Columna esta difícil de escribir. He mantenido viva mi fe en la concepción del Acuerdo del Teatro Colón como una oportunidad que no debemos desperdiciar y en las instituciones que de él se derivaron. En particular, la JEP es una pieza maestra en la aplicación de una justicia transicional inédita que llama a todos los responsables del conflicto para diseñar soluciones y que, frente a los crímenes más graves, se aleja de las tradicionales amnistías blancas. Esto ocurre por primera vez bajo la vigencia del Estatuto de Roma.
Como mecanismo precioso que es, hay que cuidar la JEP. Y en especial frente a cualquier intento de convertirla en botín para lavar culpas. Ya algunas solicitudes de ingreso se han acompañado de proclamaciones casi que propagandísticas de algunos aspirantes. Si de sentarse mudo en el banquillo se trata, el camino no puede ser el de la búsqueda de sanciones alternativas. Si se desafía al Estado, afronte el riesgo de penas mayores.
Pero el otro riesgo es que, en el afán de acelerar el acopio de verdad, se debiliten los límites que dispuso el Acuerdo, refrendados luego por normas constitucionales. Hay un riesgo de ampliar por vía interpretativa las nociones de conexidad directa o indirecta hasta el punto de permitir el ingreso de delitos comunes —corrupción, entre ellos, casi el más común de los comunes, desafortunadamente—. Algunas voces han mostrado preocupación por la decisión de incluir en esa jurisdicción transicional algunos de los delitos cometidos por Musa Besaile. Lo dijo bien la Procuraduría por boca de su delegada Mónica Cifuentes: “Resulta poco creíble… que el peculado acordado desde por lo menos el 2011 entre Besaile y Lyons… conocido como el cartel de la hemofilia tuviera como destino el pago de un cohecho del 2017, es decir, cinco años después”.
Este y otros casos pueden ser de muy difícil digestión para sectores de la opinión pública. Y el problema no es solo de opinión pública. Sino sobre todo el riesgo de desvertebrar una arquitectura armoniosa que respeta las competencias ordinarias.
No nos podemos dar el lujo de ver a la JEP, como San Sebastián, atacada por los cuatro puntos cardinales. Ya Yesid Reyes, en magnífica columna de El Espectador, explicó que, frente a los militares, la decisión de incluirlos en la JEP buscaba no repetir lo ocurrido con el M-19. Militares que los combatieron, al no ser incorporados a procedimientos transicionales, terminaron pagando largas condenas mientras los guerrilleros se incorporaron a la vida civil. Eso desvirtúa el infundio propalado desde ese ángulo. Pero no puede suceder que ahora, desde otro lado, surja la sospecha de que crímenes ordinarios van a terminar bajo su jurisdicción, elevando prevenciones inmerecidas frente a un organismo que, ya lo dije, es una viga maestra de la consecución de la paz en Colombia.
Coda. Hay que reconocer que la tripleta fiscal-procurador-contralor está dando resultados frente al desvergonzado y miserable festín de corrupción con las ayudas por la pandemia.
Columna esta difícil de escribir. He mantenido viva mi fe en la concepción del Acuerdo del Teatro Colón como una oportunidad que no debemos desperdiciar y en las instituciones que de él se derivaron. En particular, la JEP es una pieza maestra en la aplicación de una justicia transicional inédita que llama a todos los responsables del conflicto para diseñar soluciones y que, frente a los crímenes más graves, se aleja de las tradicionales amnistías blancas. Esto ocurre por primera vez bajo la vigencia del Estatuto de Roma.
Como mecanismo precioso que es, hay que cuidar la JEP. Y en especial frente a cualquier intento de convertirla en botín para lavar culpas. Ya algunas solicitudes de ingreso se han acompañado de proclamaciones casi que propagandísticas de algunos aspirantes. Si de sentarse mudo en el banquillo se trata, el camino no puede ser el de la búsqueda de sanciones alternativas. Si se desafía al Estado, afronte el riesgo de penas mayores.
Pero el otro riesgo es que, en el afán de acelerar el acopio de verdad, se debiliten los límites que dispuso el Acuerdo, refrendados luego por normas constitucionales. Hay un riesgo de ampliar por vía interpretativa las nociones de conexidad directa o indirecta hasta el punto de permitir el ingreso de delitos comunes —corrupción, entre ellos, casi el más común de los comunes, desafortunadamente—. Algunas voces han mostrado preocupación por la decisión de incluir en esa jurisdicción transicional algunos de los delitos cometidos por Musa Besaile. Lo dijo bien la Procuraduría por boca de su delegada Mónica Cifuentes: “Resulta poco creíble… que el peculado acordado desde por lo menos el 2011 entre Besaile y Lyons… conocido como el cartel de la hemofilia tuviera como destino el pago de un cohecho del 2017, es decir, cinco años después”.
Este y otros casos pueden ser de muy difícil digestión para sectores de la opinión pública. Y el problema no es solo de opinión pública. Sino sobre todo el riesgo de desvertebrar una arquitectura armoniosa que respeta las competencias ordinarias.
No nos podemos dar el lujo de ver a la JEP, como San Sebastián, atacada por los cuatro puntos cardinales. Ya Yesid Reyes, en magnífica columna de El Espectador, explicó que, frente a los militares, la decisión de incluirlos en la JEP buscaba no repetir lo ocurrido con el M-19. Militares que los combatieron, al no ser incorporados a procedimientos transicionales, terminaron pagando largas condenas mientras los guerrilleros se incorporaron a la vida civil. Eso desvirtúa el infundio propalado desde ese ángulo. Pero no puede suceder que ahora, desde otro lado, surja la sospecha de que crímenes ordinarios van a terminar bajo su jurisdicción, elevando prevenciones inmerecidas frente a un organismo que, ya lo dije, es una viga maestra de la consecución de la paz en Colombia.
Coda. Hay que reconocer que la tripleta fiscal-procurador-contralor está dando resultados frente al desvergonzado y miserable festín de corrupción con las ayudas por la pandemia.