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Han pasado dos décadas sin que pase algo extraordinario en el sector agropecuario de Colombia. El PIB agropecuario crece en promedio un tímido 3,8 % anual; la contribución del sector está por debajo del 10 % del PIB Nacional; el área agrícola sigue por debajo de los 6 millones de hectáreas, de 39 millones aptas para siembras en el país y las exportaciones de café, flores, banano, aceites y frutales están lejos de ocupar un puesto en el podio del comercio internacional.
Indudablemente, la culpa de este estancamiento e ineficiencia productiva es del manejo politiquero que le han dado los gobiernos de turno al sector. Los pactos burocráticos entre Palacio de Nariño y congresistas de los partidos políticos de la colación de gobierno, permitieron que el 70 % de los presupuestos del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas y vinculadas se quedara en los bolsillos de funcionarios, congresistas y contratistas, y solo el 30 % fuera destinado a los productores del campo. En vez de técnicos, nombraban negociantes. Ahora, el problema del sector es que, la mayoría de los funcionarios de este gobierno no tienen el perfil para los cargos y duran en ellos, menos que un cultivo de cebolla. Al final del día, no sabemos quién le ha hecho más daño al sector agropecuario, si los funcionarios corruptos o los funcionarios ineptos.
El sector agropecuario necesita urgente repensar su modelo productivo y gerencial, si en realidad queremos asomar la cabeza en el ranking de los países agroexportadores del mundo. El año entrante, hay que comenzar por derogar las leyes, decretos, resoluciones y circulares, que obstaculizan el desarrollo agrícola del país y replantear otras, como la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y el catastro multipropósito. Asimismo, eliminar el 100 % de los aranceles a las importaciones de maquinarias, equipos, agro insumos, biotecnologías y materias primas que se utilicen para la producción nacional.
El año entrante, nos toca zonificar los centros de producción agrícola del país, de acuerdo a las condiciones climáticas y adaptación de nuevas variedades de semillas, y que el Estado les asigne un presupuesto de recursos de inversión para proveer bienes públicos, créditos e incentivos a la infraestructura de producción agrícola. Ojalá se pudiera iniciar este modelo productivo con la iniciativa Soya-Maíz, Proyecto País, en la Altillanura, para incentivar además las siembras de caña de azúcar, palma de aceite, marañón y cacao, con el fin de crear los clústeres agroindustriales de alimentos balanceados, aceites y biocombustibles, entre otros.
El año entrante, también toca meterle gerencia al Grupo Bicentenario, para ponerle oficio a Finagro, Banco Agrario, Bolsa Mercantil, Fiduagraria y La Previsora de Seguros. Semejante equipo de apalancamiento financiero y el agro desfinanciado. Además, debemos volver a instituir las exenciones tributarias en los periodos improductivos de los cultivos perennes, ganadería regenerativa, silvopastoril y plantaciones forestales.
El año entrante, será la oportunidad para reestructurar las ineficientes entidades que torpedean las exportaciones agropecuarias como el Invima, ICA y Aduanas, y de ayudar a eliminar las ineficiencias en los productores del campo, erradicar las perversas prácticas de corrupción en las entidades públicas. Solo de esta manera, podremos ocupar los mejores espacios en los mercados mundiales.
*Consultor en apalancamiento financiero agroindustrial.
