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La trascendental decisión de la JEP adoptada el pasado jueves, por medio de la cual se dicta un auto de determinación de hechos y conductas de las Farc en relación con el macrocaso sobre secuestro, contiene varios mensajes poderosos.
Constituye una severa refutación a quienes se frotaban las manos cuando anunciaban a los cuatro vientos, apostándole al fracaso por razones electorales inconfesadas, que la justicia de transición era un canto a la impunidad. Pues bien, sucede que la mención de los cargos incluye un listado de graves infracciones, llegando incluso a calificarlos como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esta determinación de hechos cobija a miembros del Secretariado, lo cual también reafirma que la pretendida impunidad se limitó a una simple ficción propagandística. La JEP menciona secuestros, homicidios, desaparición forzada, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado, bien por haber adoptado decisiones en su condición de mandos supremos, como también por omisión al no impedir el tratamiento indigno a muchos secuestrados. O sea que, además de la responsabilidad por sus decisiones, opera también la responsabilidad de mando. Recuerdo las dificultades de última hora en relación con este punto frente a los militares. Este es, pues, un antecedente valioso. Creo que esto pone a algunos uniformados reticentes —que no son todos— en una condición insostenible.
A esta decisión se llegó después de analizar más de 21.000 registros. Esto supera lo llevado a cabo por la justicia ordinaria. Fue un trabajo descomunal. Las voluminosas informaciones fueron contrastadas, entre otras cosas, con las versiones de más de 2.000 víctimas que tuvieron participación y que continuarán velando por sus derechos.
Todo esto sucedió en tiempo récord. Recordemos que en el arranque, la JEP tuvo dificultades de todo orden. De modo que el tiempo neto de trabajo apenas excede los dos años.
Sin retórica, esto no tiene antecedentes en el mundo. Una guerrilla que pacta someter su conducta a un órgano judicial que no le llega impuesto desde afuera, a través de un acuerdo que permite la tipificación de los delitos incluso tomando normas internacionales —el Estatuto de Roma entre ellas—, es un avance enorme. Así lo ha reconocido la comunidad internacional sin ambages.
Por cierto, muchos de los comparecientes ya han reconocido los hechos. Pero el lenguaje utilizado por la JEP no contiene esguinces ni disimulos. Es una pieza jurídica rigurosa, que llama las cosas por su nombre y que no adolece de vacilaciones ni condescendencia. De paso, la ignorancia es atrevida: al acudir a la tipificación internacional como “toma de rehenes”, no se está disimulando el secuestro sino haciendo más severa la denominación. Las senadoras Guerra y Valencia deberían sacarles un tiempito a los prejuicios y leer un poco.
El paso siguiente es el reconocimiento formal. Espero que los dirigentes de las Farc lo hagan derechamente, dentro del plazo de 30 días que ha dispuesto la JEP. Es un primer paso para entrar en la fase de la imposición de las sanciones propias a que haya lugar, entre cinco y ocho años con restricción de la libertad. Ya se sabe, y espero que no ocurra, que en caso contrario pasarán a otra sala donde el juicio sería ordinario, con un horizonte de cárcel con barrotes durante 20 años.
La JEP ha abierto el camino para cumplirle a Colombia.
