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Desde el boom de la marimba, a finales de la década de los 70, los cultivos ilícitos han sido el dolor de cabeza más grande de todos los presidentes de este país.
En un reciente reporte de la Casa Blanca, se afirmó que Colombia llegó a los niveles más altos de cultivos ilícitos en el 2020, con un área de 245.000 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 15% respecto al 2019. Para que tengan un referente del problema, esta superficie de coca es más grande que todo el arroz que se cultiva en los Llanos Orientales y la región Caribe. El estudio de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que ya existen unos 170.000 hogares involucrados en estos cultivos y que recibieron por la venta de la hoja de coca, la pasta básica y la base de cocaína producida en sus fincas más de $2,7 billones de pesos en el 2019.
En las siguientes páginas del estudio de monitoreo de la UNODC, se observa que el 90 % de los cultivos de coca están concentrados en los corredores geográficos del Catatumbo (Norte de Santander); Tumaco y El Charco (Nariño); El Naya, Argelia y El Tambo (Cauca); Valdivia, Tarazá y Cáceres (Antioquia), y en la frontera con Putumayo, donde los grupos ilegales adaptaron variedades de semillas genéticamente mejoradas como la boliviana, chipara y pinguana, las cuales producen el doble de hojas con menos consumo de agua, plaguicidas y fertilizantes. Ni los cafeteros con todos los miles de millones de pesos invertidos en 50 años han sido tan eficientes. El ICA y Agrosavia se quedaron en pañales frente a los avances que este sector ilícito de la economía agrícola ha logrado en materia de nuevas tecnologías, buenas prácticas agrícolas y control fitosanitario.
El otro problema grave de los cultivos ilícitos en Colombia es que se están expandiendo en zonas de reserva forestal, resguardos indígenas, predios baldíos adjudicados a comunidades afrodescendientes, zonas de reserva campesina y en áreas rurales de los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde precisamente el Gobierno ha realizado el mayor esfuerzo institucional y la mayor inversión en recursos públicos a través de varios ministerios y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. Claramente, algo no está funcionando bien.
Hace un par de meses le pregunté a un campesino de una de estas zonas qué tenía que hacer el Estado para convencerlo de reemplazar su plantación de coca por un cultivo lícito, y me respondió: Lo mismo que hace mi patrón. Es decir, proteger mi propiedad, ayudarme con una platica para tener una vivienda digna, facilitarme una buena semilla, capacitarme en buenas prácticas agrícolas, financiarme completamente el cultivo, enseñarme a darle valor agregado al negocio y asegurarme la compra de la cosecha en mi finca a un precio justo. El Gobierno (mi otro patrón) no ha sido capaz de garantizarme nada de esto.
Si el Gobierno sigue insistiendo en resolver este problema con soldados arrancando matas o unas avionetas rociando glifosato, la política de erradicación de cultivos ilícitos seguirá siendo un fracaso. Hay que cambiar el chip.
* Consultor en financiamiento agropecuario.
