Continuando con la respuesta a los reparos hechos por el gerente de Fedearroz a una columna escrita hace dos semanas, sigo pensando que la principal causa de la difícil coyuntura del sector arrocero obedece a que ese gremio, en vez de consagrarse a la gestión, defensa, fomento y formación profesional de sus 19.000 afiliados, se dedicó a promover negocios con sus afiliados.
Mientras el Decreto 728 de 2012 establece textualmente que los recursos provenientes de las subastas de arroz del TLC deben ser invertidos en “proyectos de desarrollo de mercados y/o competitividad en beneficio del sector de la producción”, Fedearroz se dedicó a invertir millonarias sumas de dinero en plantas de secamiento, almacenamiento y trilla que no resolvieron el problema de la falta de competitividad y comercialización. Hasta terminaron cobrando unas tarifas superiores a las del mercado. Para citar sólo un ejemplo, mientras que el costo de secamiento en un molino es de $30/kg, la tarifa de Fedearroz es de $65/kg.
En la información que me suministró Fedearroz en marzo de 2015, muestran unas millonarias inversiones en adecuación de suelos, contratación de ingenieros agrónomos, adquisición de maquinaria y equipos agrícolas y programas de divulgación. A pesar de estas inversiones, un alto porcentaje de las 525.957 hectáreas cosechadas en el año 2016 siguen siendo sembradas sin riego, sin mecanización y sin asistencia técnica.
Si el Decreto 728 establece que los recursos de las subastas del TLC deben utilizarse para “proyectos de desarrollo de mercados y/o competitividad”, ¿por qué Fedearroz no firmó un convenio con Finagro para crear un mecanismo complementario de subsidio del ICR para compra de bancos de maquinaria agrícola y construcción de reservorios, ni riego intrapredial? ¿Por qué no hizo lo mismo para ampliar el subsidio de la tasa de interés (LEC) para los créditos de siembras? ¿Por qué no firmó otro convenio para ampliar al 100 % el respaldo de los créditos de los productores a través del Fondo Agropecuario de Garantías? Con estas medidas el esfuerzo en dinero y trabajo hubiese sido mucho menor, la cobertura, mucho mayor y los resultados en materia de competitividad, muchísimo mejores.
Tampoco entendemos ¿por qué Fedearroz no estableció a través de la Bolsa Mercantil de Colombia un mecanismo de cobertura de precios ni un instrumento financiero derivado, como los contratos forward, para garantizar a futuro la venta de la cosecha de sus productores? Un proceso de diplomacia comercial para que Ecuador y Perú nos abrieran el mercado le hubiese permitido a Colombia exportar más de 300.000 toneladas de arroz blanco, constituyéndose en una válvula de escape a la sobreproducción actual. ¿Por qué tampoco lo hizo?
Por eso insisto que la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios, la Dian y el Ministerio de Agricultura deben realizar una auditoría conjunta y profunda para que los agricultores conozcan cómo y en qué se han ejecutados esos recursos y si el gremio ha cumplido con todos los parámetros exigidos en la administración de recursos de carácter público.
Como reflexión final, les dejo a las directivas de Fedearroz esta frase del papa Francisco: “Los buenos líderes no se dejan bloquear por las críticas, sino que se arremangan a trabajar más duro en las soluciones”.
Continuando con la respuesta a los reparos hechos por el gerente de Fedearroz a una columna escrita hace dos semanas, sigo pensando que la principal causa de la difícil coyuntura del sector arrocero obedece a que ese gremio, en vez de consagrarse a la gestión, defensa, fomento y formación profesional de sus 19.000 afiliados, se dedicó a promover negocios con sus afiliados.
Mientras el Decreto 728 de 2012 establece textualmente que los recursos provenientes de las subastas de arroz del TLC deben ser invertidos en “proyectos de desarrollo de mercados y/o competitividad en beneficio del sector de la producción”, Fedearroz se dedicó a invertir millonarias sumas de dinero en plantas de secamiento, almacenamiento y trilla que no resolvieron el problema de la falta de competitividad y comercialización. Hasta terminaron cobrando unas tarifas superiores a las del mercado. Para citar sólo un ejemplo, mientras que el costo de secamiento en un molino es de $30/kg, la tarifa de Fedearroz es de $65/kg.
En la información que me suministró Fedearroz en marzo de 2015, muestran unas millonarias inversiones en adecuación de suelos, contratación de ingenieros agrónomos, adquisición de maquinaria y equipos agrícolas y programas de divulgación. A pesar de estas inversiones, un alto porcentaje de las 525.957 hectáreas cosechadas en el año 2016 siguen siendo sembradas sin riego, sin mecanización y sin asistencia técnica.
Si el Decreto 728 establece que los recursos de las subastas del TLC deben utilizarse para “proyectos de desarrollo de mercados y/o competitividad”, ¿por qué Fedearroz no firmó un convenio con Finagro para crear un mecanismo complementario de subsidio del ICR para compra de bancos de maquinaria agrícola y construcción de reservorios, ni riego intrapredial? ¿Por qué no hizo lo mismo para ampliar el subsidio de la tasa de interés (LEC) para los créditos de siembras? ¿Por qué no firmó otro convenio para ampliar al 100 % el respaldo de los créditos de los productores a través del Fondo Agropecuario de Garantías? Con estas medidas el esfuerzo en dinero y trabajo hubiese sido mucho menor, la cobertura, mucho mayor y los resultados en materia de competitividad, muchísimo mejores.
Tampoco entendemos ¿por qué Fedearroz no estableció a través de la Bolsa Mercantil de Colombia un mecanismo de cobertura de precios ni un instrumento financiero derivado, como los contratos forward, para garantizar a futuro la venta de la cosecha de sus productores? Un proceso de diplomacia comercial para que Ecuador y Perú nos abrieran el mercado le hubiese permitido a Colombia exportar más de 300.000 toneladas de arroz blanco, constituyéndose en una válvula de escape a la sobreproducción actual. ¿Por qué tampoco lo hizo?
Por eso insisto que la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios, la Dian y el Ministerio de Agricultura deben realizar una auditoría conjunta y profunda para que los agricultores conozcan cómo y en qué se han ejecutados esos recursos y si el gremio ha cumplido con todos los parámetros exigidos en la administración de recursos de carácter público.
Como reflexión final, les dejo a las directivas de Fedearroz esta frase del papa Francisco: “Los buenos líderes no se dejan bloquear por las críticas, sino que se arremangan a trabajar más duro en las soluciones”.