Los agricultores y ganaderos del país no han salido de una dificultad cuando ya tienen otra respirándoles en la nuca.
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Después de tres años consecutivos de exceso de lluvias e inundaciones por el fenómeno de La Niña, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) ha pronosticado que de mayo a julio próximos llegará el fenómeno de El Niño, con escasas lluvias y altas temperaturas, principalmente en las regiones Caribe y Andina.
Claramente, estos cambios extremos de climas merman la producción en la explotación agropecuaria, incrementan el costo de producción y disminuyen las rentas de los agronegocios, poniendo en peligro la estabilidad económica de los productores del campo e incluso obligándolos a abandonar su actividad. Es exactamente lo que sucedió hace poco en la zona agrícola y ganadera de La Mojana, por no tener una política pública de inversión en embalses, drenajes y canales de riego.
Es en estos momentos cuando los sistemas de seguros agrarios, bien desarrollados y subvencionados por el Estado, muestran sus mejores cualidades para enfrentar estas situaciones adversas, sin que las entidades públicas se vean obligadas a repartir ayudas a los productores afectados, mediante programas de alivio de deudas, subsidios en agroinsumos y líneas de créditos especiales que sirven para tres cosas: pa na, pa na y pa na. Las ayudas del Gobierno siempre llegan tarde, no compensan los daños sufridos y muchas veces son entregadas bajo criterios políticos y de forma injusta. No tienen en cuenta la buena gestión de unos frente a la mala gestión de otros: igualan a todos por debajo.
Desde hace unos años he venido proponiéndoles a los ministros de Agricultura de turno la imperiosa necesidad de mejorar la gestión del riesgo agropecuario. El actual esquema de seguros agrarios es ineficiente y no cuenta con el presupuesto suficiente para subvencionar siquiera el 4 % del área agrícola cultivada en Colombia. Es un sistema mal diseñado, que en vez de asegurar riesgos asegura siniestros y en vez de indemnizar a productores indemniza a los aseguradores.
Para resolver este asunto, el Ministerio de Agricultura tendrá que instituir un nuevo modelo de seguros agrarios que permita crear un administrador del sistema, una sociedad coaseguradora conformada por las empresas aseguradoras del país que quieran participar en este ramo del negocio con un porcentaje en dicha compañía. Al obrar de esta manera, se amplía de una forma muy notable la capacidad de asunción del riesgo, porque se suma la capacidad de asunción de riesgo de todas las aseguradoras adheridas al sistema.
La experiencia nos pone de manifiesto que, en los países en los que existe este modelo de seguro agrario, los aseguradores son capaces de ofrecer a los agricultores coberturas multirriesgo, seguros de rendimiento e incluso seguros de ingresos. Aparte de esto, está la economía de escala, que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. En España, por ejemplo, Agroseguros gestiona todo el sistema con solo el 5 % de las primas, algo que es absolutamente impensable para una aseguradora aislada. ¿Qué esperan?
* Consultor en crédito de fomento agrícola.
