¿Salirse de la Corte Penal Internacional?

Ha circulado el rumor de que el gobierno piensa retirar a Colombia de la jurisdicción de esa Corte. ¿Debe un columnista ocuparse de un rumor? En este caso creo que sí.

Primero, porque hay una muy seria campaña contra ese organismo. Estados Unidos ha llegado a atacar personalmente a los jueces que la integran. No es que los jueces tengan inmunidad frente a posibles actos indebidos. Pero una cosa es juzgarlos y otra, como lo ha hecho el propio presidente Trump, impugnar de raíz a la Corte. Y todo esto ocurre cuando se abrieron en el pasado investigaciones contra militares norteamericanos en Afganistán. Y, además, cuando hay quejas formales del gobierno estadounidense por la orden de arresto contra Netanyahu.

El rumor ha sido difundido por periodistas serios.

Y, en segundo lugar, porque es preferible hacer advertencias a tiempo que simplemente esperar para llorar sobre la lecha derramada.

El Estatuto de Roma pone en funcionamiento una justicia que esté por encima de las soberanías nacionales para combatir los grandes crímenes internacionales: genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Esto difícilmente podría ser desaprobado, más allá de las imperfecciones de la Corte.

En el fondo, hay quienes creen que hay que soltarle amarras a los órganos que combaten el crimen, los militares y policías en particular, porque el auge del crimen exige mayor libertad de acción. La otra posición es esta: es esencial atacar las diversas formas de criminalidad, pero debe hacerse con respeto a las exigencias en derechos humanos. Porque eso de “soltar las amarras” es un canto de sirena: aunque quizás se pueda inicialmente lograr eficacia, un escenario de menores controles da lugar a otra forma igualmente criminal: la violación de los derechos de los culpables y las afectaciones a personas inocentes.

Hay que advertir que el anuncio de retiro de la Corte no opera de inmediato. Solo se aplicaría un año después. Y algo aún más serio: dice textualmente el Estatuto: “la denuncia (terminación) tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera antes”. De modo que quienes se hayan alegrado con el rumor, deben bajarse de esa nube. Incluso, militares que sintieron alivio, han sido mal informados. La Corte, aún si se denuncia el Estatuto hoy, no pierde jurisdicción sobre las “cuestiones” anteriores. Se equivocan quienes creen que la salida del Estatuto sustrae de inmediato y con carácter retroactivo a los posibles implicados.

Lo segundo se relaciona con los efectos del retiro del Estatuto y sus relaciones con la JEP. En Colombia ha hecho presencia la CPI por varios años bajo un esquema de “examen preliminar” dadas las graves violaciones que han tenido lugar. En 2021 la CPI cerró esa etapa, no porque considerara que los delitos cometidos carecían de extrema gravedad, sino porque reconoció que estaban funcionando los mecanismos internos, en especial la justicia transicional. Vale decir, la puesta en marcha de la JEP permitió salir de esa zona de examen preliminar, pero siempre y cuando se mantuviera la persecución de los graves delitos internacionales. En consecuencia: tanto el retiro del Estatuto de Roma como la eliminación de la JEP (que se ha mencionado expresamente) pueden provocar el reinicio de la actuación de la CPI.

Entonces, si el rumor es cierto, el gobierno debe meditarlo seriamente. Y los militares deben moderar posibles expectativas favorables. Incluso, puede ser un búmeran. Lo que le conviene a los militares es que la JEP termine pronto su misión. Y que, entre tanto, se salvaguarden de manera meticulosa los derechos de los militares a un debido proceso. Hay en ciernes llamados a militares y policías que ni siquiera han sido mencionados como autores de conductas ilegales. Y que se los llame a interrogatorio en un ejercicio de “justicia por atarraya” que consiste en llamarlos, aunque no haya indicio alguno, “a ver que encontramos”. Eso no puede suceder. La legitimidad de la JEP se basa, a la vez, en resultados (se viene haciendo ya con las FARC) pero en hacerlo con rigor para no cometer injusticias.

Tampoco debería el gobierno desestimar la crítica que podría traer el retiro. Porque el incentivo serían los aplausos de quienes creen que retirando a la CPI vamos a derrotar a los ilegales. Pero la mirada internacional puede ser que Colombia abandona los mecanismos de lucha contra crímenes internacionales gravísimos. Una cosa es que Estados Unidos, China o Rusia, que son potencias, no hagan parte del Estatuto. Otra es un país de peso mediano como nosotros. Es preferible estar acompañado de los 125 que hacen parte del Estatuto.

¡Ojo! Está previsto que un país se salga del Estatuto de Roma que contiene la tipificación de los crímenes internacionales más graves. Pero no que salga la Corte y siga el Estatuto. De modo que, señor gobierno, salirse del Estatuto será leído como salirse de la norma que define y castiga los crímenes mismos.

Coda 1: La Constitución dice que corresponde al presidente “dirigir las relaciones internacionales”. Petro por sí y ante sí tomó decisiones que afectaron las relaciones con otros países, Estados Unidos entre ellos. Los efectos amenazaron la economía, el empleo y la cooperación. Hubo una “diplomacia paralela” para amortiguar los riesgos. ¿No es hora de repensar esa norma? ¿No es hora de establecer mecanismos que integren a la toma de decisiones internacionales a funcionarios y personas afectadas? Una alteración de las relaciones, como estuvo a punto de suceder con Estados Unidos en el gobierno anterior, pudo generar daño a la economía y, de contera, al empleo. ¿No deberían los afectados tener una voz en las decisiones que los afectan? Y entre tanto: el ingreso al Estatuto requirió una reforma constitucional, luego una ley y, finalmente, una sentencia de la Corte. Es muy dudoso que, para salirse, baste la sola decisión presidencial.

Coda 2: El nuevo gobierno promete lucha contra las diversas impunidades. Las infracciones de tránsito producen accidentes muchas veces mortales. Me produce cierta disonancia cognitiva que desde el gobierno se haya desatado una guerra contra las cámaras que son un mecanismo eficaz para prevenir los daños y castigar las faltas. Si hay irregularidades, claro que hay que corregirlas. Pero decir que poner cámaras es infame y que, por ejemplo, en alguna carretera hay demasiadas, no me suena. No veo la lógica de esa guerra.