En el informe de Asobancaria sobre el comportamiento de la cartera en el 2014, vemos que mientras los desembolsos de créditos para los sectores de vivienda, consumo y comercial siguen creciendo, las carteras de microcrédito y del sector agropecuario siguen disminuyendo el ritmo de crecimiento de años anteriores.
Algo no está funcionando bien en la política de acceso al microcrédito y al crédito agropecuario en nuestro país. De una cartera total de 304 billones de pesos en el 2014, la participación del microcrédito fue tan solo del 3% y la agropecuaria del 2.6%. Es hora que el Gobierno Nacional revise y elimine los cuellos de botella que están impidiendo un acceso ágil y oportuno a los crédito que demandan estos pequeños empresarios del país. Cualquiera pensaría que es la manera más efectiva de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico de nuestra Nación.
Es lamentable que la mayoría de estos microempresarios y campesinos del país (aproximadamente unos 15 millones), estén financiando sus negocios a través del sistema de prestamos ‘gota a gota” y de las casas comerciales. Me cuentan varios campesinos, tenderos y señoras que tienen puestos de frutas y verduras en plazas de mercado, que por cada $100.000 prestados, deben pagar una cuota de dos mil pesos diarios durante dos meses. Es decir, les están aplicando una tasa de interés del 223% efectivo anual (EA), cuando en el sistema financiero pueden conseguir tasas de hasta el 30% (EA) para microcréditos y del 13% (EA) para agricultura.
Claramente, los pequeños empresarios prefieren pagar una tasa de interés alta a tener que someterse a una cantidad de trámites y documentos contables que ni siquiera saben como llenarlos. Esta es la tarea que tienen por delante quienes formulan las políticas de inclusión financiera en el país. Deberían comenzar por simplificar las condiciones de acceso al crédito implantadas en las leyes de microcrédito (Ley 590 de 200) y fomento agropecuario (Leyes 16 de 1.990 y 101 de 1.993). También deberían crear un nuevo esquema de garantías compartidas con la banca y un subsidio al costo de la estructuración de los planes de crédito.
Además deberían subvencionar el costo de formalización de los predios rurales, para que los campesinos puedan ser sujetos de crédito y eximir de Datacredito, las irrisorias deudas con las compañías de celulares que los tienen bloqueados.
Así como asignaron esta semana -a través del Confis- vigencias futuras por 1.2 billones de pesos para coberturas de créditos para vivienda de hasta $93 millones, deberían asignar una suma igual para créditos de microempresarios y pequeños productores del campo. Con 1 billón de pesos se podría apalancar créditos por $25 billones, para financiar 6.25 millones de hectáreas de cultivos de ciclo corto (cereales, hortalizas, frutas y verduras) a una tasa máxima de DTF y un plazo de 12 meses. Solo así, podremos tener inclusión financiera y desarrollo productivo.
*Consultor en financiamiento agroindustrial.
En el informe de Asobancaria sobre el comportamiento de la cartera en el 2014, vemos que mientras los desembolsos de créditos para los sectores de vivienda, consumo y comercial siguen creciendo, las carteras de microcrédito y del sector agropecuario siguen disminuyendo el ritmo de crecimiento de años anteriores.
Algo no está funcionando bien en la política de acceso al microcrédito y al crédito agropecuario en nuestro país. De una cartera total de 304 billones de pesos en el 2014, la participación del microcrédito fue tan solo del 3% y la agropecuaria del 2.6%. Es hora que el Gobierno Nacional revise y elimine los cuellos de botella que están impidiendo un acceso ágil y oportuno a los crédito que demandan estos pequeños empresarios del país. Cualquiera pensaría que es la manera más efectiva de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico de nuestra Nación.
Es lamentable que la mayoría de estos microempresarios y campesinos del país (aproximadamente unos 15 millones), estén financiando sus negocios a través del sistema de prestamos ‘gota a gota” y de las casas comerciales. Me cuentan varios campesinos, tenderos y señoras que tienen puestos de frutas y verduras en plazas de mercado, que por cada $100.000 prestados, deben pagar una cuota de dos mil pesos diarios durante dos meses. Es decir, les están aplicando una tasa de interés del 223% efectivo anual (EA), cuando en el sistema financiero pueden conseguir tasas de hasta el 30% (EA) para microcréditos y del 13% (EA) para agricultura.
Claramente, los pequeños empresarios prefieren pagar una tasa de interés alta a tener que someterse a una cantidad de trámites y documentos contables que ni siquiera saben como llenarlos. Esta es la tarea que tienen por delante quienes formulan las políticas de inclusión financiera en el país. Deberían comenzar por simplificar las condiciones de acceso al crédito implantadas en las leyes de microcrédito (Ley 590 de 200) y fomento agropecuario (Leyes 16 de 1.990 y 101 de 1.993). También deberían crear un nuevo esquema de garantías compartidas con la banca y un subsidio al costo de la estructuración de los planes de crédito.
Además deberían subvencionar el costo de formalización de los predios rurales, para que los campesinos puedan ser sujetos de crédito y eximir de Datacredito, las irrisorias deudas con las compañías de celulares que los tienen bloqueados.
Así como asignaron esta semana -a través del Confis- vigencias futuras por 1.2 billones de pesos para coberturas de créditos para vivienda de hasta $93 millones, deberían asignar una suma igual para créditos de microempresarios y pequeños productores del campo. Con 1 billón de pesos se podría apalancar créditos por $25 billones, para financiar 6.25 millones de hectáreas de cultivos de ciclo corto (cereales, hortalizas, frutas y verduras) a una tasa máxima de DTF y un plazo de 12 meses. Solo así, podremos tener inclusión financiera y desarrollo productivo.
*Consultor en financiamiento agroindustrial.