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El cierre del año deja más preguntas que respuestas sobre la efectividad de la política agropecuaria nacional. El informe oficial del Ministerio de Agricultura, presentado por la ministra Marta Carvajalino, afirma que “el sector agropecuario colombiano vivió un periodo de transformación profunda y avances significativos”. Sin embargo, los indicadores y la realidad productiva cuentan otra historia.
Primero, la infraestructura hídrica sigue siendo el talón de Aquiles del agro. La ausencia de incentivos para riego y drenaje ha profundizado la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos. El exceso de lluvias en la altillanura y el Pacífico desplomó rendimientos en soya, maíz, arroz y caña; mientras que el déficit hídrico en la región Caribe golpeó ganadería y cultivos de palma, plátano y frutales. ¿Solución? Crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica con líneas de crédito de largo plazo y tasas subsidiadas, fortalecer seguros agropecuarios paramétricos contra riesgos climáticos e incentivar tecnologías de agricultura de precisión para optimizar agua y fertilizantes. Sin esto, seguiremos improvisando ante cada fenómeno climático.
Segundo, las cifras del PIB agropecuario no cuadran. El DANE reporta crecimientos de 7,1 % en el primer trimestre, 3,8 % en el segundo y 2,4 % en el tercero, atribuidos a pesca, acuicultura, extracción de madera y exportaciones de café y carne bovina. Pero estos sectores carecen de estadísticas confiables desde hace más de tres años, y el incremento en exportaciones no justifica semejante expansión. Urge una auditoría técnica al sistema estadístico agropecuario y la creación de un Observatorio Nacional de Producción y Precios, integrando datos satelitales y blockchain para trazabilidad. Sin transparencia en las cifras, no hay política seria.
Tercero, la Reforma Agraria avanza a paso lento y con riesgos. La Agencia Nacional de Tierras reporta la compra de 440.078 hectáreas (apenas 14,6 % de la meta de tres millones). El problema no es solo la baja ejecución, sino la adjudicación de predios sin registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, sin pago completo a propietarios y con litigios activos en tierras de la SAE. Esto puede derivar en conflictos sociales, violencia y desplazamiento. ¿Cómo corregir el rumbo? Garantizando transparencia y trazabilidad en la adjudicación mediante plataformas digitales abiertas, priorizando la formalización de títulos antes de la entrega y creando un mecanismo de conciliación jurídica para predios en litigio. La improvisación en tierras es gasolina para el conflicto.
Cuarto, el crédito rural se contrajo peligrosamente. Finagro reporta una caída de 25.000 créditos para pequeños y medianos productores entre enero y octubre frente al mismo periodo de 2024. Esto frena inversión y tecnificación. He propuesto varias veces al Banco Agrario y Finagro lanzar un programa de microcrédito digital rural, con desembolsos ágiles y garantías estatales, establecer líneas de crédito verde para proyectos sostenibles y resilientes al cambio climático, e integrar plataformas tecnológicas para reducir intermediación y costos financieros. Hasta ahora, silencio.
Conclusión: El 2025 evidencia que la política agropecuaria carece de enfoque estructural. El 2026 debe ser el año de la productividad, la transparencia y la innovación tecnológica en el agro. Sin estas acciones, el campo seguirá siendo el eslabón más vulnerable de la economía nacional.
*Asesor en financiamiento agropecuario
