Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde hace varios años he advertido sobre un error recurrente y costoso: la creciente politización de algunos gremios empresariales y agrícolas. Cuando estas organizaciones abandonan su rol técnico y representativo para convertirse en actores de la política partidista, el resultado no es mayor incidencia ni mejores políticas públicas, sino pérdida de foco, conflictos de interés y, en última instancia, retrocesos para los sectores que dicen defender.
Un ejemplo evidente ocurrió el año pasado, cuando numerosos congresos gremiales —incluido el de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)— dejaron de ser espacios de análisis serio sobre las amenazas, oportunidades y desafíos del sector, para convertirse en escenarios de debate entre candidatos presidenciales. En vez de discutir productividad, financiamiento, infraestructura o acceso a mercados, se privilegió el espectáculo político.
La SAC no está llamada a promover campañas presidenciales ni a adoptar banderas ideológicas. Su rol es institucional y técnico: convocar a todos los aspirantes, escuchar propuestas, exponer las preocupaciones del sector productivo y formular recomendaciones de política pública. Sin embargo, la SAC ha cruzado una línea peligrosa al intentar promover, incluso al interior de las juntas directivas de sus afiliados, a la candidata de su preferencia.
Esta desviación no es inocua. La politización del gremio ya ha tenido consecuencias institucionales graves. Durante los gobiernos de Santos y Duque, la SAC obtuvo asiento en juntas directivas de entidades adscritas al Ministerio de Agricultura como Finagro y el ICA, lo cual configura un evidente conflicto de interés. No es sano que dirigentes gremiales participen en decisiones administrativas del Estado. Es como si la ANDI o Asobancaria tuvieran asiento en las juntas directivas de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera. Los gremios existen para defender los intereses de sus afiliados, no para cogobernar ni intercambiar cercanía política por cuotas de poder.
Los resultados de estos pactos burocráticos están a la vista. En la última década, la agricultura colombiana se estancó. El PIB agropecuario creció en promedio apenas 2,8 % anual y su participación en el PIB nacional se mantuvo alrededor del 6,2 %, una cifra mediocre para un país con clara vocación agrícola. En ese mismo periodo, la frontera agrícola no se expandió: seguimos cultivando cerca de 5,5 millones de hectáreas de las 39 millones aptas para agricultura. Pasamos de importar 10 a 14 millones de toneladas anuales de productos agropecuarios, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. Mientras tanto, más del 80 % de los campesinos sigue excluido del sistema financiero, sin asistencia técnica ni sistemas de riego, lo que explica por qué la pobreza rural se mantiene por encima del 42 %.
Por estar distraídos con la política, la SAC desprotegió a los agricultores frente a los atropellos del gobierno. Permitieron la quiebra de miles de productores de maíz, yuca, algodón o caña, y guardaron silencio cómplice frente a invasiones, expropiaciones exprés y la jurisdicción agraria.
No es aceptable que mientras millones de agricultores enfrentan vías precarias, inseguridad, extorsión, altos impuestos y decisiones erráticas del gobierno, la SAC utilice el tiempo y los recursos de sus afiliados para jugar a la política. El campo colombiano necesita liderazgo técnico y representación genuina, no cálculo electoral.
