El pasado 17 de diciembre, el portal La Silla Vacía publicó una información sobre una voluminosa serie de contratos en el Consejo Nacional Electoral.
La información habla de montos tan abultados que debió haber tenido una mayor repercusión nacional.
Pero no se trata solo de eso. El portal trae una serie de afirmaciones (controvertidas por la administración) que serían indicativas de serias irregularidades. Enseguida presento un panorama general, siempre de conformidad con la información de La Silla Vacía.
Pero hay un segundo aspecto, si se quiere, más de fondo. El camino emprendido por el Consejo Electoral, bajo una norma general aprobada en el Plan de Desarrollo de este gobierno, significa una asunción de funciones de tipo puramente administrativo y operacional que tradicionalmente han correspondido a la Registraduría. Este desafortunado paso, que tuve ocasión de denunciar en la Comisión Primera del Senado, no solo desfigura la concepción del órgano electoral que ha venido funcionando bien, sino que implica a mi juicio una enorme duplicación de gastos que corresponden a la Registraduría, además de la creación a costos astronómicos de una serie de líneas de operación que eran cubiertas por la Registraduría. Es un festín del despilfarro. Es un brazo multimillonario que desfigura por completo el funcionamiento razonable del órgano electoral. Hay miles de millones de pesos para asumir operaciones que hoy son gratuitas o realizadas a muy bajo costo.
Adicionalmente, como veremos, una cosa es el deseo legítimo de darle un vuelco a la organización electoral agrupando todas las funciones hoy dispersas bajo el mando de una cabeza colectiva. Es el sistema imperante en Latinoamérica y otros países del mundo. Pero otra distinta es mantener la estructura actual, una estructura que gira alrededor de la competencia exclusiva de la Registraduría en lo operativo, y crear otra estructura paralela innecesaria en el estado actual de la organización botando dinero a manos llenas.
Reseñaré también los esfuerzos que hice en el Senado para implantar una organización con un ente colectivo a la cabeza, adelantar una reforma de fondo, habiendo sido derrotado varias veces por la lamentable incomprensión de los senadores de la mencionada Comisión.
Vamos por partes:
Como dijimos, el CNE funcionaba con un presupuesto anual de COP 54.000 millones. Toda la organización de las elecciones la hacía la Registraduría. En 2022, pretextando la necesidad de independencia el Consejo, se llegó a un presupuesto de COP 224.000 millones de 2024 y ni más ni menos que un billón de pesos en 2025. Un ascenso meteórico.
Lo grave es que, para atender esta desmesurada glotonería, el Consejo empezó una carrera de contratación que, en el fondo, es una duplicación de la labor de la Registraduría o una explosión de contratos innecesarios.
Un ejemplo es elocuente: la acreditación y capacitación de testigos electorales ha sido tradicionalmente una tarea gratuita, hecha con recursos ordinarios o de muy bajo costo. En un solo año, el Consejo contrató esa función con un costo de COP 438.000 millones. Llama la atención que el propio Consejo en 2025, en su solicitud de presupuesto dirigida al Ministerio de Hacienda, calculó que el costo sería solo de COP 9.000 millones. Según La Silla, pasó de calcular los COP 9.000 millones a COP 630.000 millones en 2026, “cifra que está muy cerca de lo que costará todo el andamiaje para la elección presidencial de 2026”.
La Silla afirma que además hay sobrecostos, algo que deberá ser determinado por la autoridad competente. Hago constar que el presidente del Consejo ha negado toda irregularidad. No es este el punto de esta columna.
Pero la verdadera irracionalidad de esto es la siguiente: el modelo de organización electoral generalizado es que a la cabeza esté un organismo colectivo. Consejo, Tribunal o Corte Electoral independientes. En Colombia, en cambio, desde siempre, la responsabilidad de la organización se ha confiado a un solo funcionario, el registrador. Aunque en general esta fórmula ha funcionado bien, sí es válido pensar que brinda mayores garantías un cuerpo colegiado multipartidista e independiente.
Propuse esa transformación en el Congreso. Pero la negativa de los partidos fue rotunda. Incluso senadores de muy buen crédito dijeron: “No nos dejaremos quitar lo último que nos queda”. Esto es una aberración porque la organización electoral no debe ser de nadie. Propuse entonces que al menos se eligieran los consejeros de manera independiente, no como delgados directos de los partidos como es ahora. También fui derrotado. Este es un punto crítico. Los consejeros son representantes directos de los partidos. Esto les quita independencia y credibilidad. Mi propuesta, que es el sistema universal, era un procedimiento más sofisticado que apuntara a la creación de verdaderos consejeros independientes.
Pero lo que está pasando nos lleva al peor de los mundos: la Registraduría mantiene todas sus funciones y recibe, por tanto, el presupuesto necesario. Y, a la vez, muy a la colombiana, para satisfacer las ansias del Consejo y de quienes merodean por allí, entonces sea crea un prepuesto paralelo de proporciones gigantescas. Una cosa era fusionar todo en una sola organización con un brazo operativo único. Otra muy distinta es crear una especie de doble Registraduría vicariante y paralela para que gaste en un festín pantagruélico.
Coda. Todo esto sucede en momentos en que la ciudadanía manifiesta un apoyo extraordinario a la Registraduría. La última encuesta de Invamer muestra una cifra alta de confiabilidad: el 67 %. Solo superada por la Iglesia y los militares. Y en estudio de Cifras y Conceptos, conocido el día 15 de enero, al examinar las ideas de los jóvenes, se lee lo siguiente: “La encuesta evaluó, además, la percepción de este grupo poblacional frente a las instituciones. El 72 % afirmaron que la Registraduría es la institución en la que más confían, seguida por las Fuerzas Militares (67 %) y los consejos de juventud (62 %)”.
