Todos los años en este día, las ramas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial acostumbran a hacer sus balances de gestión. En cualquier sociedad democrática, la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos es una expresión de control social necesaria para mantener el equilibrio del poder, la eficiencia de las instituciones públicas y el uso eficaz de los recursos públicos.
Hoy no solamente celebraremos el aniversario 209 de la firma del acta de la revolución que conmemora la independencia de nuestro país, también sabremos qué tanto está avanzando el país en materia de seguridad jurídica, orden público y desarrollo económico y social. Hasta ahora, todas las encuestas de percepción ciudadana sobre las tres ramas del poder público muestran un descontento general de los colombianos.
El desprestigio de la Rama Judicial tocó fondo y es el tema más delicado que está afrontando ahora Colombia. Este es el único país del mundo donde las altas cortes tienen a varios de sus magistrados y exmagistrados detrás de las rejas; otros, separados de sus cargos; unos, huyendo de la justicia y varios, sin visas de entrada a otros países. Este es el único país del mundo donde los jueces de la República dejan libres a los criminales y envían a los corruptos a pagar sus condenas en sus casas. La inseguridad jurídica es tan grave, que ya da miedo vivir en Colombia. Como decía Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón”. Si el Gobierno Nacional y el Congreso de la República no tramitan urgentemente una reforma profunda a la justicia, este país va a ser inviable.
Otro que tiene que recuperar la dignidad es el Congreso de la República. Las encuestas lo muestran como el establecimiento colombiano más desprestigiado. Y no es un honor ganado gratuitamente. El ausentismo y las triquiñuelas para hundir normas que podrían afectar sus intereses políticos los han llevado a la deshonra más alta que pueda ostentar una institución pública en el país. El hundimiento del proyecto anticorrupción que imponía cárcel efectiva a los funcionarios corruptos fue su último y más importante logro en la legislatura que acaba de pasar.
El Ejecutivo, por su parte, también tendrá que reorientar la estrategia de ejecución de sus programas de inversión para recuperar la confianza y voltear el pesimismo que han infundido en los colombianos quienes extrañan la mermelada de Santos. Para nadie es un secreto que el expresidente Santos le entregó al presidente Duque, un país endeudado, sin autoridad e hipotecado al club de socialistas del Chicó y de las Farc.
La cantidad de victorias tempranas y logros conseguidos por el gobierno Duque en estos 11 meses, y que seguramente va a presentar hoy en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, de golpe no son suficientes, pero están marcando con un costo político enorme una nueva forma de gobernar con transparencia, liderazgo y respeto por las instituciones públicas.
Ahora toca ejecutar con eficiencia los planes de inversión del Plan de Desarrollo, para lograr el crecimiento económico propuesto por el Gobierno. En la gestión pública, no basta hacer las cosas bien, también hay que hacerlas eficientemente.
Todos los años en este día, las ramas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial acostumbran a hacer sus balances de gestión. En cualquier sociedad democrática, la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos es una expresión de control social necesaria para mantener el equilibrio del poder, la eficiencia de las instituciones públicas y el uso eficaz de los recursos públicos.
Hoy no solamente celebraremos el aniversario 209 de la firma del acta de la revolución que conmemora la independencia de nuestro país, también sabremos qué tanto está avanzando el país en materia de seguridad jurídica, orden público y desarrollo económico y social. Hasta ahora, todas las encuestas de percepción ciudadana sobre las tres ramas del poder público muestran un descontento general de los colombianos.
El desprestigio de la Rama Judicial tocó fondo y es el tema más delicado que está afrontando ahora Colombia. Este es el único país del mundo donde las altas cortes tienen a varios de sus magistrados y exmagistrados detrás de las rejas; otros, separados de sus cargos; unos, huyendo de la justicia y varios, sin visas de entrada a otros países. Este es el único país del mundo donde los jueces de la República dejan libres a los criminales y envían a los corruptos a pagar sus condenas en sus casas. La inseguridad jurídica es tan grave, que ya da miedo vivir en Colombia. Como decía Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón”. Si el Gobierno Nacional y el Congreso de la República no tramitan urgentemente una reforma profunda a la justicia, este país va a ser inviable.
Otro que tiene que recuperar la dignidad es el Congreso de la República. Las encuestas lo muestran como el establecimiento colombiano más desprestigiado. Y no es un honor ganado gratuitamente. El ausentismo y las triquiñuelas para hundir normas que podrían afectar sus intereses políticos los han llevado a la deshonra más alta que pueda ostentar una institución pública en el país. El hundimiento del proyecto anticorrupción que imponía cárcel efectiva a los funcionarios corruptos fue su último y más importante logro en la legislatura que acaba de pasar.
El Ejecutivo, por su parte, también tendrá que reorientar la estrategia de ejecución de sus programas de inversión para recuperar la confianza y voltear el pesimismo que han infundido en los colombianos quienes extrañan la mermelada de Santos. Para nadie es un secreto que el expresidente Santos le entregó al presidente Duque, un país endeudado, sin autoridad e hipotecado al club de socialistas del Chicó y de las Farc.
La cantidad de victorias tempranas y logros conseguidos por el gobierno Duque en estos 11 meses, y que seguramente va a presentar hoy en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, de golpe no son suficientes, pero están marcando con un costo político enorme una nueva forma de gobernar con transparencia, liderazgo y respeto por las instituciones públicas.
Ahora toca ejecutar con eficiencia los planes de inversión del Plan de Desarrollo, para lograr el crecimiento económico propuesto por el Gobierno. En la gestión pública, no basta hacer las cosas bien, también hay que hacerlas eficientemente.