Salto al pasado

HAY LA SENSACIÓN DE QUE EN EL orden público hemos retrocedido 10 años. Se respira un ambiente de agitación permanente. Acabó de suspenderse un largo paro judicial con consecuencias desastrosas. Por momentos, el Gobierno parecía al garete. Y como consecuencia de ello, al final tuvo que apelar al cañón Bertha de la conmoción interior.

Hay paro en la Registraduría, de los corteros de caña, jornadas de calentamiento en la DIAN y convocatoria a una movilización de protesta del sector público. Desde hace años no veíamos tan alto grado de confrontación en las poblaciones indígenas, incluido el cierre de la carretera Panamericana, algo que era un mal crónico en los noventa. Después de los encapuchados de la Universidad Distrital, voces oficiales dicen que hay un plan de las Farc para tomarse la educación superior. Y, por fin, se ha decretado un paro armado en Urabá, esta vez no por cuenta de la guerrilla sino de grupos emergentes, al parecer vinculados al narcotráfico. Que tales grupos tomen el nombre de Gaitán, es apenas la inevitable nota de ironía que acompaña siempre nuestra realidad.

Es necesario llevar a cabo una evaluación seria, no propagandística, del conflicto. En efecto, el primer gobierno de Uribe implicó avances significativos y palpables. Se recuperaron las carreteras, una ola de optimismo sobre el final del conflicto invadió el país y altos mandos militares llegaron a decir que era el fin del fin de la lucha armada. Por el lado paramilitar, aunque no cesó la controversia por la Ley de Justicia y Paz, hubo desmovilizaciones masivas. Todas las cifras de criminalidad cedieron.

Al comienzo de Uribe II, hubo una especie de reflujo. La situación se amorcilló. Se sabía que continuaba la lucha pero los resultados se paralizaron hasta cuando Karina, Raúl Reyes, Iván Ríos y ‘Operación Jaque’ parecieron corroborar la tesis del puntillazo final. Pero ahora, en un vuelco dramático, ha regresado el temor de que las Farc están vivas, que tienen planes sólidos hacia el futuro y que el final de la confrontación se aleja.

Y a todas estas, Vivanco, a nombre de HRW, acusa al Gobierno de entorpecer las investigaciones de la parapolítica, en momentos en que en algunas regiones se sabe que el poder político de estas organizaciones tenebrosas no ha desaparecido.

Habría que esclarecer si se trata de vaivenes sicológicos en la población y evaluar el estado real del conflicto. No sabemos si algunos hechos se han magnificado para sostener que “la culebra está viva”. Tampoco si la agitación laboral en el sector público obedece a fenómenos salariales aislados o si hay un plan de mayor envergadura.

 No es fácil, desde el momento en que las Farc vienen siendo utilizadas con propósitos políticos inmediatos. Puede decirse que las Farc son la mayor fuerza conservadora en Colombia. El legado de las Farc, además de desolación y salvajismo, es haber obturado las vías democráticas para tramitar el conflicto social. El riesgo es que un abultamiento ficticio de su poderío termine favoreciendo la reelección. Pero es un balance necesario. En estas épocas de polarización, al menos deberíamos lograr un compromiso suprapartidista para establecer el estado de la guerra.