Hacía rato que Colombia no ocupaba el primer lugar en algo. Gracias a la desacertada política antidrogas del Gobierno, logramos ocupar el primer lugar en producción de coca a nivel mundial.
Este récord de producción fue logrado gracias a las concesiones que el Gobierno Santos otorgó durante la negociación del proceso de paz en La Habana, Cuba. Primero prohibió la erradicación de los cultivos con glifosato, luego retiró las Fuerzas Armadas de las regiones cocaleras y posteriormente montó un desastroso programa de subsidio económico por sustitución voluntaria. Estas erradas medidas abonaron el terreno para que se sembraran 40.000 nuevas hectáreas anuales durante el último cuatrienio.
El informe revelado por la Oficina para la Política Antidrogas de la Casa Blanca muestra que, de las 209.000 hectáreas de coca sembradas en el país, el 84% están sembradas en el corredor geográfico de los departamentos del Putumayo, Nariño y Cauca, en el Catatumbo —Norte de Santander— y en unas zonas apartadas en el Caquetá y Antioquia. Casualmente, donde el Gobierno Santos concesionó 23 zonas veredales y ocho campamentos a las Farc.
Es aquí donde uno se pregunta ¿por qué el Gobierno no implementó un programa de erradicación manual con los 8.000 reinsertados de las Farc, si con ello les aseguraba un empleo digno mientras se formalizaban los compromisos del proceso de posconflicto y al mismo tiempo les garantizaba a los campesinos una alternativa de sustitución de sus cultivos de coca por un cultivo lícito rentable? Claramente, ese será otro de los miles de chicharrones que le deja el presidente Santos al nuevo gobierno de Duque.
Este grave problema se puede resolver rápidamente, si se desarrolla una tarea conjunta entre los ministerios de Defensa, Agricultura, Transporte y organismos de cooperación internacional. Se trata, en primera medida, de establecer presencia militar en esas zonas para controlar el tráfico de droga y brindar seguridad a la población.
El segundo paso es implantar un programa exprés de titulación de la propiedad rural para cada cultivador de coca a través de la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro. Al mismo tiempo, adjudicarles un subsidio del 100% de vivienda rural, desarrollarles un plan de vías terciarias y ayudarles a implementar un programa de desarrollo productivo alternativo sostenible.
El programa Midas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —USAID—, que se implementó entre los años 2004 y 2010, podría ser un modelo referente para este programa de cultivos alternativos. Hay que arrancar ya con el estudio de suelos y las condiciones agroecológicas de cada zona para decidir cuáles cultivos son más productivos en esas zonas y proceder a constituir las alianzas entre campesinos y la agroindustria para blindar la transferencia de tecnologías, asistencia técnica y comercialización de la cosecha.
En Tibú, Norte de Santander, por ejemplo, se inició con un piloto de sustitución de 350 hectáreas de coca por palma en el año 2002, y hoy tenemos 1.100 familias dueñas de 26.000 hectáreas de palma, con unos ingresos superiores a los $70.000 millones anuales. Esta es la única forma de descocalizar el campo colombiano.
*Consultor en financiamiento agropecuario.
Hacía rato que Colombia no ocupaba el primer lugar en algo. Gracias a la desacertada política antidrogas del Gobierno, logramos ocupar el primer lugar en producción de coca a nivel mundial.
Este récord de producción fue logrado gracias a las concesiones que el Gobierno Santos otorgó durante la negociación del proceso de paz en La Habana, Cuba. Primero prohibió la erradicación de los cultivos con glifosato, luego retiró las Fuerzas Armadas de las regiones cocaleras y posteriormente montó un desastroso programa de subsidio económico por sustitución voluntaria. Estas erradas medidas abonaron el terreno para que se sembraran 40.000 nuevas hectáreas anuales durante el último cuatrienio.
El informe revelado por la Oficina para la Política Antidrogas de la Casa Blanca muestra que, de las 209.000 hectáreas de coca sembradas en el país, el 84% están sembradas en el corredor geográfico de los departamentos del Putumayo, Nariño y Cauca, en el Catatumbo —Norte de Santander— y en unas zonas apartadas en el Caquetá y Antioquia. Casualmente, donde el Gobierno Santos concesionó 23 zonas veredales y ocho campamentos a las Farc.
Es aquí donde uno se pregunta ¿por qué el Gobierno no implementó un programa de erradicación manual con los 8.000 reinsertados de las Farc, si con ello les aseguraba un empleo digno mientras se formalizaban los compromisos del proceso de posconflicto y al mismo tiempo les garantizaba a los campesinos una alternativa de sustitución de sus cultivos de coca por un cultivo lícito rentable? Claramente, ese será otro de los miles de chicharrones que le deja el presidente Santos al nuevo gobierno de Duque.
Este grave problema se puede resolver rápidamente, si se desarrolla una tarea conjunta entre los ministerios de Defensa, Agricultura, Transporte y organismos de cooperación internacional. Se trata, en primera medida, de establecer presencia militar en esas zonas para controlar el tráfico de droga y brindar seguridad a la población.
El segundo paso es implantar un programa exprés de titulación de la propiedad rural para cada cultivador de coca a través de la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro. Al mismo tiempo, adjudicarles un subsidio del 100% de vivienda rural, desarrollarles un plan de vías terciarias y ayudarles a implementar un programa de desarrollo productivo alternativo sostenible.
El programa Midas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —USAID—, que se implementó entre los años 2004 y 2010, podría ser un modelo referente para este programa de cultivos alternativos. Hay que arrancar ya con el estudio de suelos y las condiciones agroecológicas de cada zona para decidir cuáles cultivos son más productivos en esas zonas y proceder a constituir las alianzas entre campesinos y la agroindustria para blindar la transferencia de tecnologías, asistencia técnica y comercialización de la cosecha.
En Tibú, Norte de Santander, por ejemplo, se inició con un piloto de sustitución de 350 hectáreas de coca por palma en el año 2002, y hoy tenemos 1.100 familias dueñas de 26.000 hectáreas de palma, con unos ingresos superiores a los $70.000 millones anuales. Esta es la única forma de descocalizar el campo colombiano.
*Consultor en financiamiento agropecuario.