Pido al lector que me crea que, luego de leer las 46 páginas de las objeciones del gobierno a la ley de la JEP, una simple doble columna mostraría que se trata de un alegato jurídico cuyo objetivo es controvertir el fallo de la Corte.
El gobierno disfrazó con supuestas razones de inconveniencia la descalificación de una sentencia que en el Estado de derecho es el punto final. Desconoció el arbitraje supremo de la Corte como órgano de cierre, abriendo la tronera para que con base en este antecedente, futuros gobiernos, quién sabe de qué signo político, repitan la maniobra.
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