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El pasado 11 de julio, sugerí en este espacio a la ministra de Agricultura, representantes de las dignidades arroceras y directivos de Fedearroz, algunas recomendaciones para evitar el paro arrocero y la quiebra de muchos productores de arroz. Desafortunadamente no escucharon mis consejos y optaron por plantear soluciones utópicas que solo lograron empeorar el problema.
Para ponerlos en contexto, antes de que comenzara el calendario de siembras en abril de este año, el Ministerio de Agricultura y Fedearroz sabían que a junio de 2025 habría un inventario estimado de 535.000 toneladas de arroz paddy seco, que garantizaba el abastecimiento al mercado hasta el mes de septiembre de este año. A pesar de tener esta información, el Ministerio de Agricultura y Fedearroz permitieron que en abril se sembraran alrededor de 417.000 hectáreas de arroz, lo cual generaría una oferta adicional de 1,8 millones de toneladas de arroz paddy seco en agosto y septiembre.
Efectivamente, esta falta de planeación y control de las siembras provocó una avalancha de arroz que inundó el mercado y trajo como consecuencia una caída del precio al productor. De $1.436.000 la tonelada en 2024, cayó a $1.240.000 en 2025. Obviamente, para obtener punto de equilibrio con ese precio, el productor debe cosechar mínimo 5,7 toneladas de arroz paddy verde por hectárea, con un costo de producción de $7 millones por hectárea. El problema es que la mayoría de los productores de arroz del país están por debajo de ese rendimiento y por encima de ese costo, debido a que no siembran en el lugar y época adecuada, utilizan semillas contaminadas con patógenos, pagan altísimos precios de arriendos de la tierra y financian sus cultivos con altas tasas de interés por fuera del crédito de fomento de Finagro. Además, les toca dejar un porcentaje de sus ventas a Fedearroz (cuota parafiscal) y otro a los grupos armados ilegales (cuota de extorsión).
Para agotar todo este arroz en inventarios (equivalente a 1,5 millones de toneladas de arroz blanco), los colombianos tendríamos que consumir 3,5 kilogramos mensuales durante 8,7 meses. El otro problema grave es que los molinos no tienen suficiente capacidad para almacenarlo y los productores pueden perder parte de sus cosechas en campo. Lo más grave de esta seguidilla de errores en la política arrocera es que, ahora, optaron por regular los precios en la cadena industrial, comercial y de consumo. Esta disparatada medida de intervención estatal en el libre mercado tiene frenadas las compras de arroz y puede disparar la inflación. Están apagando el incendio con gasolina. Lo lógico es utilizar los recursos de los millonarios fondos que poseen el Ministerio de Agricultura y Fedearroz para subsidiar un porcentaje del costo de pre-limpieza, secamiento y almacenamiento, mientras se comercializa el arroz. Además, crear un mecanismo financiero de pago anticipado de cosechas a través de la Bolsa Mercantil de Colombia e incentivar mediante campañas de mercadeo un mayor consumo de arroz en los hogares colombianos.
La Procuraduría, Contraloría y el Congreso de la República están en mora de iniciar una investigación de oficio para determinar la responsabilidad disciplinaria, fiscal y política de los responsables de esta crisis arrocera.
*Experto en financiamiento agropecuario.
