Comentaba en mi pasada columna que había que aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en programas, instrumentos y políticas de inversión concretos, si en realidad queremos cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.
Claramente, para lograr este propósito el Gobierno tendrá que ejecutar un ambicioso plan de vías terciarias y la construcción de dos líneas férreas. La del Pacífico, que conecta la despensa agrícola de la altillanura con Bogotá y el puerto de Buenaventura, y la del Carare, que conecta el centro del país con los puertos marítimos de Santa Marta y Barranquilla.
Reducir la brecha entre lo urbano y lo rural exige también que el Gobierno deba asumir el compromiso y la responsabilidad de formar, capacitar y organizar una nueva generación de agricultores profesionalizados, anímicamente más autosuficientes y técnicamente más competentes. El SENA y la Agencia de Desarrollo Rural deben ponerse el reto de capacitar 50 jóvenes en cada uno de los 690 municipios rurales del país, así tendríamos 34.500 jóvenes y productores del campo anualmente capacitados en buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo es una reforma profunda al ineficiente Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. El Gobierno debe asumir el compromiso de democratizar el Banco Agrario, para despolitizarlo y volverlo eficiente. Igualmente, debe modificar la política de las inversiones forzosas para incentivar las colocaciones de la banca privada hacia el sector productivo. Simplificar los procesos y rubros de los créditos redescontados por Finagro y fusionar el Fondo Nacional de Garantías con el Fondo Agropecuario de Garantías, para facilitar el acceso al crédito.
La transformación del campo también exige del Plan Nacional de desarrollo una política integral del manejo del riesgo agropecuario. Urge modificar el costoso y perverso sistema del seguro agrario, fortalecer las coberturas de precio e implementar la zonificación agrícola por regiones.
El desarrollo rural exige, también, crear un nuevo sistema para el manejo del recurso hídrico. Ya es hora de que les pongan tareas a las corporaciones autónomas regionales. Estas entidades deberían ser las responsables de la ejecución de la política de construcción y operación de embalses y canales de riego para la agricultura en todos los departamentos y municipios del país.
El Plan Nacional de Desarrollo debe plantear una política de fomento a los centros de investigación y transferencia de tecnología gremiales, a través de una reforma a los fondos parafiscales. Es decir, ampliar la cuota parafiscal a las cadenas agroalimentarias, con el fin de recaudar mayores recursos. ¿Se imaginan al Fondo Nacional de Ganado recibiendo aportes parafiscales de los ganaderos, la industria láctea, la cárnica y las empresas que comercializan insumos, equipos y maquinaria del sector ganadero, y su administración en cabeza de todos los actores de la cadena con un manejo de sus recursos a través de una fiducia?
Si el presidente Duque logra ejecutar estas iniciativas, para el 2022, Colombia estará ocupando uno de los primeros lugares el ranking de la competitividad del comercio exterior de alimentos en Latinoamérica.
* Consultor en banca de fomento agrícola.
Comentaba en mi pasada columna que había que aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en programas, instrumentos y políticas de inversión concretos, si en realidad queremos cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.
Claramente, para lograr este propósito el Gobierno tendrá que ejecutar un ambicioso plan de vías terciarias y la construcción de dos líneas férreas. La del Pacífico, que conecta la despensa agrícola de la altillanura con Bogotá y el puerto de Buenaventura, y la del Carare, que conecta el centro del país con los puertos marítimos de Santa Marta y Barranquilla.
Reducir la brecha entre lo urbano y lo rural exige también que el Gobierno deba asumir el compromiso y la responsabilidad de formar, capacitar y organizar una nueva generación de agricultores profesionalizados, anímicamente más autosuficientes y técnicamente más competentes. El SENA y la Agencia de Desarrollo Rural deben ponerse el reto de capacitar 50 jóvenes en cada uno de los 690 municipios rurales del país, así tendríamos 34.500 jóvenes y productores del campo anualmente capacitados en buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo es una reforma profunda al ineficiente Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. El Gobierno debe asumir el compromiso de democratizar el Banco Agrario, para despolitizarlo y volverlo eficiente. Igualmente, debe modificar la política de las inversiones forzosas para incentivar las colocaciones de la banca privada hacia el sector productivo. Simplificar los procesos y rubros de los créditos redescontados por Finagro y fusionar el Fondo Nacional de Garantías con el Fondo Agropecuario de Garantías, para facilitar el acceso al crédito.
La transformación del campo también exige del Plan Nacional de desarrollo una política integral del manejo del riesgo agropecuario. Urge modificar el costoso y perverso sistema del seguro agrario, fortalecer las coberturas de precio e implementar la zonificación agrícola por regiones.
El desarrollo rural exige, también, crear un nuevo sistema para el manejo del recurso hídrico. Ya es hora de que les pongan tareas a las corporaciones autónomas regionales. Estas entidades deberían ser las responsables de la ejecución de la política de construcción y operación de embalses y canales de riego para la agricultura en todos los departamentos y municipios del país.
El Plan Nacional de Desarrollo debe plantear una política de fomento a los centros de investigación y transferencia de tecnología gremiales, a través de una reforma a los fondos parafiscales. Es decir, ampliar la cuota parafiscal a las cadenas agroalimentarias, con el fin de recaudar mayores recursos. ¿Se imaginan al Fondo Nacional de Ganado recibiendo aportes parafiscales de los ganaderos, la industria láctea, la cárnica y las empresas que comercializan insumos, equipos y maquinaria del sector ganadero, y su administración en cabeza de todos los actores de la cadena con un manejo de sus recursos a través de una fiducia?
Si el presidente Duque logra ejecutar estas iniciativas, para el 2022, Colombia estará ocupando uno de los primeros lugares el ranking de la competitividad del comercio exterior de alimentos en Latinoamérica.
* Consultor en banca de fomento agrícola.