Las guerras y las pestes ponen de manifiesto el hambre que desatan. Pero hay un hambre que no es la protagonista en las noticias ni en la historia oficial; un hambre perniciosa, enquistada, que mata poco a poco: la del estómago henchido de comida procesada y mustia —la única que puede conseguir con sus flacos ingresos el pueblo soberano—. Mata de obesidad y de diabetes; condena a la desnutrición; deteriora el sistema inmunológico y conduce a la alienación y al desespero. Así sucede aquí, en uno de los países con más privilegios biológicos e hídricos del globo, en donde la pesca, las frutas domesticadas y silvestres, los granos ancestrales y las verduras podrían ser abundantes, locales, accesibles y una fuente cercana de los requerimientos mínimos para tener el cuerpo y la mente saludables. ¿Y por qué no es así?
La respuesta es compleja, pero hay factores obvios y estudiados. A grandes rasgos: una cosa es la predicada seguridad alimentaria —en la que los países más pudientes producen industrialmente su chatarra y se la venden a las malas a los famélicos de otras latitudes—, y otra muy distinta la soberanía alimentaria —en la que los países son dueños y señores de lo que producen y consumen, localmente, con una adecuada distribución de las tierras productivas, preservando las semillas ancestrales, en condiciones mínimas de paz y promoviendo agriculturas limpias—. En la primera, la “dieta neoliberal” es el verdugo indiscutible que desangra la vida gota a gota y homogeneiza globalmente la hambruna disfrazada. En la segunda —como anhela el nuevo vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca en su discurso sabio— cambiamos al verdugo por las bondades que ofrece la madre tierra recobrada para un colectivo de personas, conectadas entre sí y con sus territorios, con su cultura material y espiritual, honrando sus raíces.
El régimen alimentario corporativo es una de las estructuras modernas que adopta el capital. Su imperio alimentario, una verdadera dictadura no tan soslayada, se afinca en los defectos de un carácter criminal: el ser humano vale menos que el dinero; la agricultura es de monocultivos y agrotóxicos letales o granjas de animales maltratados y tierras fértiles destinadas al ganado, sin escrúpulo ecológico, político o moral. Los intercambios comerciales son leoninos y así, escudados en el concepto de una “seguridad alimentaria” sin otras condiciones, arrasan a su paso selvas, tierras y aguas. Su contraparte, la soberanía alimentaria, un concepto nacido de los campesinos (a los que hoy tenemos vendiendo su papa a duras penas), considera que es un derecho de los pueblos tener “alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles…sostenibles y (sobre todo) el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
Si no fuera porque hubo y hay ejemplos de soberanía alimentaria como el de Bhutan o como el que Bolivia está ahora empeñada en reconstruir una vez más, se diría que es un ideal inalcanzable. Sin embargo aquí, en los sesudos Acuerdos de Paz que se firmaron ante los ojos del mundo —y que los capataces de las dietas neoliberales quieren bombardear a toda costa— este concepto ya está desmenuzado y con soluciones viables, realistas y graduales que comienzan con una urgente y aplazada Reforma Rural Integral, que cobija los aspectos más benéficos de una nueva economía más circular y justa. Se complementa con las Zonas de Reserva Campesina, diseñadas además para detener la deforestación que se devora los recursos del planeta; los colombianos hemos pensado y repensado estos asuntos; debemos actuar ya bajo la guía de lo que los negociadores que con tantos esfuerzos, inteligencia, audacia y buena voluntad acordaron como una posible solución para el hambre de este pueblo y su salud individual y colectiva. Hay tiranías de tiranías, pero la de la codicia, la del hambre y la actual dictadura alimentaria socavan los cimientos de la vida. Hay que defender y poner a marchar esos acuerdos.
Las guerras y las pestes ponen de manifiesto el hambre que desatan. Pero hay un hambre que no es la protagonista en las noticias ni en la historia oficial; un hambre perniciosa, enquistada, que mata poco a poco: la del estómago henchido de comida procesada y mustia —la única que puede conseguir con sus flacos ingresos el pueblo soberano—. Mata de obesidad y de diabetes; condena a la desnutrición; deteriora el sistema inmunológico y conduce a la alienación y al desespero. Así sucede aquí, en uno de los países con más privilegios biológicos e hídricos del globo, en donde la pesca, las frutas domesticadas y silvestres, los granos ancestrales y las verduras podrían ser abundantes, locales, accesibles y una fuente cercana de los requerimientos mínimos para tener el cuerpo y la mente saludables. ¿Y por qué no es así?
La respuesta es compleja, pero hay factores obvios y estudiados. A grandes rasgos: una cosa es la predicada seguridad alimentaria —en la que los países más pudientes producen industrialmente su chatarra y se la venden a las malas a los famélicos de otras latitudes—, y otra muy distinta la soberanía alimentaria —en la que los países son dueños y señores de lo que producen y consumen, localmente, con una adecuada distribución de las tierras productivas, preservando las semillas ancestrales, en condiciones mínimas de paz y promoviendo agriculturas limpias—. En la primera, la “dieta neoliberal” es el verdugo indiscutible que desangra la vida gota a gota y homogeneiza globalmente la hambruna disfrazada. En la segunda —como anhela el nuevo vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca en su discurso sabio— cambiamos al verdugo por las bondades que ofrece la madre tierra recobrada para un colectivo de personas, conectadas entre sí y con sus territorios, con su cultura material y espiritual, honrando sus raíces.
El régimen alimentario corporativo es una de las estructuras modernas que adopta el capital. Su imperio alimentario, una verdadera dictadura no tan soslayada, se afinca en los defectos de un carácter criminal: el ser humano vale menos que el dinero; la agricultura es de monocultivos y agrotóxicos letales o granjas de animales maltratados y tierras fértiles destinadas al ganado, sin escrúpulo ecológico, político o moral. Los intercambios comerciales son leoninos y así, escudados en el concepto de una “seguridad alimentaria” sin otras condiciones, arrasan a su paso selvas, tierras y aguas. Su contraparte, la soberanía alimentaria, un concepto nacido de los campesinos (a los que hoy tenemos vendiendo su papa a duras penas), considera que es un derecho de los pueblos tener “alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles…sostenibles y (sobre todo) el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
Si no fuera porque hubo y hay ejemplos de soberanía alimentaria como el de Bhutan o como el que Bolivia está ahora empeñada en reconstruir una vez más, se diría que es un ideal inalcanzable. Sin embargo aquí, en los sesudos Acuerdos de Paz que se firmaron ante los ojos del mundo —y que los capataces de las dietas neoliberales quieren bombardear a toda costa— este concepto ya está desmenuzado y con soluciones viables, realistas y graduales que comienzan con una urgente y aplazada Reforma Rural Integral, que cobija los aspectos más benéficos de una nueva economía más circular y justa. Se complementa con las Zonas de Reserva Campesina, diseñadas además para detener la deforestación que se devora los recursos del planeta; los colombianos hemos pensado y repensado estos asuntos; debemos actuar ya bajo la guía de lo que los negociadores que con tantos esfuerzos, inteligencia, audacia y buena voluntad acordaron como una posible solución para el hambre de este pueblo y su salud individual y colectiva. Hay tiranías de tiranías, pero la de la codicia, la del hambre y la actual dictadura alimentaria socavan los cimientos de la vida. Hay que defender y poner a marchar esos acuerdos.