Les contaba en mi pasada columna que el diagnóstico del DANE y del Departamento Nacional de Planeación sobre la salud del sector agropecuario no era bueno y tendía a empeorar si no se le daba el tratamiento adecuado.
Este paciente viene mal desde hace rato y está requiriendo una alta cirugía para sacarlo de la ineficiencia y el estancamiento en que se encuentra. Claramente, tiene que ser un trabajo coordinado entre el Gobierno, el Congreso de la República y el sector privado. Se trata de concentrar todos los esfuerzos jurídicos, técnicos y financieros, para fijar unas bases sólidas que permitan desarrollar en los próximos 12 años un sector agropecuario más productivo, competitivo y rentable. Una política de Estado que fomente la inversión, brinde seguridad jurídica y fiscal a los inversionistas y garantice un mecanismo eficaz de cobertura de riesgos para asegurar la renta de los productores de campo.
En materia de política de tierras, se hace necesario conformar un equipo de expertos constitucionalistas, administrativos y especialistas en derecho agrario, para reformar la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, para brindar seguridad jurídica y certeza sobre los derechos de la propiedad rural en Colombia.
Ya es hora de que eliminemos ese concepto de tierras baldías y se les reconozca a quienes las han ocupado y explotado durante tantos años su adjudicación legal sin exigir tantos requisitos. Ya es tiempo de cambiar las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por las Unidades Económicas Agrícolas (UEA) mínimas para el desarrollo de un proyecto productivo rentable. Nadie va a invertir un peso en el sector agropecuario hasta tanto no se resuelvan estos cuellos de botellas.
Otra decisión que no da más espera es la de crear un esquema de financiamiento a largo plazo para impulsar la inversión en canales y sistemas de riego para zonas estratégicas de producción agrícola de exportación y consumo nacional. Un crédito BID (USD120 millones), a 12 años con una tasa de interés del 7% e.a., resolvería rápidamente el problema de escasez de agua para desarrollar unas 100.000 hectáreas altamente productivas en las regiones del Caribe, Urabá antioqueño y la Orinoquia colombiana. Repito, “la agricultura se escribe con agua”.
El sistema de financiamiento y de seguro agrario también está necesitando un revolcón para garantizar los recursos de fomento al sector y la cobertura de riesgos climáticos. La Colombia rural está necesitando urgentemente la creación de un gran banco de fomento y desarrollo agroindustrial y un sistema de coaseguro y reaseguro agrícola mixto. Finagro y el Banco Agrario ya no son suficientes. La cobertura del crédito agropecuario no llega siquiera al 15% de la demanda total y la del seguro agrario al 1,5% de la superficie agrícola.
También hace falta implementar un programa agresivo en biotecnología agrícola y manejo ambiental sostenible ganadero, tal como lo acaba de sugerir el grupo de expertos sobre cambio climático de la ONU. Un plan de siembra de 1,2 millones de hectáreas de árboles en los 400.000 predios ganaderos ayudaría muchísimo a compensar la deforestación y frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que genera este sector.
Como dice Donald Trump: “Si de todos modos hay que pensar, mejor pensar en grande”.
Les contaba en mi pasada columna que el diagnóstico del DANE y del Departamento Nacional de Planeación sobre la salud del sector agropecuario no era bueno y tendía a empeorar si no se le daba el tratamiento adecuado.
Este paciente viene mal desde hace rato y está requiriendo una alta cirugía para sacarlo de la ineficiencia y el estancamiento en que se encuentra. Claramente, tiene que ser un trabajo coordinado entre el Gobierno, el Congreso de la República y el sector privado. Se trata de concentrar todos los esfuerzos jurídicos, técnicos y financieros, para fijar unas bases sólidas que permitan desarrollar en los próximos 12 años un sector agropecuario más productivo, competitivo y rentable. Una política de Estado que fomente la inversión, brinde seguridad jurídica y fiscal a los inversionistas y garantice un mecanismo eficaz de cobertura de riesgos para asegurar la renta de los productores de campo.
En materia de política de tierras, se hace necesario conformar un equipo de expertos constitucionalistas, administrativos y especialistas en derecho agrario, para reformar la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, para brindar seguridad jurídica y certeza sobre los derechos de la propiedad rural en Colombia.
Ya es hora de que eliminemos ese concepto de tierras baldías y se les reconozca a quienes las han ocupado y explotado durante tantos años su adjudicación legal sin exigir tantos requisitos. Ya es tiempo de cambiar las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por las Unidades Económicas Agrícolas (UEA) mínimas para el desarrollo de un proyecto productivo rentable. Nadie va a invertir un peso en el sector agropecuario hasta tanto no se resuelvan estos cuellos de botellas.
Otra decisión que no da más espera es la de crear un esquema de financiamiento a largo plazo para impulsar la inversión en canales y sistemas de riego para zonas estratégicas de producción agrícola de exportación y consumo nacional. Un crédito BID (USD120 millones), a 12 años con una tasa de interés del 7% e.a., resolvería rápidamente el problema de escasez de agua para desarrollar unas 100.000 hectáreas altamente productivas en las regiones del Caribe, Urabá antioqueño y la Orinoquia colombiana. Repito, “la agricultura se escribe con agua”.
El sistema de financiamiento y de seguro agrario también está necesitando un revolcón para garantizar los recursos de fomento al sector y la cobertura de riesgos climáticos. La Colombia rural está necesitando urgentemente la creación de un gran banco de fomento y desarrollo agroindustrial y un sistema de coaseguro y reaseguro agrícola mixto. Finagro y el Banco Agrario ya no son suficientes. La cobertura del crédito agropecuario no llega siquiera al 15% de la demanda total y la del seguro agrario al 1,5% de la superficie agrícola.
También hace falta implementar un programa agresivo en biotecnología agrícola y manejo ambiental sostenible ganadero, tal como lo acaba de sugerir el grupo de expertos sobre cambio climático de la ONU. Un plan de siembra de 1,2 millones de hectáreas de árboles en los 400.000 predios ganaderos ayudaría muchísimo a compensar la deforestación y frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que genera este sector.
Como dice Donald Trump: “Si de todos modos hay que pensar, mejor pensar en grande”.