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La semana pasada, el Gobierno Nacional reunió al gabinete ministerial en pleno para hacer un balance de gestión del 2024 y presentar el plan de acción para el 2025. Estuve revisando el balance de gestión del Ministerio de Agricultura y encontré un enorme rezago frente a las metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
Respecto al ordenamiento del territorio, en el PND 2022-2026, se estableció como meta la entrega de 2,9 millones de hectáreas. Dos años y medio después, en el contador oficial de la Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura, revelan que, entre compras, clarificaciones, deslinde, extensión y recuperación de baldíos, el Fondo de Tierras tiene disponibles para entregar 494.556 hectáreas, de las cuales solo han adjudicado 12.871 hectáreas con registro ante la Superintendencia de Notariado y Registro. De manera “provisional” han entregado 141.697 hectáreas. Es decir, solo han cumplido el 5,3% de la meta. Claramente, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), no van a poder comprar ni entregar 2.7 millones de hectáreas restantes en los 16 meses que les queda de gobierno.
En materia de formalización de títulos, el PND estableció una meta de 3,9 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Agricultura, a corte de 31 de diciembre de 2024, se han formalizado 1,3 millones de hectáreas, lo que representa un cumplimiento del 33%. También están colgados con el programa de restitución de tierras. De 5,4 millones de hectáreas con demandas, solo hay 144.000 hectáreas en sentencia con orden de restitución, lo que equivale a un cumplimiento del 2,6%. El resto de la Reforma Agraria, se resume en la creación de la Jurisdicción Agraria (en trámite legislativo), once Zonas de Reserva Campesina y cuatro Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), sistemas agrarios que solo sirven para ahondar más el conflicto social, la ineficiencia productiva, la pobreza y el subdesarrollo rural.
En relación con los programas de democratización del crédito agropecuario y la bancarización de la economía popular, también les fue mal. Esta semana Finagro divulgó los resultados de las colocaciones de crédito al sector agropecuario durante el año 2024, en el cual revela que se tramitaron 138.811 créditos y 102.378 microcréditos menos que en el 2023. Van para atrás como el cangrejo. De los 39,4 billones de pesos desembolsados en el 2024, el 73% de la plata fue para grandes compañías, el 13% para medianas empresas y el 14% para pequeños productores. La democratización la hicieron al revés. Lo más delicado de este informe, es que, la normalización de pasivos en pequeños productores creció el 1.583%. Esto indica un riesgo latente de siniestralidad de la cartera, lo cual puede golpear el patrimonio del Banco Agrario y Finagro, y la liquidez del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). La Superintendencia Financiera está en mora de realizar una exhaustiva auditoría a este delicado tema.
También incumplieron la meta de actualización del catastro multipropósito. En el PND dijeron que pasarían de una cobertura del 9,4% en 2022 al 70% en 2026, y a la fecha, apenas se acerca al 20% de actualización. Mientras tanto, el Dane anunciando elevadas cifras de crecimiento del PIB agropecuario.
