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Ya se sabe que el más chisgarabís de todos en el festín mediático de la
República Dominicana fue Daniel Ortega. Se coló a una fiesta ajena,
llegó tarde para cumplir claramente el libreto que le fue asignado por
Hugo Chávez y se limitó a plantear reclamos en relación con el
Meridiano 82 que no tienen asidero en el derecho internacional.
En primer lugar, dice que Colombia incumple el fallo de la Corte de La Haya. Ahí comienza la cadena de errores protuberantes. La Haya no se ha pronunciado a través de ningún fallo definitivo. Simplemente resolvió un incidente de excepciones previas en el que señaló que carecía de competencia para discutir la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por cuanto la vigencia de un tratado que sigue incólume le cerraba esa puerta. En cuanto a Serrana, Roncador y Quitasueño, como se hallaban en discusión con los Estados Unidos, asumió competencia, al igual que sobre el Meridiano 82 del cual dijo que no era frontera marítima.
Por lo tanto, en contra de lo que dice Ortega, no hay decisión ninguna sobre ese Meridiano. Como es apenas obvio, y es base inamovible del derecho internacional, hasta tanto recaiga sobre esa disputa una decisión de la Corte, Colombia seguirá ejerciendo su soberanía como viene haciéndolo desde hace muchos años. Es el llamado statu quo, una noción elemental que cualquiera comprende. Hasta los inspectores de Policía saben que eso es así.
Se queja Ortega del patrullaje colombiano en sus aguas jurisdiccionales. No tiene razón, porque éste se lleva a cabo al este del Meridiano 82 y porque, además de un ejercicio normal de soberanía hasta cuando se desate el diferendo, es también una necesidad, de Colombia y otros países, para evitar el flujo de narcóticos y de armas.
Ahora se anuncia que mediante decreto Ortega ha adoptado el criterio de las 200 millas de una especie de zona económica exclusiva. Pero, como es obvio, dada la cercanía de San Andrés, y el hecho obvio, con fundamento indiscutible, de que esa masa insular genera derechos sobre el mar adyacente, la decisión de Ortega, enfrente de la Costa Mosquitia, debe sujetarse a lo que dirima la Corte en el futuro y en todo caso no puede superponerse a los derechos de Colombia.
Ilustres internacionalistas, entre ellos Gaviria Liévano y Alberto Lozano, han sugerido la necesidad de pedirle a la Corte medidas cautelares para callarle la boca a Ortega.
La idea me parece desacertada. En primer lugar, la situación de Colombia es clara y no sería conveniente someterla al ignoto aval de la Corte.
Por otro lado, dada cierta tendencia de las cortes internacionales hacia las soluciones salomónicas, puede suceder que ese organismo disponga, a título de decisión precautelar, por ejemplo, el congelamiento de una zona a ambos lados del Meridiano 82, en la cual ninguna de las dos naciones pueda ejercer derechos ni llevar a cabo patrullaje alguno. En tal caso, que no por hipotético es menos posible, Colombia terminaría viendo afectada una situación que hoy no admite discusión.
Creo que ese no es el camino. Sin prepotencia ni alarde, simplemente Colombia debe continuar con su línea de conducta, explicando eso sí en todas las cancillerías una posición que es inobjetable, y dejar que Ortega siga ladrándole a la Luna.
