Rabia e impotencia es lo que uno siente cuando ve a los políticos y burócratas de este país despojando al sector agrario de la institucionalidad que fue creada para fomentar su desarrollo, sostenibilidad y competitividad.
El manejo politiquero que le han dado a este sector durante años acabó con el IDEMA, una entidad que les aseguraba la renta a los productores del campo. Luego desapareció al INAT, el único instituto que logró construir los escasos distritos de riego que existen en este país. Posteriormente, eliminaron el Incora, el instituto que adjudicaba los predios rurales a familias campesinas. Sin dilación fueron por el fondo DRI, un establecimiento público creado para cofinanciar los proyectos de inversión rural a las familias campesinas, y así fueron sucesivamente acabando con el resto de entidades y programas de incentivos que prestaban ayudas a los agricultores y ganaderos del país.
Pensé que lo había visto todo, pero esta semana me enteré de que en el Senado de la República se aprobó en segundo debate un proyecto de ley (413/2021S) que lleva incluido un mico que pretende quitarles a los pequeños campesinos el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el único instrumento de respaldo estatal que ellos tienen para poder acceder a un crédito bancario. ¡Qué locura!
Lo peor del cuento es que el proyecto de ley en mención no tiene nada que ver con el sector agropecuario, su objeto es dictar normas relacionadas con el sistema de pagos y el mercado de capitales. Sin embargo, le metieron un mico —artículo 76— que autoriza al Gobierno trasladar la administración del FAG desde Finagro a cualquier entidad del Estado. Hace dos años, el entonces ministro Andrés Valencia, a través de una maniobra similar, trasladó del Minagricultura al Minvivienda el programa de VIS Rural. Esa chambonada terminó peor.
Lo extraño del caso es que fue el Ministerio de Hacienda el que metió el mico, y le quedó tan bien redactado que tanto en la SAC como en los demás gremios no se dieron cuenta. Ni su ponente, la senadora María del Rosario Guerra, se percató de semejante despropósito.
Cuando me puse a investigar el tema, encontré que el mico se camufló en el proyecto de ley para tener el FAG bajo el control del recién creado Grupo Bicentenario, un holding financiero que agrupa a varias entidades del Gobierno que operan en sectores como la banca, seguros y fiduciarias. En la práctica, sólo ha servido para concentrar más el poder en el Ministerio de Hacienda. Como banco de fomento agroindustrial, poco ha hecho.
Si Finagro está dentro del holding, ¿qué necesidad tienen de trasladar el FAG a otra entidad que no pertenece al sector agropecuario? Lo delicado del asunto es que tanto los funcionarios del Ministerio de Hacienda como los congresistas omitieron un concepto técnico y jurídico del Departamento Nacional de Planeación respecto a la inconveniencia de dicho traslado.
¡Recapaciten, por Dios! Allá afuera hay tres millones de campesinos cosechando los alimentos de 50 millones de colombianos. Si ustedes les quitan el respaldo del FAG para acceder al crédito bancario, van a arrasar con lo poco que queda del campo colombiano. Quedan notificados.
Rabia e impotencia es lo que uno siente cuando ve a los políticos y burócratas de este país despojando al sector agrario de la institucionalidad que fue creada para fomentar su desarrollo, sostenibilidad y competitividad.
El manejo politiquero que le han dado a este sector durante años acabó con el IDEMA, una entidad que les aseguraba la renta a los productores del campo. Luego desapareció al INAT, el único instituto que logró construir los escasos distritos de riego que existen en este país. Posteriormente, eliminaron el Incora, el instituto que adjudicaba los predios rurales a familias campesinas. Sin dilación fueron por el fondo DRI, un establecimiento público creado para cofinanciar los proyectos de inversión rural a las familias campesinas, y así fueron sucesivamente acabando con el resto de entidades y programas de incentivos que prestaban ayudas a los agricultores y ganaderos del país.
Pensé que lo había visto todo, pero esta semana me enteré de que en el Senado de la República se aprobó en segundo debate un proyecto de ley (413/2021S) que lleva incluido un mico que pretende quitarles a los pequeños campesinos el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el único instrumento de respaldo estatal que ellos tienen para poder acceder a un crédito bancario. ¡Qué locura!
Lo peor del cuento es que el proyecto de ley en mención no tiene nada que ver con el sector agropecuario, su objeto es dictar normas relacionadas con el sistema de pagos y el mercado de capitales. Sin embargo, le metieron un mico —artículo 76— que autoriza al Gobierno trasladar la administración del FAG desde Finagro a cualquier entidad del Estado. Hace dos años, el entonces ministro Andrés Valencia, a través de una maniobra similar, trasladó del Minagricultura al Minvivienda el programa de VIS Rural. Esa chambonada terminó peor.
Lo extraño del caso es que fue el Ministerio de Hacienda el que metió el mico, y le quedó tan bien redactado que tanto en la SAC como en los demás gremios no se dieron cuenta. Ni su ponente, la senadora María del Rosario Guerra, se percató de semejante despropósito.
Cuando me puse a investigar el tema, encontré que el mico se camufló en el proyecto de ley para tener el FAG bajo el control del recién creado Grupo Bicentenario, un holding financiero que agrupa a varias entidades del Gobierno que operan en sectores como la banca, seguros y fiduciarias. En la práctica, sólo ha servido para concentrar más el poder en el Ministerio de Hacienda. Como banco de fomento agroindustrial, poco ha hecho.
Si Finagro está dentro del holding, ¿qué necesidad tienen de trasladar el FAG a otra entidad que no pertenece al sector agropecuario? Lo delicado del asunto es que tanto los funcionarios del Ministerio de Hacienda como los congresistas omitieron un concepto técnico y jurídico del Departamento Nacional de Planeación respecto a la inconveniencia de dicho traslado.
¡Recapaciten, por Dios! Allá afuera hay tres millones de campesinos cosechando los alimentos de 50 millones de colombianos. Si ustedes les quitan el respaldo del FAG para acceder al crédito bancario, van a arrasar con lo poco que queda del campo colombiano. Quedan notificados.