Dentro de los indicadores de gestión del sector agropecuario, hay tres que le están advirtiendo al gobierno que las cosas no van por buen camino.
En el reciente reporte trimestral del PIB, el Dane reveló que el sector agropecuario tuvo un irrisorio crecimiento del 0,3 %, después de dos trimestres negativos. En términos médicos, pasó de UCI a cuidados intermedios. Los únicos sectores que crecieron fueron el café y la pesca con acuicultura. En contraste, las actividades más importantes, como los cultivos agrícolas, silvicultura y ganadería, siguen cayendo.
Esta misma semana, el Dane reveló el informe del comportamiento de las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. El informe muestra un preocupante crecimiento exponencial de las compras externas desde el gobierno de Iván Duque. Dice el Dane que, entre enero y marzo de 2023, las importaciones CIF fueron por un valor de 2.616 millones de dólares, lo que representa un aumento del 55,4 % en comparación del mismo periodo de 2019. Esto significa que la política de fomento al crecimiento, productividad y competitividad del sector agrícola en Colombia ha sido un fracaso en los últimos cinco años. Es inconcebible, por ejemplo, que estemos importando más de seis millones de toneladas de maíz amarillo y casi 500.000 toneladas de soya, teniendo más de tres millones de hectáreas aptas para las siembras de esos cultivos en la Altillanura, Norte del Valle, Risaralda y sur del Cesar. Tampoco es aceptable que cerca del 50 % del pescado que se consume en el país sea importado, teniendo dos mares y tantos ríos.
El tercer indicador que nos muestra un sector agrícola deprimido es el crédito agropecuario. La semana pasada, Finagro reveló que, entre enero y abril de 2023, se desembolsaron 7,3 billones de pesos al sector agropecuario, con una caída del 21 % respecto al mismo periodo de 2022. Lo preocupante de este tema es que se están cayendo mucho los créditos de inversión y capital de trabajo para la producción de alimentos y transformación de materias primas. Claramente, este triste panorama es consecuencia de las decisiones desacertadas tomadas el pasado 20 de diciembre por los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, el órgano rector de la política de crédito agrícola en Colombia. El daño que le hicieron al sector amerita un juicio político y fiscal por parte del Congreso de la República y la Contraloría General de la República.
Frente a este preocupante panorama y un fenómeno de El Niño, respirándoles en la nuca a los productores del campo, a la nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le queda poco espacio de tiempo para corregir el rumbo del sector. Si estuviera en mis manos la responsabilidad de resolver esta crisis agrícola, asignaría un paquete de recursos para: (i) incentivos de ICR para sistemas de riego -presas, canales, pozos profundos y paneles solares-; (ii) subsidio de tasa de interés (IBR-1 % anual) para principales cultivos o productos de la canasta familiar; (iii) activaría las líneas de crédito para contratos forward y agricultura por contrato; (iv) aumentaría y liberaría la importación de varias semillas, y (v) reduciría los aranceles e impuestos a todos los agros insumos y equipos agrícolas.
*Consultor en crédito de fomento agrícola.