Cierro con esta columna el análisis de los 13 puntos presentados por los organizadores del paro al gobierno nacional.
Exigencia No. 9: Que el Gobierno tramite con Dignidad Agropecuaria los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los tratados de libre comercio. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2014, en Colombia existen alrededor de 2,7 millones de productores del campo afiliados a más de 30 gremios y organizaciones agropecuarias del país, con los cuales el presidente de la República ha estado en diálogo directo acordando apoyos y ayudas necesarias para garantizarles la renta de sus agronegocios. Mal haría el Gobierno en desconocer la representatividad de todas estas organizaciones.
En cuanto a las necesidades de los productores, el Gobierno pondrá en marcha en enero de 2020 la Ley de Crecimiento Económico y, con ello, los productores serán beneficiados con medidas de exenciones tributarias y mayores recursos de inversión pública para vías terciarias, distritos de riego y subvenciones a la tasa de interés y seguros agrarios. Sólo falta poner en marcha un plan de reperfilamiento de cartera agropecuaria (en plazos y periodo de gracia) y una amnistía tributaria (predial y gastos notariales) para incentivar la formalización de títulos de predios rurales.
Respecto a los tratados de libre comercio suscritos con los Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur y la Alianza del Pacífico, entre otros, antes de pensar en una arriesgada modificación de los acuerdos bilaterales acordados, lo que deberíamos hacer es cambiar el chip en la política de la defensa comercial (derechos compensatorios, derechos antidumping y salvaguardias) y meterle el acelerador al cumplimiento de los protocolos fitosanitarios. En pelea de elefantes, las hormigas son las que sufren. Para ello, urge reformar el Comité de Prácticas Comerciales y el ICA. Hay mucho disgusto por parte de los empresarios del campo y la industria por el débil control que han ejercido frente a las importaciones subsidiadas, las prácticas de dumping y la propagación de las plagas.
Exigencia No. 10: Cumplir e implementar el Acuerdo de Paz firmado en La Habana. Desde que el presidente Duque se posesionó, no ha hecho otra cosa que destinar recursos para honrar los compromisos de inversión adquiridos para garantizar el proceso de reincorporación de quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de verdad, justicia y no repetición. Para el año 2020, asignó una partida de $9,8 billones para cumplir con la implementación de este Acuerdo de Paz.
Exigencia No. 11: Tramitar en el Congreso los proyectos de ley anticorrupción. Fue lo primero que hizo el presidente Duque, luego de la instalación del Congreso para la legislatura 2019-2020.
Exigencia No. 12: Derogar el impuesto o “tarifazo” nacional para financiar Electricaribe. Acaba de ser cambiado esta semana en el articulado de la Ley de Crecimiento Económico.
Exigencia No. 13: Definir las políticas ambientales y la protección de paramos. Invito a los promotores del paro a que lean nuevamente el componente ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo. La ruta en la defensa y protección del medio ambiente es muy clara.
Claramente, la desinformación en las redes sociales le está haciendo mucho daño al país.
Cierro con esta columna el análisis de los 13 puntos presentados por los organizadores del paro al gobierno nacional.
Exigencia No. 9: Que el Gobierno tramite con Dignidad Agropecuaria los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los tratados de libre comercio. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2014, en Colombia existen alrededor de 2,7 millones de productores del campo afiliados a más de 30 gremios y organizaciones agropecuarias del país, con los cuales el presidente de la República ha estado en diálogo directo acordando apoyos y ayudas necesarias para garantizarles la renta de sus agronegocios. Mal haría el Gobierno en desconocer la representatividad de todas estas organizaciones.
En cuanto a las necesidades de los productores, el Gobierno pondrá en marcha en enero de 2020 la Ley de Crecimiento Económico y, con ello, los productores serán beneficiados con medidas de exenciones tributarias y mayores recursos de inversión pública para vías terciarias, distritos de riego y subvenciones a la tasa de interés y seguros agrarios. Sólo falta poner en marcha un plan de reperfilamiento de cartera agropecuaria (en plazos y periodo de gracia) y una amnistía tributaria (predial y gastos notariales) para incentivar la formalización de títulos de predios rurales.
Respecto a los tratados de libre comercio suscritos con los Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur y la Alianza del Pacífico, entre otros, antes de pensar en una arriesgada modificación de los acuerdos bilaterales acordados, lo que deberíamos hacer es cambiar el chip en la política de la defensa comercial (derechos compensatorios, derechos antidumping y salvaguardias) y meterle el acelerador al cumplimiento de los protocolos fitosanitarios. En pelea de elefantes, las hormigas son las que sufren. Para ello, urge reformar el Comité de Prácticas Comerciales y el ICA. Hay mucho disgusto por parte de los empresarios del campo y la industria por el débil control que han ejercido frente a las importaciones subsidiadas, las prácticas de dumping y la propagación de las plagas.
Exigencia No. 10: Cumplir e implementar el Acuerdo de Paz firmado en La Habana. Desde que el presidente Duque se posesionó, no ha hecho otra cosa que destinar recursos para honrar los compromisos de inversión adquiridos para garantizar el proceso de reincorporación de quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de verdad, justicia y no repetición. Para el año 2020, asignó una partida de $9,8 billones para cumplir con la implementación de este Acuerdo de Paz.
Exigencia No. 11: Tramitar en el Congreso los proyectos de ley anticorrupción. Fue lo primero que hizo el presidente Duque, luego de la instalación del Congreso para la legislatura 2019-2020.
Exigencia No. 12: Derogar el impuesto o “tarifazo” nacional para financiar Electricaribe. Acaba de ser cambiado esta semana en el articulado de la Ley de Crecimiento Económico.
Exigencia No. 13: Definir las políticas ambientales y la protección de paramos. Invito a los promotores del paro a que lean nuevamente el componente ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo. La ruta en la defensa y protección del medio ambiente es muy clara.
Claramente, la desinformación en las redes sociales le está haciendo mucho daño al país.