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El pasado 16 de agosto, las directivas del gremio cafetero fueron notificados por el presidente Gustavo Petro de finiquitarles el contrato de administración del Fondo Nacional del Café si esa entidad no se reestructuraba. Estuve indagando a qué reestructuración se refería el presidente y aún no he encontrado la respuesta.
Para ponerlos en contexto, los fondos parafiscales son contribuciones -un porcentaje de sus ventas- que hacen los productores del campo a sus gremios, para ser invertidos en programas de investigación y transferencia de tecnologías, asistencia agronómica y veterinaria, mejoramiento de los canales de promoción y comercialización, mecanismos de cobertura de precios de mercado y gestión en apalancamiento financiero. Claramente, estas contribuciones parafiscales agropecuarias tienen un marco normativo (Ley 101 de 1993), una estructura administrativa, juntas directivas presididas por el Ministerio de Agricultura y son vigilados por la Contraloría General de la República, por considerarse dineros públicos.
Dicho lo anterior, si el presidente Petro no está de acuerdo con la estructura administrativa, enfoque o resultados del Fondo Nacional del Café y de otros fondos parafiscales, lo correcto es solicitarle a su ministra de Agricultura o al Congreso de la República los ajustes necesarios. Y si no está conforme con el manejo o destinación de los recursos, pues debe solicitar a la Contraloría General de la República un informe fiscal de la ejecución. También puede ordenar una auditoría externa, que le permita tener elementos de juicio para modificar o finiquitar cualquier contrato de administración de recursos al gremio que no haya hecho buen uso de esos dineros públicos.
Un informe reciente de un periodista del diario La República mostró que en al año 2022 los fondos parafiscales agropecuarios recaudaron más de 768 mil millones de pesos, equivalente al 37 % del presupuesto del Ministerio de Agricultura de ese mismo año. Con toda esa plata aportada por los productores del campo, más los recursos invertidos por el Ministerio de Agricultura, es para que los productores del campo tuvieran mejores productividades. En el sector cafetero, por ejemplo, el rendimiento promedio es de 18,7 sacos de café verde por hectárea, cuando deberían ser 22 sacos. Los arroceros recogen en promedio 3,8 toneladas por hectárea en arroz secano, cuando deberían estar en 6 toneladas. La misma ineficiencia productiva la encontramos en los productores de papa, cacao, leche, maíz y algodón, entre otros.
Con esos aportes de los productores del campo, era para que los gremios tuvieran los mejores centros de investigación y transferencia de biotecnologías, para reducir el impacto de los riesgos climáticos y fitosanitarios, sobre las rentas de sus afiliados. Era para que hubiesen diseñado un mecanismo robusto de financiamiento, compra anticipada de cosechas y cobertura de precios, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y haber implementado un programa de escuelas de capacitación y emprendimiento rural en sus centros de producción.
Los fondos parafiscales no pueden seguir funcionando sin planes, metas, objetivos claros y resultados contundentes a corto plazo. Como tampoco pueden seguir destinando más del 20 % de los recaudos para mantener costosas e ineficientes burocracias, suntuosos gastos en lujosas oficinas en Bogotá y contratando estudios inútiles. Ese es el meollo del asunto, presidente Petro.
* Experto en apalancamiento financiero agroindustrial.
