Creo que tendremos elecciones. Espero que el resultado sea claro y percibido como legítimo por la población. Pero eso no significa que no existan riesgos importantes. Van algunos de ellos.
El primero está dentro del Estado. Parece increíble. Las dudas nacen en la propia Casa de Nariño. El registrador lo está haciendo muy bien. El organismo electoral está preparado. Debería ser objeto de una confianza general. Creo que es el único país del mundo (con excepción de Estados Unidos) en el que advertencias de un hipotético fraude (sin pruebas) provienen de la propia jefatura del Estado. ¿Habrá algo más desestabilizador? Petro tiene razón en que en 2022 pasó algo irregular. Pero el problema no tuvo nada que ver con el software. Al imprimir el formulario del preconteo que hacen los jurados, el Pacto Histórico quedó ubicado de manera que muchos no vieron la casilla. Fue algo totalmente accidental que se corrigió a tiempo. Penagos ha mostrado que es imparcial. Que está preparado. Que es juicioso. La comunidad internacional está haciendo su trabajo. Esta vez se entregarán a todos los formularios de cada mesa de votación. El llamado E-14 y los otros dos. Cada colombiano los podrá ver en la red. Por su parte, el presidente confunde el preconteo, que es solo para informar a la comunidad y no produce efectos jurídicos, con el escrutinio formal. El preconteo de mesa lo hacen jurados, ciudadanos comunes escogidos de manera aleatoria. Imposible armar un tamal entre tanta gente. La información bruta estará a la vista de cada ciudadano. Más los miles de testigos que designan los partidos. Y el verdadero escrutinio lo hacen jueces, notarios, funcionarios que no dependen del ejecutivo y en todo caso no del registrador. De modo que esa idea de una Registraduría oscura donde se cocina el fraude no es real. Ya se mostró el código fuente, el cual queda sellado hasta el momento en que se utilice. Para claridad: lo que hace el software el día electoral es la sumatoria de los votos. Pero repito que todas las actas estarán en la red. Algo más de 700.000. Cualquiera las puede consultar. Y sumar.
El doctor Petro ganó con el mismo sistema que ahora impera, mejorado sustancialmente. Así fue alcalde, así fue congresista muchas veces. Ahora tiene la obligación de no especular. Si hay pruebas, y no prevenciones, que las ponga sobre el tapete. Pero si de lo que se trata es de llevar paraguas por si llueve, para justificar una posible derrota, o para dejar en el ambiente la consigna de que se robaron las elecciones, es decir, repetir la historia del Movimiento 19 de abril de 1970, entonces aquí hay una seria y muy grave responsabilidad histórica.
Otro riesgo proviene del voto producto de la intimidación. De ausencia de control territorial hemos pasado al control de las poblaciones. No es un fenómeno nuevo. Alguien de manera certera dijo que en Colombia tenemos más territorio que soberanía. Pero todo indica que el descontrol se ha intensificado en estos años recientes. No solo se trata de grupos criminales que controlan rutas y geografía para fines delincuenciales. Hay un creciente número de poblaciones cuya vida, incluso en cuestiones cotidianas, obedece a una autoridad de facto que nada tiene que ver con el control del Estado.
En reciente informe de Ideas para la Paz se afirma que el número de integrantes de los grupos ilegales ha llegado a 27.121. Esto equivale a un aumento del 23,5 % frente al 2024. En estos tres años ningún grupo se ha debilitado. Uno entiende que el presidente Petro, cuando tomó posesión, encontró que el modelo anterior, negociaciones unificadas con carácter nacional, ya había cumplido su cometido con las conversaciones de La Habana. La conflictividad había cambiado. Hemos visto una diáspora de grupos que combaten entre sí, no tanto con el Estado. Solo lo enfrentan cuando les es necesario. La guerra es otra. Petro tenía necesidad de innovar. Creyó que una política en la línea de “abrazos, no balazos” era el camino. Pero el resultado ha sido una remisión neta del Estado. Más grave aún es que en las zonas de frontera se ha profundizado el fenómeno del control de poblaciones en manos de ilegales. Estas bolsas de no nacionalidad ya no son una cuestión de inseguridad. Son un tema de soberanía. Ahora bien: en esos sitios, la intimidación puede determinar el sentido de la votación. ¿Cuántos votos pueden ser producto del cañón del fusil? No se sabe. Pero en un final reñido en junio del 2026, esta votación puede ser definitoria. Y lo que podría desprenderse de allí no solo sería una ruptura social muy peligrosa, sino un resultado afectado por una ilegitimidad indeleble.
Otro tema es el riesgo de la perpetuación de la cleptocracia. Ya se sabe que la corrupción se ha convertido en paisaje. Sergio Fajardo ha dicho con razón que de la forma como sean elegidos, así mismo gobiernan. Tiene razón. Se pensó que con Petro esto iba a cambiar, pero primó el pragmatismo, aunque el presidente sostiene que todo ha sido a sus espaldas. Pero voy más allá de Fajardo: la corrupción ya es un elemento constitutivo del régimen, es un mecanismo de gobernanza inherente al sistema. Es estructural, no es solo un delito o una ofensa moral. He encontrado que al menos 30 de los candidatos opcionados al Senado tienen relaciones directas o indirectas con casos de corrupción. ¿Cuántos serán elegidos?
Nada de esto lo resolveremos de la noche a la mañana. Pero se puede controlar porque se puede lograr que la votación limpia prevalezca sobre las maquinarias. En todo caso, el punto ahora es el compromiso de respetar el resultado. Aceptar la legitimidad del ganador. Y que entre a operar el gobierno y, también, la oposición. Con decisión porque la política es dura, pero con respeto. El acuerdo sobre lo fundamental es el respeto al disenso.
