621)20 de junio de 2021 - 06:59 p. m.
Los gastos de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría llegan a $7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año, la Procuraduría y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente $910.000 millones; nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de $700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. 8 billones a la basura y pidiendo más impuestos Uribe !
  • ERWIN(18151)20 de junio de 2021 - 11:13 p. m.
    increible ..el presupuesto se va en gastos militares y funcionamiento del estado ..solo el 13 % queda para inversion social ..que pais quede echar para adelante con essas inversiones ...y en pago de la deuda ..pura burocracia inutil ..y la cabello quiere mas ..500 burocratas mas ..para su policia secreta ..pobres,llevados de la mal..y esta vieja insensible pensando en que leden mas plata
Julio(4143)20 de junio de 2021 - 06:06 p. m.
Le recomiendo la lectura del libro "Labranza de Paz" de Oscar Marulanda Gómez, doctor de la Calle : Los terratenientes ponen la tierra , el sector privado pone la agroindustria, el Estado la infraestructura, riego, vías, poblaciones nuevas con todos los servicios y los desplazados la mano de obra que los hará socios del proyecto en el futuro a medida que el Estado se va retirando. Todo está dado.
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