Se anuncia que la próxima reforma tributaria vendrá acompañada de los consabidos planes de austeridad. Es algo tan obvio como utópico, si nos atenemos a recientes mensajes contradictorios desde los centros de decisión.
Ya se ha dicho que se hundió la matrícula cero en el Congreso. Como todo hay que decirlo, el Gobierno salió al quite diciendo que la promesa presidencial se mantenía vigente. Pero los congresistas alegaron razones de austeridad. Las mismas de las que echaron mano quienes dejaron hundir la Especialidad Rural que llevaría justicia eficaz al campo. No obstante, en la llamada reforma a la justicia se dejaron abiertas las puertas para la inflación burocrática, como también en la reforma a la Procuraduría.
Comencemos con este segundo tema. Hagamos una visión ponderada. Al menos dos líneas de trabajo de esta enorme entidad son totalmente obsoletas. Por un lado, su intervención en una diversidad de procesos judiciales se limita a dar concepto “en nombre de la sociedad”. De verdad, solo ocasionalmente esto produce algún efecto. En una gran cantidad de casos, es apenas un ritual más, verdaderamente parasitario. Pero aun en el sistema acusatorio la presencia del Ministerio Público no se justifica, por cuanto es una discusión adversarial entre las partes, supuestamente con igualdad de armas. La otra materia confiada antaño a ese organismo era la defensa de los derechos. Creada en 1991 la Defensoría del Pueblo, es poco lo que le queda. De modo que, básicamente, su trabajo se limita a la cuestión disciplinaria. ¿Se justifica un gasto enorme para esto? Podría dejarse la disciplina en manos de los jefes de las entidades, con ayuda de la auditoría interna. Sólo enfrente de graves casos, una Procuraduría adelgazada podría tener alguna función de revisión.
El argumento para la vinculación de centenas de funcionarios es, se dice, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana según la cual solo pueden ser desvinculados los elegidos mediante sentencia en proceso penal. Brilla al ojo la debilidad de esta argumentación. Los jueces están ahí. Los elegidos que delinquen son una mínima fracción frente al escenario de procesos penales. Y, por el otro lado, la idea no es ponerles toga a los funcionarios de la Procuraduría. Es una aparente aplicación bastante torcida de la norma de la Convención Americana. Se oye el sonido del aleteo. Caen los interesados en inflar las nóminas como abeja al panal.
De paso, el engrosamiento de la Defensoría con la idea de nombrar a alguien en cada municipio es un contrasentido si miramos que los personeros municipales han desarrollado esa función desde hace décadas. Una iniciativa burocrática innecesaria.
Otra idea pasa por la Vicepresidencia. La razón de su creación en 1991 tenía cierto asidero. Que nadie desempeñara la Presidencia sin el respaldo del voto popular. Carlos Lleras propuso una solución intermedia. Mantener la designatura con el solo propósito de convocar elecciones en caso de falta del jefe. Pero la Vicepresidencia se impuso, pese al manto de sospecha histórica. Para matizarlo, se dijo que el vice no tenía oficio distinto al que le encomendara el presidente. Un cargo eunuco para el cual se han inventado funciones artificiales y costosas. Nada pasa si desaparece.
