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Este relato comienza el 26 de agosto de 2017, cuando advertí en este espacio al gremio de los arroceros -Fedearroz- la importancia de administrar eficazmente los recursos que estaba recaudando de la ETC Col-Rice, por las subastas de importación de arroz desde los Estados Unidos, y los recursos de las cuotas de fomento que aportan los agricultores.
La idea original fue que dichos recursos se destinaran a cerrar las brechas del eslabón primario en términos de costos de producción, productividad, investigación genética, tecnificación e infraestructura de riego, y así ser capaces de competir frente a los arroceros de Estados Unidos y demás países de Suramérica.
El 9 de septiembre de 2017, en respuesta a una carta del presidente de Fedearroz, le ratifiqué mi preocupación respecto al destino que le estaba dando a los recursos de sus afiliados, pues el Decreto 728 de 2012 establece que los recursos provenientes de las subastas de arroz del TLC, deben ser invertidos en proyectos de desarrollo de mercados y/o competitividad en beneficio del sector de la producción.
El 26 de enero de 2018, en otra columna de opinión, le transmití a los directivos de Fedearroz la molestia de los arroceros de la Mojana y Casanare porque, mientras el gremio se volvía más rico, ellos se empobrecían más. Una semana después, el 3 de febrero de 2018, volví a advertirles en este espacio la enorme ventaja que nos estaban cogiendo en materia de productividad y competitividad los arroceros de Estados Unidos y Suramérica.
El 29 de junio de 2019, en este espacio, le sugerí al Ministerio de Agricultura, a la Contraloría General de la República y a los congresistas de las comisiones V de Senado y Cámara, la apertura de una auditoría especial y el control político, a Fedearroz, para determinar el manejo de los millonarios recursos de las cuotas parafiscales de los productores y los que recibe de la ETC Col-Rice, por las subastas de importación de arroz desde los Estados Unidos.
No sé cuántas columnas más escribí sobre la desacertada gestión de Fedearroz y el mal manejo de los recursos de sus afiliados. Lo único cierto es que, desde el 2012 para acá, este gremio ha amasado una fortuna superior a los 94 millones de dólares, sin contar la cuota de fomento de los arroceros, que el año pasado superó los 25.000 millones de pesos. Mientras Fedearroz se dedicó a invertir millonarias sumas de dinero en plantas de secamiento, almacenamiento y trilla, los arroceros siguen sumidos en la ineficiencia y sin una cobertura de precio de sus cosechas. Según un estudio de la FAO, el rendimiento por hectárea del sector arrocero colombiano solo creció el 11 % en los últimos años, mientras que Uruguay subió a un 88 %, Perú 76 % y Bolivia 68 %. Mientras las semillas de ellos rinden entre 8 y 10 toneladas por hectárea, las nuestras rinden 4,8 toneladas/ha en promedio nacional. Lo más grave de este asunto es que, según una investigación de Acosemillas, el 68 % de la semilla de arroz que se utiliza no es certificada.
Así es todo en este país. Eso es lo que da la tierrita.
* Consultor en crédito de fomento agroindustrial.
