En el año 2000, el visionario empresario y exministro de Agricultura Carlos Murgas me pidió que lo acompañara a montar un esquema agroempresarial en el cual la industria y los agricultores asumieran juntos el riesgo de la producción y transformación.
En ese entonces era muy difícil hacer crecer la agricultura y la ganadería en Colombia. La mayoría de los productores del campo estaban confinados en sus casas por las deudas que les dejó la crisis del 98 y por temor a ser secuestrados en los retenes de las “pescas milagrosas” que instalaban las Farc y el Eln en las principales vías del país. Fue así como nacieron los programas de Reactivación Nacional Agropecuaria y Agricultura por Contrato y el esquema de las Alianzas Productivas para la Paz.
En el modelo de las alianzas, los pequeños y medianos productores ponían la tierra y el industrial aportaba el paquete tecnológico, la asistencia técnica, la gestión de créditos bancarios y el contrato de comercialización a precios de mercado. Para fomentar el esquema, creamos mayores incentivos de ICR, subsidios a tasas de interés, periodos de gracia y respaldo del 80% a los créditos a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). A los que tenían la cartera vencida con los bancos se les compró la deuda a diez años, a través de Finagro. Con este esquema, 6.000 pequeños y medianos productores lograron sembrar 100.000 hectáreas de palma y ser dueños de un porcentaje accionario en algunas extractoras de aceite.
Me alegra muchísimo saber que 20 años después empresarios industriales de la talla de Manuel Santiago Mejía y los presidentes del Grupo Bios, Santiago Piedrahíta, y de Alimentos Polar, Juan Pulido, estén liderando un esquema parecido de alianza con productores de soya, maíz amarillo y blanco, en varias zonas de la región Caribe, para comenzar a reemplazar las importaciones de esas materias primas y generar esos empleos, ingresos fiscales, riqueza y reactivación económica en nuestras zonas rurales y no en los campos de los Estados Unidos o Argentina. Y celebro que el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) hayan encontrado eco en estos industriales después de varios intentos fallidos a través de la SAC.
Con la actual coyuntura de mercado, precios y tasa de cambio, nuestros agricultores e industriales tienen una oportunidad de oro. Esta semana, en la Bolsa de Chicago, la posición de julio para la soja se cotizó a USD497 y para maíz amarillo en USD207, como consecuencia de los ajustados stocks en Estados Unidos, la caída de oferta para exportación en Brasil y las bajas lluvias en la zona donde se sembraron 17 millones de hectáreas en Argentina.
Según las estadísticas gremiales, la industria de alimentos balanceados consume alrededor de 8,4 millones de toneladas de soja, torta de soja y maíz amarillo, y sólo abastecemos el 5% y 16%, respectivamente. El consumo de maíz blanco es alrededor de 950.000 toneladas al año y solo atendemos el 57%, teniendo disponibles tres millones de hectáreas con alta aptitud para producir estas materias primas en varios departamentos de la región Caribe, Meta, Tolima y Valle del Cauca.
¿Qué esperan para arrancar?
* Experto en financiamiento agropecuario.
En el año 2000, el visionario empresario y exministro de Agricultura Carlos Murgas me pidió que lo acompañara a montar un esquema agroempresarial en el cual la industria y los agricultores asumieran juntos el riesgo de la producción y transformación.
En ese entonces era muy difícil hacer crecer la agricultura y la ganadería en Colombia. La mayoría de los productores del campo estaban confinados en sus casas por las deudas que les dejó la crisis del 98 y por temor a ser secuestrados en los retenes de las “pescas milagrosas” que instalaban las Farc y el Eln en las principales vías del país. Fue así como nacieron los programas de Reactivación Nacional Agropecuaria y Agricultura por Contrato y el esquema de las Alianzas Productivas para la Paz.
En el modelo de las alianzas, los pequeños y medianos productores ponían la tierra y el industrial aportaba el paquete tecnológico, la asistencia técnica, la gestión de créditos bancarios y el contrato de comercialización a precios de mercado. Para fomentar el esquema, creamos mayores incentivos de ICR, subsidios a tasas de interés, periodos de gracia y respaldo del 80% a los créditos a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). A los que tenían la cartera vencida con los bancos se les compró la deuda a diez años, a través de Finagro. Con este esquema, 6.000 pequeños y medianos productores lograron sembrar 100.000 hectáreas de palma y ser dueños de un porcentaje accionario en algunas extractoras de aceite.
Me alegra muchísimo saber que 20 años después empresarios industriales de la talla de Manuel Santiago Mejía y los presidentes del Grupo Bios, Santiago Piedrahíta, y de Alimentos Polar, Juan Pulido, estén liderando un esquema parecido de alianza con productores de soya, maíz amarillo y blanco, en varias zonas de la región Caribe, para comenzar a reemplazar las importaciones de esas materias primas y generar esos empleos, ingresos fiscales, riqueza y reactivación económica en nuestras zonas rurales y no en los campos de los Estados Unidos o Argentina. Y celebro que el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) hayan encontrado eco en estos industriales después de varios intentos fallidos a través de la SAC.
Con la actual coyuntura de mercado, precios y tasa de cambio, nuestros agricultores e industriales tienen una oportunidad de oro. Esta semana, en la Bolsa de Chicago, la posición de julio para la soja se cotizó a USD497 y para maíz amarillo en USD207, como consecuencia de los ajustados stocks en Estados Unidos, la caída de oferta para exportación en Brasil y las bajas lluvias en la zona donde se sembraron 17 millones de hectáreas en Argentina.
Según las estadísticas gremiales, la industria de alimentos balanceados consume alrededor de 8,4 millones de toneladas de soja, torta de soja y maíz amarillo, y sólo abastecemos el 5% y 16%, respectivamente. El consumo de maíz blanco es alrededor de 950.000 toneladas al año y solo atendemos el 57%, teniendo disponibles tres millones de hectáreas con alta aptitud para producir estas materias primas en varios departamentos de la región Caribe, Meta, Tolima y Valle del Cauca.
¿Qué esperan para arrancar?
* Experto en financiamiento agropecuario.