Indignación y rabia, es lo que estamos sintiendo los 847.000 guajiros por la indolencia, desinterés e incapacidad del Gobierno Nacional y las administraciones locales que han tenido en sus manos la responsabilidad de garantizarle a sus habitantes un servicio fundamental, como es el agua potable.
Es inconcebible, que un departamento que genera tanta riqueza a la Nación por la explotación de los mayores yacimientos de carbón, gas y sal del país, no tenga en pleno siglo XXI, un servicio de acueducto y alcantarillado óptimo en ninguno de sus 15 municipios. Los informes investigativos que presentó esta semana el periódico El Heraldo muestran el desespero de más de 100 mil habitantes del municipio de Maicao por conseguir un balde de agua potable para poder preparar sus alimentos.
Lo más decepcionante de este desgreño administrativo es que el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, haya planteado como gran solución atender la escasez de agua a través de 12 carrotanques y la construcción de unos aljibes, cuando existen unos importantes recursos de un empréstito que hizo el departamento hace ocho años con el Banco Mundial (pagando altos intereses), para poner en marcha el fracasado Plan Departamental de Agua. El problema es tan delicado, que en cualquier momento puede estallar una situación de orden público peor que las presentadas en Yopal y Catatumbo. Dice el refrán que “solo el cucharon sabe cómo está el fondo de la olla”.
Es aquí donde uno se pregunta, ¿Por qué la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha intervenido, multado o caducado los contratos a los operadores de acueductos y alcantarillados si saben perfectamente que están prestando un precario servicio a los municipios de la Guajira? Si tenemos una represa construida (Ranchería) con 198 millones de metros cúbicos de agua, ¿Por qué el Ministerio de Vivienda no ha contratado los estudios técnicos y los diseños definitivos de las redes de conducción y la planta de tratamiento del acueducto Regional que se ha propuesto como solución de agua potable para los municipios de Maicao, Manaure y Uribía?
Nadie se explica cómo un Gobierno que recibe una represa con una inversión de 650.000 millones de pesos, ahora pretenda dejarnos colgados de la brocha y no terminar la segunda etapa de este importante y necesario proyecto para la reactivación económica del departamento, apropiando los recursos necesario para proporcionar riego a 18.536 hectáreas de producción agropecuaria de exportación, surtir de agua potable a nueve municipios y generar energía a bajo costo en la zona de producción agroindustrial. En cambio para desviar un rio para la explotación de carbón de unos privados, ahí si están disponibles los recursos y los permisos ambientales rápidamente. ¡Qué ironía!
Lo más insólito, es que el Incoder esté pagando 3 mil millones de pesos anuales a un consorcio llamado TYPSA para que administre y haga mantenimiento a una represa que no cumple su función. ¡Hágame el favor! La Contraloría General de la República está en mora de iniciar de oficio un juicio de responsabilidad fiscal por detrimento del patrimonio público. Se calcula que este supera los 22 mil millones de pesos anuales.
Otras alternativas que podrían ayudar a solucionar este problema de escasez de agua potable para los habitantes de Riohacha, Uribía, Manaure y Maicao, sería la construcción de embalses alimentados por los ríos de la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá o la construcción de una planta desalinizadora para potabilizar el agua del mar, tal como funciona en San Andrés y Aruba. Lo que necesitamos es ejecución del Gobierno Nacional antes de que sea tarde.
Llegó el momento que el Estado le pague a la Guajira, lo que la Guajira le ha pagado durante tres décadas al Estado.
@indadangond
