Novedosa la propuesta de participación democrática que ha lanzado el presidente Duque. Es la primera vez en la historia de Colombia que un mandatario invita a los ciudadanos a que participen a través de un portal (www.pactoporcolombia.govco) en la orientación de la política económica, social y ambiental del Gobierno y en los principales programas y proyectos de inversión pública nacional.
Claramente, este ejercicio va a permitir que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado “Pacto por Colombia”, satisfaga las verdaderas necesidades de inversión que requieren las regiones del país para lograr su desarrollo económico y social, como por ejemplo la línea férrea que conecta a Villavicencio con Puerto Carreño, para impulsar el desarrollo de más de cinco millones de hectáreas agrícolas en la altillanura, o la rehabilitación de vías terciarias en las principales zonas productivas del país. Como decía mi padre: “Encárguense ustedes de las vías que nosotros los empresarios del campo nos encargamos del desarrollo”.
Otro pacto que debe quedar consignado en este PND es la exoneración (por una vez) de todos los gastos y trámites administrativos de dos millones de pequeños productores del campo que no han podido formalizar los títulos de sus predios porque no tienen el milloncito de pesos que les cuesta ese trámite. Si el Gobierno hace este esfuerzo fiscal, en un año recupera —vía impuesto predial y otros recaudos fiscales— los $2 billones invertidos en este programa. De paso saca de la extrema pobreza a 500.000 familias campesinas que no pueden desarrollar un proyecto productivo rentable porque no son sujetos de créditos.
Un tercer reto de este PND es la creación e implementación de un programa de emprendimiento rural para que el SENA forme y capacite en buenas prácticas agrícolas y pecuarias a 50 jóvenes en cada uno de los 690 municipios rurales (con población menor a 20.000 habitantes), para tener 34.500 empresarios del campo desarrollando agronegocios rentables y sostenibles en sus municipios y veredas.
Sin financiación y cobertura de riesgos agropecuarios no hay inversión ni desarrollo rural. Si queremos lograr una mayor cobertura en estos temas debe incluirse en el PND el compromiso de democratizar el Banco Agrario para acabar con la ineficiencia y la politiquería que lo tienen secuestrado, plantear una reforma al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) que sustituya las costosas hipotecas bancarias, exigir a Finagro la simplificación de los trámites de acceso al crédito de fomento y crear un nuevo esquema de seguros agrarios combinados con un único operador que administre por cuenta y riesgo de todas las compañías aseguradoras del país el programa de coberturas de riesgos.
La agricultura se escribe con agua, por ello es importante que en el PND se incluya un programa de construcción de embalses municipales y canales de riego, financiado por el BID, ejecutado por la Agencia de Desarrollo Rural y vigilado por las corporaciones autónomas regionales.
Por último, es importante incluir en este pacto por Colombia el compromiso de reforestar —con los 550.000 ganaderos del país— 1,5 millones de hectáreas de árboles (tres ha x predio) para mejorar la biodiversidad y los ingresos de las fincas ganaderas.
* Consultor en banca de fomento agrícola.
Novedosa la propuesta de participación democrática que ha lanzado el presidente Duque. Es la primera vez en la historia de Colombia que un mandatario invita a los ciudadanos a que participen a través de un portal (www.pactoporcolombia.govco) en la orientación de la política económica, social y ambiental del Gobierno y en los principales programas y proyectos de inversión pública nacional.
Claramente, este ejercicio va a permitir que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado “Pacto por Colombia”, satisfaga las verdaderas necesidades de inversión que requieren las regiones del país para lograr su desarrollo económico y social, como por ejemplo la línea férrea que conecta a Villavicencio con Puerto Carreño, para impulsar el desarrollo de más de cinco millones de hectáreas agrícolas en la altillanura, o la rehabilitación de vías terciarias en las principales zonas productivas del país. Como decía mi padre: “Encárguense ustedes de las vías que nosotros los empresarios del campo nos encargamos del desarrollo”.
Otro pacto que debe quedar consignado en este PND es la exoneración (por una vez) de todos los gastos y trámites administrativos de dos millones de pequeños productores del campo que no han podido formalizar los títulos de sus predios porque no tienen el milloncito de pesos que les cuesta ese trámite. Si el Gobierno hace este esfuerzo fiscal, en un año recupera —vía impuesto predial y otros recaudos fiscales— los $2 billones invertidos en este programa. De paso saca de la extrema pobreza a 500.000 familias campesinas que no pueden desarrollar un proyecto productivo rentable porque no son sujetos de créditos.
Un tercer reto de este PND es la creación e implementación de un programa de emprendimiento rural para que el SENA forme y capacite en buenas prácticas agrícolas y pecuarias a 50 jóvenes en cada uno de los 690 municipios rurales (con población menor a 20.000 habitantes), para tener 34.500 empresarios del campo desarrollando agronegocios rentables y sostenibles en sus municipios y veredas.
Sin financiación y cobertura de riesgos agropecuarios no hay inversión ni desarrollo rural. Si queremos lograr una mayor cobertura en estos temas debe incluirse en el PND el compromiso de democratizar el Banco Agrario para acabar con la ineficiencia y la politiquería que lo tienen secuestrado, plantear una reforma al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) que sustituya las costosas hipotecas bancarias, exigir a Finagro la simplificación de los trámites de acceso al crédito de fomento y crear un nuevo esquema de seguros agrarios combinados con un único operador que administre por cuenta y riesgo de todas las compañías aseguradoras del país el programa de coberturas de riesgos.
La agricultura se escribe con agua, por ello es importante que en el PND se incluya un programa de construcción de embalses municipales y canales de riego, financiado por el BID, ejecutado por la Agencia de Desarrollo Rural y vigilado por las corporaciones autónomas regionales.
Por último, es importante incluir en este pacto por Colombia el compromiso de reforestar —con los 550.000 ganaderos del país— 1,5 millones de hectáreas de árboles (tres ha x predio) para mejorar la biodiversidad y los ingresos de las fincas ganaderas.
* Consultor en banca de fomento agrícola.