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LA ECUACIÓN TÍPICA ES ÉSTA: GObiernos tiránicos atacan la libertad de expresión bien para tapar sus desaciertos o para dejar sin aire a la oposición a fin de perpetuarse en el poder. Ha sido ésta una lucha permanente entre opresión y libertad, lucha que no termina aún. Episodios enconados de la misma se viven en el vecindario: Venezuela y Nicaragua.
El caso de Colombia es atípico. No es el Gobierno el que atenta contra la prensa, sino que los ataques se cocinan en los circuitos judiciales. Una verdadera novedad que pelecha, vaya paradoja, en vigencia de una Constitución enteramente libertaria.
Un caso famoso se refiere a un programa de radio que fue sometido literalmente a un comité de censura por orden judicial, como epílogo de una acción popular. Por fortuna la Corte Constitucional echó por tierra el engendro.
Vino el caso de la revista SoHo: con la coadyuvancia del doctor Ordóñez, a la sazón magistrado del Consejo de Estado y ahora candidato a Procurador, se quiso encarcelar a su director por una publicación considerada irreverente. El juez de segundo grado reaccionó y corrigió el desafuero.
El caso de Alfredo Molano es típico: por su tarea de crítica social se vio a las puertas de una condena. No sé en este momento en qué terminó este asunto.
Y ahora, a instancias del también magistrado Escobar Araújo, luego de dos rectificaciones, de manera totalmente desproporcionada y abusiva, se quiere encarcelar al director de Semana.
Se sabe que el derecho al buen nombre debe ser protegido. Y que los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad y están obligados a cuidar la verdad. Pero en el caso de Semana es evidente que la imprecisión de una publicación incidental ha sido reparada varias veces y que la exigencia actual de una tercera rectificación carece de antecedentes.
Estas situaciones merecen alguna meditación. La institucionalidad se ha venido preparando pacientemente para refrenar los ataques de los gobiernos. Hay gremios periodísticos e instancias judiciales nacionales e internacionales. De cierta manera, que los ataques vengan del órgano judicial, cubierto de entrada por una mayor legitimidad, ha tomado por sorpresa el andamiaje jurídico. Es preciso idear nuevas formas de control para evitar, como en este caso, que un director pueda ir a la cárcel, pese a que la tutela promovida por el Magistrado apenas va a ser revisada por la Corte Constitucional.
Un segundo elemento común: en el caso de Semana y de SoHo, las acciones han sido auspiciadas por superiores jerárquicos de los jueces de turno, algo que da para larga meditación. Habría que perfeccionar normas e instituciones para que, sin demérito del derecho al buen nombre, instancias impecables juzguen con mayor cuidado las actuaciones que requiera su protección.
Por fortuna la Corte Constitucional ha mantenido incólume el faro de la libertad de expresión. Por fortuna la misma justicia se ha encargado de enmendar los desafueros que se han tejido dentro del propio órgano judicial.
Solidaridad con Alejandro Santos.
