Si nos visitara un extraterrestre, quedaría perplejo al examinar nuestro mapa político.
Por varias razones, la política social, por moderada que sea, se califica como algo de izquierda. Es un reflejo condicionado, que se origina en un cliché difundido por los usufructuarios del inmovilismo. Temas que serían el eje de la discusión política en países de probada orientación capitalista, como el empleo, el acceso a la salud, la educación gratuita y la pobreza, aquí quienes los agitan son sospechosos. Lo peor es que es una estigmatización de doble vía: se dice por algunos que se trata de ideas subversivas que hay que frenar. A veces con sangre, como hemos visto. Y a la vez, una gran masa de opinión los descalifica porque piensan que es simple cháchara de políticos en aulagas. Uno mismo, cuando ha estado en esas lides, al hablar de los pobres, siente un cierto rubor porque sabe que el escepticismo aflora. A tal punto que durante mucho tiempo la retórica oficial estaba llena de eufemismos risibles. Se hablaba de los menos favorecidos, de los pertenecientes a estratos bajos, de olvidados de la fortuna y todo tipo de frases relamidas. Desde el Gobierno, el primero que usó la expresión pobres, con todas sus letras, fue Virgilio Barco.
Por cierto, parte de la tarea de conversión de la política social en fantasma aterrador, como esos enormes muñecos llenos de gas de los parques de diversiones, fue el uso brutal de la violencia por parte de la guerrilla, supuestamente para impulsar su política social. El efecto de la guerrilla ha sido conservador.
En el otro extremo, está vigente el otro paradigma equivocado: que toda política de seguridad es cosa de la derecha. Todo el que simplemente pida orden y disciplina social, por tenue que sea su mensaje, es calificado de fascista o algo peor. Uribista disfrazado está más a la moda. Un error, porque un nivel democrático de orden social es condición para el goce de otros derechos.
El desafío para los que creemos que en 2022 se requiere un cambio de rumbo enmarcado en el Estado social de derecho es adelantar una política realista pero suficientemente audaz dadas las actuales circunstancias de crisis. Y un ejercicio sereno y republicano de la autoridad que atienda la oleada de inseguridad que recorre el país.
Coda. Cito un tuit de la canciller: “Hoy me reuní con las familias de los connacionales detenidos y fallecidos en Haití. Les manifesté que no los dejaremos solos en este proceso y señalé que la situación ha sido injusta con nuestro país: el mundo ha vuelto a señalar a Colombia y esta imagen es negativa para el país”. Claro que tenemos que aplaudir que la Cancillería vele por el respeto a los derechos humanos de los colombianos detenidos, por graves que sean sus crímenes. Quiero creer que esa fue la idea de la ministra. Pero hablar de injusticia frente a exmilitares involucrados en el magnicidio y apelar al buen nombre del país, cuando por el contrario este se ve mancillado por acciones hasta ahora calificadas de crímenes horrendos, es francamente una idea, digamos con benevolencia, bastante endeble.
Codita. Lamento la muerte de Carlos Ardila Lülle. Gran empresario y filántropo.
Y una tercera. Bienvenido el Nuevo Liberalismo.
