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Los foros agropecuarios en Bogotá se han convertido en vitrinas donde funcionarios públicos y privados repiten discursos vacíos y maquillan cifras para aparentar avances inexistentes. Mientras tanto, la realidad del campo colombiano sigue ignorada.
Hace un mes desmentí en este espacio al jefe de Estudios Económicos de Banca de las Oportunidades. Hoy debo hacerlo con el gerente (e) de investigaciones económicas de Finagro, Carlos Prada, quien en un foro reciente del diario La República aseguró que este gobierno ha colocado COP 20 billones en créditos a pequeños productores, pero las cifras de Finagro muestran que entre agosto de 2022 y octubre de 2025, los desembolsos fueron de COP 17 billones.
También dijo que han vinculado 350.000 nuevos pequeños productores al crédito agropecuario, pero las estadísticas de Finagro revelan que este año solo han tramitado 199.684 operaciones de créditos para modestos productores, una caída de más de 80.000 respecto al mismo periodo de 2022.
Asimismo, anunció cerrar 2025 con COP 46 billones en colocaciones. A octubre 31 de 2025, Finagro ha desembolsado COP 39,6 billones al sector agropecuario. A primera vista, parece una buena noticia, pero detrás de este número se esconde una realidad alarmante: solo el 13 % llegó a pequeños productores y apenas el 29 % se destinó a inversión en el campo.
En lenguaje sencillo, esto significa que el 87 % de los tres millones de productores de alimentos y materias primas en Colombia no existen para el sistema financiero, y el 71 % de las inversiones en el campo se financian con recursos propios o préstamos informales. La inclusión financiera rural es una espejismo. Todos los esfuerzos del gobierno, organismos de cooperación internacional y banca han fracasado porque las estrategias son equivocadas.
El gobierno debe entender que la bancarización rural va más allá de una cuenta de ahorros para recibir una mesada pensional o un subsidio del Estado. La inclusión financiera tampoco debe percibirse como el aumento en la cobertura de microcréditos, si estos han sido otorgados a una tasa de interés del 45 % anual. Con el agravante de que están entregando esos microcréditos con respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, con un alto margen de siniestralidad. Ese instrumento de respaldo a créditos y microcréditos a productores del campo está al borde del colapso. Y la Contraloría General de la República, en silencio cómplice.
La inclusión financiera real implica: i) formación para planificar créditos con flujo de caja, TIR y margen de utilidad; ii) capacitación en buenas prácticas agrícolas y cobertura de riesgos climáticos, y iii) fomento de la agricultura por contrato como fuente de pago de las obligaciones y sustitución de garantías costosas. Cuando las cosas no funcionan, hay que ser creativos y cambiar la estrategia. Repetir el pasado solo conduce al fracaso. Si queremos un campo competitivo, la inclusión financiera debe dejar de ser discurso y convertirse en realidad.
Hoy, más que nunca, necesitamos que las cifras reflejen la verdad y que las políticas públicas respondan a la realidad y necesidades del campo. “Las cifras no mienten, pero los mentirosos se las inventan”, dijo Carroll D. Wright.
*Asesor en financiamiento agropecuario.
