Empalme

En mi ejercicio profesional ligado al sector público he tenido la oportunidad de participar en tres empalmes de gobierno y debo decirlo sin rodeos: la experiencia ha sido siempre la misma. Lejos de constituir ejercicios serios de transparencia, los empalmes suelen convertirse en un ritual predecible donde la realidad se maquilla con cifras y narrativas convenientes. El gobierno saliente entrega informes con indicadores aparentemente exitosos y cuentas ordenadas. Todo luce perfecto… en el papel.

Pero basta con que el gobierno entrante rasque la superficie para que aparezca la verdad: metas incumplidas, ejecución inflada, proyectos estancados y una larga lista de problemas cuidadosamente escondidos bajo la alfombra. Más que procesos de rendición de cuentas, muchos empalmes son operaciones de maquillaje estadístico diseñadas para preservar reputaciones y diluir responsabilidades.

Esta vez me correspondió el honor de acompañar el empalme del sector agropecuario del gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella. Y lo que hemos encontrado, tras un primer análisis de los temas misionales y de la ejecución presupuestal del gobierno saliente de Gustavo Petro, es profundamente preocupante: el agro colombiano está en sala de urgencias.

Comencemos por lo esencial. Durante el cuatrienio, el Ministerio de Agricultura dispuso de aproximadamente 22,6 billones de pesos. Sin embargo, el crecimiento promedio anual del PIB agropecuario apenas alcanzó un mediocre 2,9 %, muy lejos del potencial superior al 7 % que una inversión de ese calibre exigía. Aún más grave: la participación del sector en la economía nacional se estancó en un raquítico 6 %, cuando debió superar el 15 %. Nunca antes se había invertido tanto para obtener tan poco.

En materia de reforma agraria, la brecha entre discurso y realidad es escandalosa. Se prometieron tres millones de hectáreas, pero al cierre del gobierno apenas se han adquirido cerca de 461.000, menos del 15 % de la meta. Y ni siquiera eso está resuelto: más del 44 % no ha sido pagado en su totalidad. Peor aún, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado cerca de 200.000 hectáreas sin títulos válidos, sin proyectos productivos, sin crédito y sin acompañamiento técnico.

La restitución de tierras no se queda atrás. Se infló el registro hasta 8,6 millones de hectáreas sin rigor probatorio. El resultado es devastador: apenas 424.000 hectáreas restituidas, un pobre 4,9 % de ejecución, miles de víctimas revictimizadas y una peligrosa bomba de inseguridad jurídica para quienes adquirieron tierras de buena fe.

El crédito agropecuario tampoco escapa a este panorama. Aunque el volumen creció 21,9 % en 2025, el sistema sigue excluyendo al pequeño productor. El crédito se expande, pero no se democratiza; crece en cifras, pero no transforma realidades. Se concentra en grandes actores, margina regiones y prioriza el corto plazo. Finagro no solo perdió liderazgo, también perdió el rumbo.

Finalmente, el deterioro institucional agrava aún más la situación. El ICA obstaculiza la operación del sector con retrasos en guías sanitarias y fallas en sistemas como SINIGÁN, generando pérdidas y desorden. Agrosavia, por su parte, enfrenta recortes de hasta 30 % y un debilitamiento que pone en riesgo la ciencia agropecuaria.

El empalme vuelve a desnudar una verdad incómoda: se gastó más que nunca, se prometió en exceso y se entregó muy poco. No basta con explicaciones; el país exige responsabilidades.