Era tan fácil

Hace diez años, en 2014, el DANE realizó un Censo Nacional Agropecuario en 1.101 municipios y 773 resguardos indígenas del país, con un costo superior a los 200 mil millones de pesos para diagnosticar la cruda realidad del campo.

El censo reveló que más de dos millones de productores del campo en el país no reciben servicio de asistencia técnica, no existen para el sistema financiero, no cuentan con maquinaria agrícola, no viven en sus fincas, no utilizan sistemas de riego, no poseen títulos de sus fincas y no cuentan con educación básica.

Es muy lamentable que, diez años después, los gobiernos de Santos, Duque y Petro no hubiesen formulado e implementado políticas públicas que ayudaran a resolver los graves problemas de ineficiencia y subdesarrollo rural encontrados por el DANE. Con ese diagnóstico, no quedaba otra alternativa que la de enfocar todos los esfuerzos y recursos del presupuesto de la cartera agropecuaria a resolver estos graves problemas de los productores del campo.

Claramente, la principal causa del subdesarrollo rural es la insuficiencia de los conocimientos que tienen nuestros campesinos porque los padres de familia no tienen las condiciones de enseñar a sus hijos aquello que ellos mismos, jamás tuvieron la oportunidad de aprender. Para la mayoría de los jóvenes, el acceso a la educación es la única oportunidad en sus vidas de adquirir las competencias que les permiten eliminar las principales causas internas del subdesarrollo rural. En ninguno de los tres gobiernos se implementó un programa de capacitación y formación en Buenas Prácticas Agrícolas y emprendimiento rural en las escuelas agropecuarias de 690 municipios rurales del país para organizar una nueva generación de agricultores y ganaderos técnicamente más competentes.

Respecto a la falta de acceso al crédito de fomento impulsado por Finagro, claramente este ha perdido su objetivo de impulsar la producción agropecuaria y la bancarización de los pequeños y medianos productores. De cada 100 pesos que colocó el año pasado, solo 13 van a los pequeños productores y 32 a la inversión en el campo. Para solucionar este problema se requieren varias medidas: (i) instituir una línea de crédito de redescuento Finagro para integradores bursátiles, (ii) bajar la provisión a la banca, (iii) otorgar cupos de garantía FAG por entidad de crédito, (iv) sustituir el 100 % de la inversión forzosa en TDA clase A y B, a través de créditos a productores con destino a inversiones en proyectos productivos, sistemas de riego, maquinaria y equipos, y (v) destinar los subsidios e incentivos exclusivamente a proyectos productivos de cooperativas agrarias para fomentar la economía de escala.

Para solucionar el problema del servicio de asistencia técnica, innovación y transferencia de tecnologías, solo bastaba, mediante una ley, crear un gran Fondo Parafiscal Agropecuario, administrado por fiducia y fondeado con recursos de los productores, Estado e industria. Ello permitiría optimizar los recursos para alcanzar una mayor productividad, rentabilidad y competitividad de los agronegocios.

Para optimizar la productividad y ordenar la oferta y demanda de alimentos, solo debían establecer por decreto una tarifa máxima de arriendo de predios rurales y delegar en los entes territoriales la zonificación de las áreas agrícolas para saber qué, cuánto, dónde y cuándo sembrar. Era así de fácil.