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El Gobierno de Gustavo Petro prometió tres millones de hectáreas para los campesinos. Lo usó como bandera, como discurso y como propaganda. Pero al final, la gran “reforma agraria” quedó reducida a la entrega de 290 mil hectáreas… y la mayoría sin un título válido, sin registro, sin valor. Eso no es incumplir: eso es engañar.
En el campo todos lo saben: entregar tierra sin título es como entregar un cheque sin fondos. El gobierno celebró en tarima lo que nunca consolidó en la realidad. Convirtió la esperanza campesina en una foto, en una cifra inflada que no resiste el más mínimo escrutinio. El gobierno no solo falló: jugó con el sueño más sagrado del campesino —la propiedad— y los convirtió en un espejismo administrativo. Prometió soberanía y dejó incertidumbre. Prometió justicia y dejó una estafa política de proporciones históricas.
Lo más delicado, sin embargo, se incubó en la restitución de tierras. La fase administrativa —pensada como un filtro probatorio riguroso para que a los jueces llegaran casos sólidos— fue desmantelada. La Unidad dejó de cumplir su función esencial de verificación previa, y los despachos judiciales se vieron inundados con reportes por más de ocho millones de hectáreas supuestamente despojadas sin el examen técnico que correspondía. El efecto era previsible: congestión crónica, víctimas atrapadas en expedientes que caminan a paso de procesión y terceros de buena fe sometidos a una incertidumbre que paraliza cualquier inversión. Un mecanismo concebido para reparar terminó produciendo desconfianza.
A esa fragilidad se sumaron atajos impropios. Tras el rechazo legislativo a procedimientos de ocupación abreviada, se acudió a facultades extraordinarias para
alterar de facto un régimen de expropiación que, por naturaleza, es materia de ley y no de decreto. Lo extraordinario se volvió ordinario; la excepción, regla. Y cuando la arquitectura jurídica cede a la ansiedad del atajo, lo que se degrada no es un trámite: es la seguridad jurídica.
El desorden catastral añadió otra capa de sobresalto. Al amparo del catastro multipropósito, en no pocos municipios los prediales rurales escalaron entre 200 % y 1.200 %, expulsando a pequeños productores de su capacidad de pago y dejando a alcaldías con recaudos inciertos. El instrumento que debía ordenar el territorio derivó en un impuesto confiscatorio de hecho, rompiendo la ecuación mínima entre productividad, tributación y continuidad de los proyectos.
Como colofón, la creación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en departamentos como La Guajira, Cundinamarca Antioquia y Córdoba, terminó generando el efecto contrario al anunciado: más restricciones, más confusión normativa y más pobreza.
Nada de esto era inevitable. La reforma agraria no se mide por hectáreas mencionadas en tarima, sino por títulos inscritos, por crédito funcionando, por compras públicas activas, por seguridad jurídica que permita planear a una generación completa. Una política de tierras seria no ideologiza la propiedad: la garantiza; no castiga la inversión: la orienta; no multiplica litigios: los resuelve.
La verdadera reforma —cuando venga— no necesitará megáfonos. Se anunciará en un registro, en un contrato bien hecho, en una parcela que accede a riego y a crédito, en un joven que decide quedarse porque el campo vuelve a tener futuro.
Twitter: @indadangond
