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A la agricultura en Colombia le está pasando lo de la ley de Murphy, cuando parece que ya nada puede ser peor, las cosas empeoran más.
A la hora de comenzar a escribir esta columna (4:00 a.m.), escucho en la radio el anuncio de bloqueos en las vías que conectan los principales puertos marítimos y ciudades capitales del país con las zonas de producción agrícola e industrial de Antioquia, Altillanura, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Eje cafetero y Magdalena Medio. Me van a perdonar la expresión, pero en estas condiciones es muy jodido desarrollar agronegocios rentables y competir en los mercados internacionales. Cuando no son los bloqueos por protestas o derrumbes, son las invasiones, los robos y las extorsiones.
Los cambios en la política de crédito agropecuario han sido otro palo en la rueda al desarrollo del sector. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario le impuso a las grandes industrias un límite de $10.000 millones en créditos de fomento, lo cual impidió hacer los anticipos de cosechas y el pago de contado a los pequeños y medianos productores que proveen materias primas a las industrias de alimentos balanceados, láctea, molinera y textil, entre otros. Además, torpedearon el acceso al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y dispusieron los subsidios de tasa de interés después de las siembras.
Las organizaciones gremiales tampoco han ayudado a resolver este despelote. Varios dirigentes se han hecho los de la “vista sorda” por temor a perder sus puestos ante cualquier reclamo al gobierno. Ellos siguen creyendo que van a resolver los problemas del campo desde los medios, foros, congresos y el club El Nogal de Bogotá. La arrogancia técnica y la ineficiencia en la gestión gremial hace igual o mayor daño al sector agropecuario, que la corrupción. O... ¿cómo explicar que después de tantos años de inyección de recursos públicos y recaudos fiscales, el 79 % de la superficie arrocera del país, por ejemplo, se siembre con semillas de costal y el 60 % sin sistema de riego? Con razón, estos agricultores solo alcanzan un rendimiento promedio de 4,3 toneladas por hectárea de arroz Paddy seco, mientras que los de Estados Unidos, Uruguay o Perú, superan las 8 toneladas por hectárea. Igualmente, sucede con otros subsectores agrícolas.
Claramente, todos estos obstáculos hicieron que el sector agropecuario pasara de sala de urgencias a cuidados intensivos. El PIB agropecuario alcanzó en el primer trimestre un tibio crecimiento del 0,3 % y cayó al -1,4 % en el segundo trimestre de este año. El crédito agropecuario lleva ocho meses consecutivos cayendo con un desplome de 3 billones de pesos, respecto al mismo período del año pasado. La reforma agraria ha sido confusa, se habla de una gestión de tierras de 485.444 hectáreas, pero no se sabe cuántas se han adjudicado efectivamente. Los programas de inversión de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) están atrasados, las exportaciones agropecuarias van en picada y el presupuesto de inversión lleva una ejecución del 55 % a octubre de 2023. Vamos como las procesiones de Mompox, un paso adelante y dos atrás. Ojalá la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, pueda corregir el rumbo de este deteriorado sector. ¡Lúzcase!
* Consultor en crédito de fomento agrícola.
