Sin duda alguna, una de las principales lacras que no dejan crecer la economía en nuestro país es la generalizada corrupción que nos tiene invadidos. La ausencia de herramientas e instrumentos con dientes tiene a los órganos de control fiscal, disciplinario y judicial con las manos maniatadas.
La función preventiva que ha propuesto el contralor general de República, Carlos Felipe Córdoba, a través de un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso de la República, es una iniciativa de la mayor importancia que seguramente va a evitar en el futuro inmediato que se sigan adjudicando contratos públicos a dedo, sin los requisitos plenos ni garantía de transparencia en el proceso de adjudicación. Y, por supuesto, va a evitar futuros despilfarros, sobrecostos en las obras de concesión y varias demandas económicas contra el Estado.
Esta es una iniciativa que no debería tener ningún tipo de oposición o crítica de ningún sector político ni gremial. Hay que dejar de tenerle miedo al control preventivo si se están haciendo bien las cosas. Hay que romper el paradigma de que, si hay más control, habrá menos descentralización funcional. Esa es pura carreta barata de quienes pretenden seguir manipulando y controlando las convocatorias y licitaciones públicas en este país. Dicen por ahí que “cuando uno se roba algo, ve policías por todos lados”.
Se trata de ejercer un control fiscal preventivo cuando existan sospechas de alto riesgo en procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos. ¿Se imaginan los billones de pesos que se habría ahorrado el Estado en los últimos cuatro años si la Corte Constitucional no hubiese quitado este mecanismo de control preventivo y advertencia en los procesos licitatorios y de adjudicación en los contratos públicos? Reficar, Odebrecht, PAE, Fuerzas Militares, JEP, Unidad de Víctimas, Rama Judicial, regalías, Vive Digital (Fonade), Banco Agrario y la vía de la Prosperidad en el Magdalena, entre otros, serían otro cuento.
Además de lo anterior, este proyecto —que va para séptimo debate en el Congreso— busca unificar la competencia que tiene la Contraloría General de la República con las contralorías territoriales, que hoy funcionan autónomamente. Hace unos años, el excontralor Edgardo Maya Villazón había propuesto suprimir las 63 contralorías regionales y unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General, que asuma la vigilancia fiscal y la auditoría sobre los recursos públicos de todos los niveles territoriales.
Los altos costos operativos y la ineficiencia en los procesos justifican esta medida. Mientras las contralorías territoriales se gastan alrededor de $400.000 millones para auditar unos $63 billones al año, la CGR, con un poco más de recursos, hace vigilancia y control sobre unos $600 billones en todo el territorio nacional.
Con esta reforma, la CGR busca también trabajar de forma coordinada con la Auditoría General para crear el Sistema Nacional de Control Fiscal y desarrollar políticas públicas sobre esta materia.
Si el Congreso de la República quiere recuperar la confianza de los colombianos y dar verdaderas muestras de lucha contra la corrupción, debe aprobar sin dilaciones esta importante iniciativa del contralor Carlos Felipe Córdoba. La corrupción, igual que la salud, hay que prevenirla y no curarla.
Sin duda alguna, una de las principales lacras que no dejan crecer la economía en nuestro país es la generalizada corrupción que nos tiene invadidos. La ausencia de herramientas e instrumentos con dientes tiene a los órganos de control fiscal, disciplinario y judicial con las manos maniatadas.
La función preventiva que ha propuesto el contralor general de República, Carlos Felipe Córdoba, a través de un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso de la República, es una iniciativa de la mayor importancia que seguramente va a evitar en el futuro inmediato que se sigan adjudicando contratos públicos a dedo, sin los requisitos plenos ni garantía de transparencia en el proceso de adjudicación. Y, por supuesto, va a evitar futuros despilfarros, sobrecostos en las obras de concesión y varias demandas económicas contra el Estado.
Esta es una iniciativa que no debería tener ningún tipo de oposición o crítica de ningún sector político ni gremial. Hay que dejar de tenerle miedo al control preventivo si se están haciendo bien las cosas. Hay que romper el paradigma de que, si hay más control, habrá menos descentralización funcional. Esa es pura carreta barata de quienes pretenden seguir manipulando y controlando las convocatorias y licitaciones públicas en este país. Dicen por ahí que “cuando uno se roba algo, ve policías por todos lados”.
Se trata de ejercer un control fiscal preventivo cuando existan sospechas de alto riesgo en procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos. ¿Se imaginan los billones de pesos que se habría ahorrado el Estado en los últimos cuatro años si la Corte Constitucional no hubiese quitado este mecanismo de control preventivo y advertencia en los procesos licitatorios y de adjudicación en los contratos públicos? Reficar, Odebrecht, PAE, Fuerzas Militares, JEP, Unidad de Víctimas, Rama Judicial, regalías, Vive Digital (Fonade), Banco Agrario y la vía de la Prosperidad en el Magdalena, entre otros, serían otro cuento.
Además de lo anterior, este proyecto —que va para séptimo debate en el Congreso— busca unificar la competencia que tiene la Contraloría General de la República con las contralorías territoriales, que hoy funcionan autónomamente. Hace unos años, el excontralor Edgardo Maya Villazón había propuesto suprimir las 63 contralorías regionales y unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General, que asuma la vigilancia fiscal y la auditoría sobre los recursos públicos de todos los niveles territoriales.
Los altos costos operativos y la ineficiencia en los procesos justifican esta medida. Mientras las contralorías territoriales se gastan alrededor de $400.000 millones para auditar unos $63 billones al año, la CGR, con un poco más de recursos, hace vigilancia y control sobre unos $600 billones en todo el territorio nacional.
Con esta reforma, la CGR busca también trabajar de forma coordinada con la Auditoría General para crear el Sistema Nacional de Control Fiscal y desarrollar políticas públicas sobre esta materia.
Si el Congreso de la República quiere recuperar la confianza de los colombianos y dar verdaderas muestras de lucha contra la corrupción, debe aprobar sin dilaciones esta importante iniciativa del contralor Carlos Felipe Córdoba. La corrupción, igual que la salud, hay que prevenirla y no curarla.